Un secreto a voces quedó al descubierto: el abuso de la publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en varios países de América Latina, según un informe publicado el pasado 14 de agosto en Buenos Aires, Argentina.
Honduras está en la lista de países investigados por dos organizaciones, la argentina Asociación por los Derechos Civiles, ADC, y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, con sede en Nueva York; las otras naciones involucradas son Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y Uruguay.
'El precio del silencio', un informe en el que se plantean distintas formas de influencia gubernamental sobre periodistas y medios de comunicación para obtener coberturas favorables, analiza una tendencia creciente en América Latina: la interferencia 'tras bambalinas' que ejercen los gobiernos sobre la libertad de expresión y la independencia editorial de los medios de comunicación y los periodistas.
Tales abusos, conceptualizados como 'censura indirecta' o 'sutil', no son totalmente nuevos. Aquello que los diferencia de otras violaciones más obvias y frecuentemente documentadas, tales como el acoso judicial o actos de violencia e intimidación contra periodistas, es que en gran parte permanecen invisibles para el público en general, mientras proyectan una amplia e insidiosa sombra sobre la libertad de expresión.
En Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y Uruguay, la publicidad oficial se rige por el mismo régimen contractual que el resto de las adquisiciones del Estado, sin una normativa específica que establezca criterios o procedimientos a seguir.
Sólo Perú posee una ley que se refiere específicamente al manejo de la pauta oficial, pero sus disposiciones son tan vagas y generales que la vuelven inefectiva.
En palabras del periodista hondureño Rodolfo Montalván: 'Aquí el Gobierno pretende darte un contrato de publicidad para callarte la boca. El criterio que utiliza el Gobierno es el silencio del periodista o el medio. Aquí no es que te compran el anuncio, te compran la conciencia, tu visión como periodista. Y ése es el mayor problema que se está dando en este momento, una sola persona, que no es el secretario de prensa, sino el secretario privado, es el que maneja toda la publicidad, el que sabe a quién darle o no y cuánto'.
La investigación también ha detectado aumentos significativos en el gasto publicitario de los gobiernos durante los períodos de campaña electoral. El ejemplo más impactante ocurrió en Honduras, donde el presupuesto publicitario de la Presidencia fue 30 veces más alto en 2005, el año de elecciones presidenciales, que en 2006.
Las presiones directas que ejercen los altos funcionarios pueden ser incluso más intensas a nivel local, tal como lo ilustra el despido, en 2006, de la periodista de televisión Wendy Guerra, en Santa Rosa de Copán, en respuesta a la presión de varios miembros del alcaldía que estaban molestos con una de sus coberturas.
Otra forma de censura indirecta se produce cuando los gobiernos le niegan el acceso a la información pública a un determinado medio en particular, en represalia por haber efectuado una cobertura crítica. Por ejemplo, un editor de uno de los medios más importantes en Honduras, donde esta práctica está particularmente extendida, manifestó que a sus periodistas se les solía negar el acceso a la información en poder del Gobierno y se los trataba de modo diferente a otros medios. Asimismo, Radio América, una de las radios líderes del país, fue incluida en una lista negra por los anunciantes oficiales en represalia por su decisión de demorar el anuncio del triunfo, en noviembre de 2005, del presidente Manuel Zelaya Rosales, asegura este informe.
El Gobierno de Honduras también hace uso de las invitaciones a acompañar al Presidente en sus viajes como una forma de recompensar o castigar a los periodistas.
Los efectos perjudiciales de la censura indirecta
Los abusos financieros y otras interferencias con la autonomía editorial que se describen en este informe tienen graves y persistentes efectos sobre la libertad de expresión y el debate democrático en general.
Numerosos testimonios recogidos por investigadores revelan cómo las presiones que ejercen los gobiernos sobre los dueños de medios y los editores generan olas de autocensura que inhiben a redacciones enteras y que son capaces de acallar incluso a los periodistas más valientes.
Haciendo referencia a los pagos que efectúa el Gobierno a los periodistas para que viajen al exterior con el presidente, un periodista radial de Honduras expresó: 'Sí, conozco casos de periodistas que cambian su línea editorial por la paga que reciben, un compañero que fue impuesto en un programa noticioso hizo una oposición férrea al Gobierno, pero cambió luego de un viaje presidencial a Europa. Uno debe replantear sus posiciones, dijo.
'Las decisiones acerca del manejo de publicidad oficial en Honduras están centralizadas en la figura del secretario privado del Presidente, y se utilizan sistemáticamente para comprar coberturas periodísticas favorables o silenciar a las voces críticas'.
Los pagos directos del Gobierno a los periodistas por sus 'dudosos servicios de comunicación' son una práctica institucionalizada, dice el informe que realizó una amplia investigación en este país.
