Un ataque cibernético a los sistemas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) ocurrido en marzo de este año tuvo repercusiones en áreas operativas, incluyendo la gestión de expedientes, la imposición de multas por infracción cometidas por los concesionarios, la emisión de permisos de operación, entre otros servicios que da la entidad.
Tras el ataque, según las autoridades de Transporte, dejaron de captar más de 25 millones de lempiras. Además, se evidenció que la entidad cuenta con servidores obsoletos, programas informáticos desactualizados y sin licencias para dispositivos de seguridad críticos.
Estas son las justificaciones por las que el fin de semana el Consejo de Ministros aprobó compras directas a la institución. Ya se publicó en el diario oficial La Gaceta, en su edición 36,673, el decreto ejecutivo PCM 32-2024, en el que se declara estado de emergencia en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
El PCM establece “la necesidad urgente de fortalecer las políticas de seguridad informática, actualizar y mantener adecuadamente la infraestructura tecnológica y adoptar medidas para enfrentar amenazas cibernéticas emergentes”.
La declaratoria de emergencia permite al instituto contratar directamente bienes y servicios para mejorar su infraestructura tecnológica tras el ataque cibernético en marzo.
Las autoridades dicen que para “restablecer, proteger y garantizar la continuidad de los servicios del IHTT, es necesario contratar de inmediato servicios en la nube, computadoras, gestores documentales, servidores, cortafuegos y otros bienes tecnológicos”.
La Secretaría de Finanzas aprobó hasta 20 millones de lempiras al IHTT para realizar las compras directas y adquirir el equipo e insumos necesarios para tal fin. Del presupuesto se utilizarán 11,374,018 lempiras para la compra de equipos de computación, el resto (8,625,982 lempiras) se usarán para la adquisición de aplicaciones informáticas.
Transporte justifica las compras directas
Rafael Barahona, comisionado del IHTT, argumentó que la compra directa es para mejorar la seguridad cibernética de la institución y aseguró que el “proceso de adquisición de equipo será transparente”.
Asegura que solo se contratarán empresas con soporte técnico y garantías de calidad, “no empresas de maletín”. Además, una vez ejecutado el presupuesto, se publicarán las compras y los nombres de las empresas para que la población pueda comparar precios.
El funcionario reiteró que se utilizó el mecanismo de compra directa para acelerar los tiempos en la adquisición del equipo y evitar se “enreden los procesos” con licitaciones.
“El proceso de licitación normal es complicado a estas alturas del año y puede tardar hasta tres meses. Sin embargo, están siguiendo la ley de adquisiciones del Estado bajo el capítulo de emergencia, lo que les asegura que comprarán el equipo necesario para la institución. Hemos estado esperando los recursos desde abril hasta junio”, agregó Barahona.
El comisionado de transporte explicó que con el ataque cibernético los sistemas tecnológicos de la institución quedaron débil, aún no han logran restablecer los servicios de manera normal; sin embargo, se ha recuperado cerca del 95% de la base de datos, la cual está resguardada.
“Vamos a fortalecernos desde el punto de vista de ciberseguridad, porque vamos a tener nuevos servidores modernos, aquí en físico, pero también vamos a estar resguardados en la nube”, afirmó Barahona.
Cuestionamientos a las compras directas
Recientemente, mediante el PCM 190-2024, se autorizó a Rixi Moncada, secretaria de Defensa y precandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), a realizar compras directas de suministros, obras de infraestructura y consultorías en las Fuerzas Armadas.
Sectores del país critican que las compras directas sean normales en esta administración, cuando antes eran cuestionadas, por las dudas que despertaban sobre la transparencia.
Blanca Elvir, especialista en democracia y transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que la adquisición de equipo o suministro bajo el mecanismo de compra directa es una de las debilidades que tienen las administraciones.
A pesar de que el procedimiento es más simple, se vuelve poco transparente porque evita pasar por procesos de contraloría que la ley prevé. “Estas contrataciones de manera directa omite algunos pasos que vuelven más competitivos y transparentes los procesos, entonces la ciudadanía y las organizaciones que hacemos veeduría social nos es más complejo identificar algunas irregularidades que se puedan dar”.
Otros expertos opinan que las compras directas en los últimos años han sido usadas con mayor frecuencia en situaciones que no califican como emergencia
Organizaciones de sociedad civil advierten que el uso de las compras directas puede facilitar la corrupción al no estar sujeto a las mismas normas de transparencia que los procesos de licitación pública. Recomiendan la implementación de mecanismos de monitoreo que aseguren el uso adecuado de los fondos.
