San Pedro Sula, Honduras.

En un acto histórico, el Estado de Honduras reconoció ayer su responsabilidad por el asesinato de la activista de Derechos Humanos e integrante de la comunidad LGBTI, Vicky Hernández.

El hecho fue suscitado durante el golpe de Estado de 2009 y sentenciado en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso denominado; “Vicky Hernández y otras vs. Honduras”.

Xiomara Castro, presidenta de la República, participó mediante videoconferencia y se comprometió como medida de reparación a publicar la sentencia de la CIDH, continuar las investigaciones sobre el homicidio, crear una beca educativa denominada “Vicky Hernández” para mujeres trans y realizar un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en el país. I

Informó que el Estado adoptará un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.

Kerry Kennedy, de la Fundación Robert Kennedy Human Rights, asistió al evento ayer en San Pedro Sula.

“Vicky Hernández fue asesinada y maltratada no por haber infringido la ley, sino por ser quien era como ser humano”, dijo Kerry Kennedy.

Al emitir el gobierno hondureño reparaciones para la familia de Vicky Hernández, tiene la oportunidad de permitir que su madre pague un tratamiento contra el cáncer que le salve la vida, dijo Kennedy tras la reunión con la PGR.

“La justicia de Vicky no solo es para ella, sino para todas y todos”, dijo la coordinadora de la red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza, quien durante 13 años ha trabajado con su equipo legal y del observatorio para documentar los violaciones de los derechos de las personas LGBTI en Honduras. Cattrachas tiene registrados los asesinatos de 16 personas de la diversidad sexual en lo que va de 2022 y un total de 416 desde 2009.