El Poder Ejecutivo, mediante el Acuerdo PCM 190-2024, otorgó a la Secretaria de Defensa y precandidata presidencial, Rixi Moncada, la facultad para realizar compras directas de suministros, infraestructura y consultorías en el marco del “Plan de Solución Contra el Crimen”.
Esta medida, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, ha suscitado diversas reacciones entre líderes sociales y políticos, quienes cuestionan la concentración de poder en Moncada, que se encuentra en carrera política para la Presidencia por el partido Libre.
La autorización permite a la Secretaría de Defensa adquirir bienes y servicios de manera expedita en áreas de seguridad nacional, basándose en el artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado, para reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.
Según el acuerdo, la ministra Moncada también podrá sancionar y adjudicar estos contratos, con la obligación de reportarlos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un plazo de 10 días hábiles, bajo una vigencia de un año.
Reacciones
Carlos Hernández, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó su preocupación en torno a la ética de esta decisión, cuestionando la acumulación de poder en Moncada en medio de sus aspiraciones presidenciales. “
Es un poder desproporcionado para una candidata; esto va en contra de los principios de ética y transparencia”, manifestó en entrevista para HRN.
También la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, se sumó a las críticas, señalando que el Acuerdo Ejecutivo representa “una concentración de poder que atenta contra el equilibrio institucional”.
Este Acuerdo Ejecutivo ha reavivado el debate sobre la legalidad y transparencia de las decisiones administrativas en tiempos electorales, abriendo interrogantes sobre el impacto de tales decisiones en el proceso democrático.
