Un enérgico llamado hicieron las cámaras de comercio e industrias del litoral atlántico al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que busque una solución al problema de las invasiones de fincas de palma africana en esta región.
Los empresarios se reunieron ayer en esta ciudad y publicaron un pronunciamiento con el fin de llamar la atención de las autoridades.“Solicitamos acción legal contra extorsión, invasión, usurpación de tierras y robo de cosechas en propiedad privada”.
Protesta
El miércoles 22 de febrero, centenares de personas pertenecientes a varias organizaciones campesinas de Colón realizaron una marcha por las principales calles de Tocoa en protesta contra el Gobierno, ya que ese día se cumplió un año del convenio firmado y no tienen respuesta. Los campesinos piden que se les legalicen las tierras, ya que aseguran poseer los títulos de propiedad. Según se conoció por parte de autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA), el Gobierno afina una estrategia para encontrarle una salida a la problemática de invasiones en el Bajo Aguán.
“Solicitamos al Gobierno central que actúe con prontitud y diligencia para salvaguardar los derechos de los propietarios y empresas sobre sus activos y generar la inversión en infraestructura que requiere nuestra región del litoral atlántico para desarrollar y seguir generando empleos y aportando al producto interno bruto”, dice parte del documento.
Conforme a los últimos datos recabados por los agroindustriales, solo en el departamento de Colón actualmente hay 27,624 manzanas de fincas de palma invadidas.
Unas 12,322 pertenecen a Corporación Dinant, 9,907 son de Grupo Jaremar, 1,494 de Aceydesa. Mientras que 1,794 pertenecen a diferentes cooperativas y 2,106 a productores independientes.En los últimos años, las invasiones se han extendido también al departamento de Atlántida.
De enero de 2022 a la fecha hay 2,146 manzanas usurpadas. Estas son Ceibita Way 1,2 y 3; asimismo, Sobra Verde y Nueva Go, propiedad de Dinant.
Otras que han sido usurpadas son Guillermo Cuesta Valle, en poder de la Oabi, y Matarras, cuyos dueños son de una sociedad anónima.
“Queremos que se nos dé respuesta a las invasiones de tierra porque cada día se complica más la situación. No sabemos quiénes están detrás de las usurpaciones y quiénes los están dirigiendo. Hay un repunte de invasiones que están dejando pérdidas económicas en millones. La empresa privada ha querido sacar adelante esta región, pero con las políticas oscuras no sabemos para quiénes estamos trabajando”, aseguró Saúl Alemán, presidente de la Cámara de Comercio de Tocoa.
El 22 de febrero se cumplió un año de la firma de un convenio entre el gobierno de Xiomara Castro, campesinos aglutinados a la Plataforma Agraria del bajo Aguán y los agroindustriales.
En el mismo, las autoridades se comprometieron a no ordenar desalojos, no violentar los derechos humanos y dejar que los campesinos que tienen invadidas las fincas cosechen la fruta de las plantaciones en producción.
Asimismo, prometieron encontrarle una salida a la problemática analizando los títulos de propiedad que posee el campesinado y los inversionistas de la palma.
Abandonados
Por otra parte, los empresarios también exigieron al actual Gobierno obras de infraestructura para esta región.
Reparación de la carretera CA-13 desde El Progreso hasta Trujillo, una nueva línea de conducción de energía eléctrica, categoría superior del aeropuerto Golosón de La Ceiba con aduana bimodal y ampliar el Puerto de Castilla.
