Bajo el esquema de alianzas público-privadas, el Gobierno se apresta a materializar la mayor “privatización” que ha experimentado en su historia la Enee al concesionar a operadores privados la iluminación pública, distribución, transmisión y despacho de electricidad.
Dentro de ese proceso se faculta a la estatal a negociar y emitir bonos por 215 millones de dólares o su equivalente en lempiras para destinarlos “a los fines” que indique un comité técnico de fideicomiso, pese a que se supone que las inversiones deberán hacerlas las empresas concesionarias.
Dichos instrumentos financieros se pagarán a siete años plazo y con dos años de gracia, para lo cual el Estado servirá como aval de la empresa. Para sus autoridades, la concesión de los servicios se plantea como la única “tabla de salvación” de la Enee, entidad que solo en 2012 cerró con un déficit de L3,800 millones de los 5,000 millones proyectados.
Al final de 2013 se estima que el déficit será de 8,000 millones, aunque las autoridades aseguran que esperan cerrar en 2,800 y 3,000 millones, si el precio del petróleo se mantiene estable.
La mayor carga financiera de la Enee se debe al pago de sus onerosos contratos con generadores térmicos, que absorben más del 90% de los ingresos totales de la institución.
En 2011, las térmicas Elcosa, Emce, Luffusa y Enersa generaron menos del 58% de la energía total del sistema interconectado de la estatal, pero absorbieron el 82% de los ingresos procedentes de la facturación.
Por cada lempira procedente de la venta de electricidad a los sectores residencial, industrial y gubernamental, las térmicas cobraron 82 centavos de lempira, es decir, que la Enee dispuso de 18 centavos disponibles para operar.
A lo anterior se suma la enorme burocracia en la estatal, que implica una erogación de L142.8 millones mensuales y 2,000 millones anuales en el pago de sueldos a unos 4,000 empleados.
Ante ese panorama, aunado al déficit presupuestario y la falta de fondos para emprender nuevas inversiones en el campo energético, el Gobierno decidió concesionar los servicios de distribución, transmisión, despacho e iluminación pública a fin de compensar las pérdidas y evitar la inminente ruina de la institución.
Esa tarea se le delegó a Coalianza, que recientemente seleccionó en licitación pública los tres bancos fiduciarios que se encargarán de estructurar, financiar y licitar el proyecto para contratar a los tres inversionistas u operadores privados que administrarán los citados servicios. Los bancos también manejarán los flujos de ingresos en cada una de las actividades otorgadas en concesión.
Beneficios a cinco años
Mediante la adjudicación de la distribución, transmisión, despacho e iluminación pública a inversionistas privados, la Enee pretende afrontar la alta morosidad de los clientes y las pérdidas técnicas y no técnicas que le dejan a la empresa una merma anual de 150 millones de dólares.
Se pretende reducir el alto gasto en pago de subsidios, el exceso de personal inserto en una planilla laboral de más de 4,000 empleados y los altos costos de generación, distribuida en 60% para las empresas térmicas y 40% para los productores de energía renovable.
Se estima que en tres años (2013-2015), una vez adjudicados los servicios, la Enee tendría una reducción del gasto en compra de energía del 70 al 50%, una disminución de las pérdidas operativas de 29 a 20%, y un flujo neto de efectivo que pasaría de -10 a +10%.
Las áreas concesionadas
Uno de los componentes que se concesionarán es la iluminación pública, por la que los hondureños pagan un porcentaje de su tarifa mensual, pero que es deficiente porque la mayoría del alumbrado público de las principales ciudades del país se encuentra en mal estado y provoca una fuga enorme de energía y dinero para la estatal.
Solo en Tegucigalpa están instaladas cerca de 35 mil luminarias, que consumen cerca de 25 GWh al año en electricidad para alumbrado público.
Con la concesión de este servicio se busca ahorrar hasta el 40% en el consumo de energía eléctrica con tecnologías más eficientes y mejores prácticas, lo que implicaría una potencial reducción de energía eléctrica de 10 GWh por año, los cuales requieren cerca de 20 mil barriles de petróleo para su producción.
El componente de distribución y flujo financiero comprenderá planeación, ejecución de proyectos de inversión, administración, operación y mantenimiento de los activos de distribución de electricidad.
En este rubro, el operador seleccionado deberá establecer procesos de lectura, elaboración y distribución de facturas, recaudo a los abonados, disminución y control de cartera, cortes, suspensiones y reconexiones y cobro de los recursos correspondientes a subsidios.
También se encargará del diseño y la ejecución de un programa de control y disminución de pérdidas técnicas y no técnicas de energía.
En el tercer componente de transmisión, despacho y flujo financiero, el operador que resulte favorecido deberá planear y ejecutar proyectos de inversión, administración, operación y mantenimiento de los activos de transmisión, definidos como los que operan a voltajes iguales o superiores a 138 kilovoltios.
También instalará y pondrá en operación un centro nacional de despacho, encargado de la planeación a corto plazo de las actividades de generación y transmisión y la supervisión en tiempo real de la operación, así como la cuantificación y valoración de las transacciones entre agentes y empresas del sector.
Según fuentes de Coalianza, en toda esta operación se prevé una inversión superior a los 700 millones de dólares, alrededor de 14,400 millones de lempiras al cambio oficial.
Emisión de bonos
Hasta aquí todo parece beneficioso para la empresa, pero en el decreto ejecutivo 024-2013 del contrato de fideicomiso aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de mayo de 2013 se establece que la Enee podrá emitir bonos por 215 millones de dólares o su equivalente en lempiras.
