Una nueva demanda contra el Estado de Honduras se develó ayer en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
Esta vez se trata del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, Sitraina, que emplazó a la procuradora general de la República, Ethel Deras, para que conteste la demanda.
El representante legal del Sitraina y afiliados del Bajo Aguán, Leopoldo Romero Banegas, informó que la demanda interpuesta fue aceptada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, por lo que ahora la Procuraduría General de la República, PGR, que funge como abogado del Estado, deberá responder ante las pretensiones de los demandantes.
“En Consejo de Ministros el presidente Porfirio Lobo Sosa emitió el Decreto Ejecutivo 003-2010 con el que ordenó intervenir las oficinas del Instituto Nacional Agrario, INA, en el Bajo Aguán.
En la práctica no fue una intervención administrativa lo que sucedió, sino que una intervención militar-policial con el objetivo de buscar armas”, explicó el apoderado legal de los demandantes.
El Sitraina y sus afiliados decidieron demandar al Estado aduciendo que al momento de intervenir la oficina buscaban armas y no las encontraron.
Según la denuncia, la Policía y los militares procedieron a desalojar a los trabajadores de la institución.
“Ésa es una violación flagrante a los derechos humanos y esto a lo que conllevó fue a muertes”, agregó Romero.
Aún no se establece el monto de la demanda.
A contestar la demanda
Entre los argumentos de los demandantes establecen que al momento de intervenir una institución no se puede llevar a cabo en una regional, como sucedió en el Bajo Aguán.
“Si van a hacer una intervención debe ser total mediante dictamen, en el cual se determine que hay actos de lesividad administrativa para una institución y todos estos actos se ejecutaron violando e infringiendo la Ley de Administración Pública en su artículo 98”, argumentó Romero.
Por su parte, el juez de lo Contencioso Administrativo ordenó emplazar de nuevo al Estado de Honduras para que conteste esta última demanda que se conoció ayer en los Juzgados.
“El Estado debe contestar la demanda y consecuentemente pagar una indemnización a los trabajadores, así como a los familiares de campesinos que murieron en este proceso. Es un acto de la administración pública y no fue una intervención administrativa, sino militar y policial”, puntualizó Romero.
Ayer LA PRENSA dio a conocer los casos millonarios que el Estado de Honduras ha perdido en lo que va de 2011 entre los que se encuentran el de una compañía constructora por 58 millones de lempiras, el caso de los médicos por 38 millones de lempiras, el caso de la ex directora del Infop, Leonor Meza por 2.1 millones de lempiras y el del diplomático de carrera Mauricio Aguilar por siete millones de lempiras.
