Tegucigalpa. Unos cinco empleados con cargos administrativos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fueron despedidos por haber participado en actos irregulares.
El pasado 25 de enero, la junta interventora determinó suspender del cargo a 22 jefes de la institución.
En ese momento se explicó que el objetivo era lograr obtener mayor información a partir de los procesos de investigación que realizaban los interventores sobre supuestos actos de corrupción.
Entre estos actos se señala la compra de ambulancias sobrevaloradas, así como la aprobación de tres contratos millonarios por servicios y equipos médicos que representan un endeudamiento de cuatro mil millones de lempiras de los 6,399.24 millones de déficit que tiene la institución.
Conforme a estas investigaciones y a las funciones de cada uno de estos jefes, la interventora determinó iniciar audiencias de descargo para un buen número de estos; los demás fueron reintegrados a sus puestos.
Según German Leitzelar, miembro de la junta interventora, producto de este proceso se logró la sanción de despido de unos cinco jefes administrativos.
“Ha habido varias audiencias de descargo para jefaturas de compras, jefaturas de almacenes, jefaturas de personal, donde hemos ido evidenciando con la investigación más la audiencia de descargo la responsabilidad y cuando ha sido grave se procedió a la terminación del contrato por la vía del despido”, detalló Leitzelar. “Han incurrido en acción de despido algunos funcionarios de jefatura, especialmente donde se han manejado medicinas, almacenes; en Recursos Humanos, donde se han manejado procedimientos de aumentos salariales violando las normas generales del presupuesto y las normas presupuestarias que prohibían los incrementos de salarios selectivos”, agregó.
Indicó que la función de la junta interventora ha sido revisar detalladamente la función que por ley cada uno de estos jefes debió realizar.
Pendientes
Leitzelar informó que en este proceso también hay casos pendientes como el de empleados del Seguro Social que al mismo tiempo eran proveedores de la institución.
“La ley prohíbe que un empleado de la institución pueda tener negocios dentro de la institución, como por ejemplo que usted esté en una jefatura no puede venderle productos o servicios a la institución ya sea la empresa a la que usted sea socia o de la que sea dueña”, explicó el también abogado.