Esos 215 millones en bonos están distribuidos en varias cláusulas del contrato de la siguiente forma: 100 millones de dólares en el componente de transmisión, despacho y flujo financiero, 100 millones en el componente de distribución y flujo financiero y $15 millones en el área de iluminación pública.
Este punto llama la atención porque se supone que los inversionistas privados harán toda la inversión en los rubros concesionados y la Enee no tendrá que erogar dinero alguno en el proceso. Además, la emisión de esos instrumentos financieros implica la contratación de deuda a corto plazo.
Según el contrato, los bancos fiduciarios gestionarán y administrarán los recursos provenientes de los bonos que la Enee negocie por los montos antes enumerados.
El destino de esos $215 millones no es muy claro, pues el contrato se limita a señalar que estará “destinado a los fines que al respecto indique el comité técnico de fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y oferta presentada y que constituyen parte integral del presente contrato de fideicomiso”.
El comité técnico es integrado por los representantes de Coalianza, el inversionista y operador privado, la Enee, Secretaría de Finanzas, sindicato de trabajadores (Stenee) y el banco fiduciario.
Se establece que la tasa de interés será equivalente a la tasa pasiva para depósitos a plazo en dólares registrada por el Banco Central de Honduras, más un margen de 2.75% anual, revisable trimestralmente.
El valor de los bonos en lempiras quedará indexado al dólar, conforme a la tasa de cambio vigente.
Los bonos se emitirán a un plazo de siete años con dos años de gracia. Los intereses se pagarán semestralmente en abonos igual a capital a partir del tercer año de vigencia de dichos instrumentos financieros.
El contrato contempla que el inversionista seleccionado en concurso público deberá acreditar experiencia exitosa en la administración de este tipo de proyectos y se obligará a desembolsar como mínimo el 51% del patrimonio establecido en la inversión referencial.
El 49% restante se concederá en primera opción al sindicato de trabajadores de la empresa estatal, a los fondos de pensiones y los inversionistas nacionales. Se faculta a la conformación de consorcios para emprender las inversiones en cada uno de componentes sometidos a concesión.
Pagarán asesoría a Coalianza
Otro aspecto que llama la atención del contrato de fideicomiso es que los bancos fiduciarios facilitarán la obtención de los fondos hasta por 5.5 millones de dólares para Coalianza por estudios, conducción, asesoría y realización del concurso público de cada una de las tres componentes concesionados, cantidad que será reembolsada por el operador a la fecha de la firma del contrato.
Los 5.5 millones están distribuidos de la siguiente forma: $2.5 millones en el componente de transmisión, despacho y flujo financiero, 2.5 millones en el componente de distribución y $500 mil en el alumbrado público, para hacer un total de $5.5 millones, es decir, 113.4 millones de lempiras.
En el componente de distribución se establece en una de las cláusulas que el banco fiduciario administrará los flujos provenientes de la prestación del servicio de energía por la Enee o “provenientes de otras actividades relacionadas con el sector eléctrico objeto del presente fideicomiso”.
Metieron “golazo”
La semana anterior, el diputado Francisco Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, denunció que al presidente Porfirio Lobo “le metieron un golazo”, con el contrato para concesionar los servicios que presta la estatal.
Argumentó que el “golazo” obedecía a que las líneas de transmisión de la Enee no se pueden concesionar porque son del dominio del Estado de Honduras y, en ese sentido, alguien no le dijo toda la verdad al Presidente.
El parlamentario posteriormente se retractó tras reunirse con autoridades de la Enee y representantes de Coalianza y aseveró que se le estaban haciendo enmiendas al contrato del fideicomiso, aunque no precisó en qué puntos.
No se deben contratar empresas de maletín: asesor de la CCIC
Salomón Ordóñez, asesor en materia de energía de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), catalogó de positivo el fideicomiso, pero advirtió que es necesario ser cuidadoso al seleccionar a los operadores técnicos.
“Es un buen proceso para levantar fondos y capitalizar la Enee, pero falta el proceso de la selección del operador técnico que al final tomará la operación y la inversión de los proyectos requeridos para reducir las pérdidas que aquejan fuertemente a la Enee y la mantienen con problemas financieros”, dijo.
Agregó que se debe buscar a una compañía calificada y certificada que tenga suficiente capacidad porque se requerirán fuertes inversiones económicas de 50 y 60 millones de dólares para comenzar a trabajar en la reducción de pérdidas.
“La compañía elegida debe ser reconocida a escala internacional, tener experiencia en este tipo de actividades y no venir a aprender acá, o sea que no sea una empresa de maletín, y traer beneficios económicos para la Enee al más corto tiempo”.
Ordóñez advirtió que el rescate requerirá de cinco a diez años porque es un “proceso largo y tedioso, que requiere mucha inversión y no se puede hacer de la noche a la mañana”.
Recordó que el control y la reducción de pérdidas de la Enee se descuidó desde el año 2001 y hasta ahora se está retomando seriamente.
Tres claves
Privatización de la ENEE La privatización de servicios de la Enee inició en 1994, cuando entró en vigor la Ley Marco del Subsector Eléctrico, que permitió trasladar a la iniciativa privada la generación de energía. Posteriormente se adjudicaron a la empresa de Servicios de Medición Eléctrica de Honduras (Semeh) los servicios de medición y facturación.
Intentos fallidos de reformA De 1998 a la fecha se intentó sin éxito en el Congreso Nacional aprobar reformas de la Ley Marco para facilitarle a la empresa privada la distribución de energía, pero toda iniciativa tropezó porque se tomaba como un intento de privatización.
Propósito de las reformas Con las reformas se pretendía atender los problemas recurrentes de ineficiencia en la distribución, la baja calidad del servicio, el alto costo del suministro, la alta dependencia de combustibles importados y la baja cobertura del servicio.
