SAN PEDRO SULA. Durante 2023, el gobierno de Xiomara Castro podrá realizar compras directas de combustibles para la flota vehicular del Estado de Honduras que consume anualmente varios millones de galones y, además, contrataciones amparadas en decretos de emergencia.
El decreto 157-2022, el cual contiene el Presupuesto General de Ingresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, faculta a las instituciones del Gobierno a comprar el combustible sin tener que circunscribirse a la Ley de Contratación del Estado.
“En vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado. Esta compra no forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)”, dice uno de los párrafos del artículo 84 relativa a los contratos de la administración pública descritos en el capítulo XI del presupuesto.
Mientras el artículo 109 de ese decreto publicado el jueves 12 de enero establece que “toda contratación directa amparada en un decreto de emergencia deberá realizarse conforme lo establece la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, tomando en consideración los lineamientos que emita la Oncae (Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras)”.
Específicamente, según el artículo 87, “la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas podrá suscribir mediante el procedimiento de contratación directa, observando lo dispuesto por los artículos 9 y 63 de la Ley de Contratación del Estado; los Convenios de Prestación de Servicios Financieros con el Sistema Bancario Nacional, con el objetivo de agilizar las operaciones realizadas por la Tesorería General de República (TGR)”.
La inclusión de compras directas en el decreto despertó descontento y una ola de críticas en la oposición política en vista de que los funcionarios que actualmente están en el poder criticaron a las administraciones anteriores por esa práctica.
La compra directa de hospitales móviles por un monto cercano a los $50 millones durante la emergencia de covid-19 en la administración Hernández la utilizaron como ejemplo emblemático de corrupción en la campaña política los actuales funcionarios del gobierno de Castro. Sin embargo, seguirán utilizando ese mecanismo.
Tanto Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, como diputados de otros institutos políticos, como Maribel Espinoza y Tomás Ramírez, miembros del Partido Salvador de Honduras (PSH), advirtieron desde antes de la aprobación del presupuesto que el Ejecutivo pretendía aprobar contrataciones y compras directas.
El rastro negativo de las compras directas
- Cerca de $50 millones con hospitales en 2020Basados en un decreto de emergencia por covid-19, funcionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) en 2020 compraron de manera directa hospitales móviles por cerca de $50 millones.
- Los huracanes son un motivo para aprobar emergenciasA finales de 2020, el gobierno de Hernández declaró estado de emergencia tras el paso de los huracanes Eta y Iota. A la vez, autorizó contrataciones directas para obras de infraestructura que no realizaron.
- El diputado nacionalista Nelson Márquez había denunciado que el artículo 289 de las disposiciones del Presupuesto General de la República señalaba que los ministros podrán realizar las compras de bienes y servicios y realizar contrataciones directas.
Recién aprobado el presupuesto, la diputada Maribel Espinoza dijo que le negaron la palabra porque “yo iba a denunciar que no se puede en una ley temporal introducir modificaciones a la Ley de Contratación del Estado, el dictamen final estuvo tarde y no se pudo revisar bien”.
Lamentó que se aprobaran modificaciones a la ley para la adquisición de ciertos bienes, como la compra de combustibles para la flota vehicular del Gobierno, que ya no irá a un proceso de licitación pese que es una de las compras más grandes que hace el Estado.
Tomás Ramírez también dijo ante medios de comunicación que “en este presupuesto hay compras directas para combustibles” a pesar de las sugerencias que el PSH formuló antes de someter el decreto a votación.
Pero Hugo Noé Pino, diputado de Libertad y Refundación (Libre) y presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, ha defendido las compras directas específicamente de combustibles en virtud de que para comprar este producto no necesitan obtener varias cotizaciones, pues el Gobierno define el precio de los derivados del petróleo.
“Los precios los determina el Gobierno. A todas las gasolineras que usted vaya, cuesta lo mismo el diésel, la gasolina regular, la gasolina superior”.
