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Gobierno gastó L 1.1 millones en invitados del 28 de junio

  • 02 agosto 2022 /

En conmemoración al golpe de Estado, el Ejecutivo trajo a políticos y expresidentes para participar en foros.

Tegucigalpa, Honduras.

Para la jornada en que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro conmemoró el golpe de Estado suscitado en 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales se desembolsaron 1,131,805.06 de lempiras en estadía y traslado de los políticos.

El gobierno desarrolló entre el 27 y 28 de junio diversas actividades en Casa de Presidencial, incluyendo un foro sobre una Asamblea Nacional Constituyente, proyecto que está en agenda de Libre, pero que no tiene total aceptación de la población para realizarla.

El foro sobre la Constituyente contó con invitados internacionales del gobierno y también se entregaron condecoraciones a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y a Fernando Lugo, expresidente de Paraguay. Los dos exmandatarios estuvieron en el país el 28 de junio de este año.

Hugo Llorens, exembajador de Estados Unidos en el país, será “lobista” de Honduras en Estados Unidos.

Con los 1.1 millones desembolsados por Casa Presidencial se compraron 16 boletos de avión y se pagaron L180,091.81 en hospedaje. No se pagaron honorarios.

ASESORES

El exembajador de Estados Unidos en Honduras Hugo Llorens (2008-2011) fue contratado como “lobista” por el actual gobierno. El anuncio fue hecho ayer por el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales.

El diplomático estadounidense estuvo ayer en Casa Presidencial y, aunque dejó entrever que no tienen nada por escrito, dijo que trabajará en que las relaciones de Washington y Honduras sean sólidas.

El papel del diplomático, según el asesor Zelaya Rosales, será mantener un acercamiento permanente con los demócratas y republicanos en el Congreso, el Senado y en las diversas secretarías estadounidenses.

“Será un enlace con diversos sectores norteamericanos y con el gobierno de Joe Biden”, afirmó el asesor. Llorens, quien ostentó el cargo de embajador entre 2008 y 2011, fue una pieza clave de Estados Unidos en medio del golpe de Estado de 2009, gestado contra Manuel Zelaya, al calificarlo como ilegal e inconstitucional.