Marixa Isabel Ramírez Vásquez encabeza las seis personas que fueron capturadas ayer después de que el Ministerio Público (MP) interpusiera ante el Juzgado Penal un requerimiento fiscal por corrupción en la entrega de medicamentos en la Secretaría de Salud.
Se acusó a cuatro funcionarios del Almacén Central de Salud y dos particulares. En rueda de prensa, Patricia Domínguez, fiscal especial contra la Corrupción, junto a la integrante de la Comisión Interventora, Ángela Madrid, detallaron los alcances de la acusación.
La lista de los imputados es encabezadas por la exjefa del Almacén Central de Salud, quien ayer al mediodía fue capturada por efectivos policiales.
Asimismo se acusa a Hernán Gerardo Rodríguez y Héctor Manuel Flores Canales, quienes fungen como despachadores de dicho almacén. En el requerimiento se incluye a Sindy Karina Santamaria, quien había sido asistente de Marixa Ramírez.
La Fiscalía contra la Corrupción imputa siete delitos de abuso de autoridad, omisión de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública y uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la fe pública.
Finalmente, la Fiscalía contra la Corrupción acusa a los particulares Marco Danery Figueroa Vallejo y Leonor Bonilla Landa, representantes de una droguería; la Fiscalía los supone responsables del delito de encubrimiento agravado por tener algún tipo de participación a título directo.
Se solicitó librar la orden de captura, expresó la fiscal especial.
La tarde de ayer en un operativo policial en el hospital del Tórax fue capturada la jefa del Almacén Central de Salud, Marixa Isabel Ramírez Vásquez, y en otro sector fue detenido Marco Danery Figueroa Vallejo, quien, según la Policía, es administrador de bienes nacionales del Hospital Escuela.
Ambos fueron trasladados a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) para seguir con el procedimiento legal.
Relación de hechos
Este caso se refiere al supuesto despacho irregular de medicamentos a cuatro regiones sanitarias: Trujillo, Intibucá, Lempira y El Paraíso.
“Básicamente se operaba adulterando las órdenes o los requerimientos de medicamentos que, se confirmó, no salieron de estos hospitales. Por eso, el delito de uso de documentos falsos”, explicó Domínguez.
“Aún así se permitía el egreso o el despacho de estos medicamentos del Almacén Central, que finalmente terminaban en bodegas particulares que no tienen nada que ver con la administración pública”, agregó. Así se acreditó en recientes allanamientos en casas particulares, donde se encontraron alrededor de 100 cajas de medicamentos con la etiqueta del Estado de Honduras.
Es decir que se utilizaron documentos falsos para aparentar que hospitales solicitaban fármacos y así el Almacén de Salud permitió el despacho irregular de medicinas, ocasionándole perjuicio económico al Estado por 1.7 millones de lempiras. Para el caso, en la región sanitaria de Trujillo se establece una solicitud de 934,574 lempiras; en La Esperanza, 71,875; en Gracias, Lempira, un monto de 581,869, y en el hospital Gabriela Alvarado, de Danlí, 126,000. Se entregaron medicinas orientadas a especialidades que no son manejadas en hospitales regionales.
Las irregularidades acontecieron en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en los años 2011 y 2012.
Los detalles constan en el expediente 1814-2013.
Vienen más
Se supo que se trata del primer requerimiento por las investigaciones en el Almacén Central de Salud.
“Se van a dar otras acciones. No es el único requerimiento. Esperamos presentar otros en fechas posteriores”, dijo. Entre los requeridos figurarían exautoridades de la Secretaría de Salud. Se interpondrán seis o siete acusaciones más, advirtió la fiscal especial.
Gerardo Martínez, abogado defensor de la exjefa del Almacén Central, calificó como una falsedad del Ministerio Público el rosario de delitos que le achacan a su cliente porque “le están presentando un requerimiento fiscal por delitos por omisión que no es muy difícil probar”.
En segundo lugar, prosiguió, por malversación de caudales públicos, “acordémonos de que ella no manejaba fondos del Estado. Agregó que otro delito es el de abuso de autoridad; es fácilmente probar que es inocente de los cargos que se le imputan.
El profesional del derecho confirmó que irán a la audiencia de declaración de imputado a acreditar las medidas de arraigo, “esperemos lo que resuelve el juez y, lógicamente, después de la audiencia inicial para presentar las pruebas de descargo a favor de la señora Marixa”.
Consideró como un error lo actuado contra Ramírez, “no sé cómo considerarlo, si fue de mala fe o qué, por parte del Ministerio Público”, porque en diferentes citaciones que han hecho, ella ha comparecido.
“En ningún momento, ella ha tenido la mínima intención de evadir la justicia. Más bien estaba con ansias de que el Ministerio Público entrara a juicio para dilucidar su situación”.
“Yo no he cometido ningún delito”: Solórzano
Marixa Solórzano, exjefa del Almacén Central de Medicamentos, aseguró que posee las pruebas suficientes que avalan su inocencia.
Luego de su captura, Solórzano informó que su cuerpo legal ya trabaja en contra de las acusaciones que se le imputan en el supuesto abuso de poder y malversación de fondos públicos.
Explicó que en la administración del Almacén existían responsables de cada bodega que tendrán que dar explicaciones si se les comprueba algún delito. Solórzano lamentó que las autoridades de investigación determinaran enviar a un buen número de elementos a su captura, ya que ella permanecía en sus labores diarias y no representaba ninguna amenaza.
“Yo no he cometido delito alguno, me siento tranquila, si las autoridades me quieren investigar que lo hagan, en los tribunales se conocerá la verdad y mis abogados tienen las pruebas suficientes para desmentir las acus
