Después de su captura el pasado martes a través de un contingente policial armado por más de 600 hombres que diseñó la Secretaría de Seguridad, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández cumple este sábado 96 horas encerrado mientras avanza su proceso de solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos.
Hernández Alvarado permanece recluido en una habitación de aproximadamente 12x12 metros, sin televisión ni radio, sin acceso a internet, sin celular y sin otros privilegios a los cuales estaba acostumbrado. En las instalaciones de las Fuerzas Especiales deberá esperar hasta el 16 de marzo, fecha cuando se desarrollará la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba para definir su extradición.
En su habitación hay cama unipersonal, ducha, funciona el aire acondicionado, tiene mesa, silla, hay varias biblias para distraerse y una ventana en la parte de arriba para que reciba iluminación y a fin de evitar disparos de francotiradores.
Él debe lavar su ropa y está siendo monitoreado constantemente por guardias y cámaras de seguridad que forman parte de la estructura de vigilancia del Comando Cobras.
El exmandatario no puede salir de la habitación ni puede usar aparatos tecnológicos. Se alimenta de lo mismo que consumen los policías cuando trabajan: tortillas, frijoles, huevo, queso, mantequilla, plátano, entre otros.
Fue la tarde del lunes cuando Estados Unidos pidió a Honduras la extradición de Hernández, acusado de introducir 500 toneladas de cocaína en el mercado estadounidense cuando era presidente del Congreso (2010-2014) y luego como mandatario (2014-2022).
Ante la petición hecha, Hernández fue detenido el martes sin oponer resistencia. Salió de su vivienda e inmediatamente policías le colocaron un chaleco antibalas y lo esposaron de pies y manos con una cadena para trasladarlo a las Fuerzas Especiales.
El miércoles fue llevado a la audiencia ante el juez, quien dio un mes a los abogados para que presenten los argumentos de defensa. Luego lo envió de nuevo a la sede de las Fuerzas Especiales.
El 7 de febrero, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos”, tuiteó Blinken, al divulgar la información.
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Hernández, quien dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero, ha sido implicado por fiscales de Nueva York de tener lazos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito.
El expresidente hondureño es acusado de tres cargos, entre ellos “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, también se le acusa de “usar o portar armas de fuego (...) ametralladoras y dispositivos destructivos”. Un tercer cargo es por “conspiración para usar o portar armas de fuego (...) en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos” a Estados Unidos.
Fiscales estadounidenses calificaron a Juan Orlando Hernández de “co-conspirador” en la acusación contra su hermano Tony Hernández, un exdiputado que fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York el año pasado.
Afirmaron que el expresidente convirtió a Honduras en un “narcoestado”. Durante el juicio de Tony, fiscales estadounidenses aseguraron que JOH “ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como “El Chapo Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares” a “Tony” para sobornar a su hermano.
Geovanny Fuentes, otro narco hondureño juzgado en Nueva York y condenado en febrero a cadena perpetua, fue acusado por Estados Unidos de actuar en connivencia con Juan Orlando Hernández.
Por su lado, Hernández niega todo y asegura que Estados Unidos basa sus acusaciones en “declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos” que fueron extraditados por su gobierno.
El exmandatario es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo.
Pese a que sus abogados afirman que ello le otorga inmunidad, el reglamento del Parlacen no contempla este privilegio para quienes no gozan de inmunidad en su propio país. Los diputados hondureños no tienen inmunidad.
El Parlacen puede asimismo “levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados” a pedido de los gobiernos de los países que lo integran.
