El Gobierno anunció ayer que buscará revertir una determinación judicial que permitió que reos de alta peligrosidad salieran de las celdas de máxima seguridad a las zonas comunes, desde donde pueden ordenar delitos a sus cómplices que están afuera de las cárceles, aduciendo que lo anterior contribuyó a que se dispararan los homicidios.
El presidente Juan Orlando Hernández, en conferencia de prensa, lamentó que un juzgado de San Pedro Sula y otro de El Progreso, a petición de abogados y parientes de líderes de pandillas, resolvieron que estos salieran de las celdas de máxima seguridad y ahora tienen más libertad para comunicarse.
Luego de reunirse con la cúpula de Seguridad del país, en Casa de Gobierno, el mandatario dijo que “hemos tomado una decisión: que el Instituto Penitenciario tiene que ir nuevamente ante estos dos juzgados a buscar revertir esa decisión”.
“Si no se logra en esa instancia, buscaremos la máxima instancia con los recursos correspondientes”, aseguró Hernández.
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Una de ellas, que calificó como crucial, y que entró en vigor hasta el segundo año de su primer período, versó en la reestructuración del sistema carcelario, la cual pasó por construir dos cárceles con diferentes módulos, uno de ellos de máxima seguridad como pieza clave en la lucha contra la delincuencia.
“Hay que recordar cómo estaban los centros penales antes de nuestro Gobierno: escuelas del crimen, centros de operación desde donde se ordenaban asesinatos, extorsiones, secuestros, distribución de drogas”, recordó Hernández.
“Ahora que decidimos cambiar la manera de operar nos miramos sometidos todos los días a una serie de ataques, buscando penetrar los centros penales, buscar desacreditar las decisiones que se han tomado, buscar desacreditar todo el esquema”, denunció el Presidente.
Sobre esto último, consideró que los ataques son “una situación orquestada y una conspiración contra el pueblo”.