El Ministerio Público dejó al descubierto ayer su preocupación sobre la inseguridad existente en el centro penal sampedrano.
El fiscal de Delitos Comunes, Allan Reyes, aseguró que una cárcel debe tener la máxima seguridad posible, tanto en infraestructura como en personal.
Uno de los problemas, explicó, es que muchos centros penales, incluyendo el de San Pedro Sula, operan como penitenciarías nacionales ya que albergan a reos condenados.
“Hasta antes de julio del 2005 la única Penitenciaría Nacional operaba en Támara en Francisco Morazán y hacia allí, debían por ley, ser conducidas todas las personas sentenciadas a una pena mayor a tres años”, señaló.
Sin embargo, explicó, que por un proceso de reorganización y tratando de establecer administrativamente un mejor manejo de los centros penales, el presidente de la República Ricardo Maduro, estableció en un decreto Ejecutivo que nueve centros penales más pasarían a ser penitenciarías nacionales.
Estos reclusorios son los ubicados en cabeceras departamentales. La disposición permite que personas condenadas a más de tres años de reclusión puedan cumplir su sentencia en esos reclusorios.
“En las penitenciarías nacionales sólo deben haber condenados y la seguridad debe ser máxima, el centro penal sampedrano no llena esos requisitos”, citó.
La empresa Noa Group de Israel, que ofrece construir una granja penal en San Pedro Sula y resolver la crisis penitenciaria en todo el país, reveló que en Honduras no existe en sí un programa de rehabilitación.
Proceso
Los organismos de derechos humanos internacionales podrían demandar a Honduras por no atender la problemática penitenciaria.
