Tegucigalpa, Honduras.
El fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar dijo en una entrevista a diario LA PRENSA que la decisión del Congreso Nacional sobre el juicio político al que lo quería someter el partido Libre manda un mensaje claro: que ese no es un instrumento para defender intereses particulares ni intereses de políticas sectarias.
La semana pasada, el diputado de Libre, Edgardo Castro, solicitó que se sometiera a juicio político al Fiscal Adjunto, señalándolo por tráfico de influencias y otras supuestas irregularidades cuando ejerció su cargo como ministro de la Serna en la administración pasada.
La mayoría de diputados, 78, declaró inadmisible la solicitud.
-¿A qué le atribuye que un partido político haya promovido que se someta a juicio político?
Las discusiones en el Congreso Nacional evidenciaron dos extremos, sobre todo porque la mayoría se opuso a dar por admitida la solicitud; el juicio político no debe utilizarse por intereses particulares ni como posible vía para amedrentar a operadores de justicia. De nadie es desconocido, porque además lo hizo público el Partido Libre en una manifestación antes de la solicitud del juicio político, que su intención era frenar una querella privada que estaba llevando a cabo mi esposa en contra de un periodista militante de Libre.
No puedo caer en ese tipo de chantajes políticos. Era peligroso utilizar este juicio político para tratar de frenar el avance de una institución como el Ministerio Público.
-¿Siente que la petición de juicio político era para amedrentar su trabajo en el Ministerio Público?
Era peligroso sentar ese precedente. Tenemos claro que en las últimas acciones que hemos hecho como servidores públicos del sector de la justicia hemos tocado altos intereses y hay personas que están incómodas con el trabajo que hemos hecho y esto siempre va a generar reacciones, pero tenemos que estar listos para eso; tampoco puedo decir que con esto ya estamos vacunados dentro del Ministerio Público ante futuras acciones. La decisión del Congreso Nacional manda un mensaje claro: que ese no es un instrumento para defender intereses particulares ni intereses de políticas sectarias en contra de servidores públicos del sector de la justicia que se están desempeñando correctamente.
-¿Qué personas cree que se sienten afectadas con el trabajo del Ministerio Público?
Es complicado decirlo porque ha sido un abanico de acciones. La ciudadanía ha sido testigo de eso, de criminalidad organizada, de criminalidad de cuello blanco, hasta criminalidad común.
-¿Vincula la querella de su esposa contra un grupo de periodistas con esta posición de Libre?
Eso no lo digo yo. Lo dijo Libre en una manifestación previa, donde dejó sentada su postura de que, si continuaba con esa acción, en palabras de ellos, “de amedrentar medios de comunicación”, iban a presentar el juicio político. No hay que confundir un tema estrictamente personal en que se está solicitando la deducción de responsabilidad individual de una persona e intentar politizarlo. Se trataba de defender un interés particular y no general.
-Lo acusan de tráfico de influencias. ¿Cómo toma esto?
Lo tomo como las demás denuncias planteadas en ese escrito: como absolutamente falso. Además se trata de declaraciones genéricas donde se dice que se traficaba con licencias ambientales; incluso se menciona el tráfico de licencias relacionadas con la minería. Solo por dar un ejemplo, durante mi administración no se otorgó una sola licencia ambiental referida a la minería porque solicitamos una veda mientras se aprobaba la nueva Ley de Minería, que fue la que impulsamos. Desde ahí se puede ver que es una acusación equivocada. También se me acusaba de rotaciones de fiscales a puestos claves a otras fiscalías cuando cualquier persona que conoce la Ley del Ministerio Público sabe que el Fiscal Adjunto no tiene facultad de rotar fiscales; no lo he hecho. Esos son dos ejemplos que dan el panorama de argumentos que tenían denunciados en la solicitud.
-En el argumento además se habla de venta de transformadores de la Enee, ampliación de permisos ambientales a camaroneras, a Gas del Caribe.
Ellos hicieron referencia a eso porque efectivamente se hicieron denuncias en su momento, y así fue. Denuncié cuando era ministro de la Serna que había personas dentro del Ministerio Público interesadas en perjudicarme; se abrieron expedientes investigativos, pero todas las denuncias están formuladas y presentadas como si fueran existentes, y ya todas están archivadas. En el caso de Gas del Caribe están en análisis por el alto volumen. Todas esas denuncias fueron archivadas antes de que yo entrara como Fiscal General Adjunto y en algunas de esas denuncias ni siquiera soy el encargado. En el caso de las camaroneras, la denuncia no era contra su servidor, sino contra el titular de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental en mi administración, pero no iba referida a mí.
-El expresidente Mel Zelaya dijo en su intervención en el Congreso Nacional que no es correcto que usted tenga abiertos bufetes a su nombre y familiares. ¿Qué dice al respecto?
Estoy de acuerdo y no tengo bufetes a mi nombre. Tengo la excusa que presenté; no ahorita, sino desde antes. Expliqué que conformábamos un bufete hace más de 10 años con un grupo de abogados, incluidos mi esposa, pero que desde que entré en la Secretaría de Recursos Naturales no laboraba en el bufete y cuando entré a la fiscalía general adjunta le solicité al bufete que extrajera mi nombre de la papelería y del nombre comercial del bufete y efectivamente se hizo. La denuncia va referida a un posible tráfico de influencias en cuanto a los casos que llevan en el ámbito penal. Nuevamente, esto refleja un desconocimiento de las acciones del Fiscal Adjunto; no llevo expedientes, no llevo casos penales. Mis funciones son estrictamente administrativas y ahora por delegación del Fiscal General llevo materia de cooperación externa y capacitación; no llevo expedientes ni casos. Entonces de qué tipo de influencias se está hablando.
-A raíz de todo esto ¿pensó renunciar a su cargo?
Es una decisión muy personal, pero por esta coyuntura, desde luego que no. En ningún momento me pasó por la mente.
-¿Lo reconfortó el apoyo que le dieron en el Congreso Nacional?
Por supuesto que me alegró porque muestra una madurez jurídica de nuestros diputados en defensa de la institucionalidad, no en defensa de Rigoberto Cuéllar, sino de la institucionalidad y del Estado democrático.
-Con los pasos que se están dando, con las capturas de narcotraficantes y exfuncionarios, ¿se puede decir que se está acabando con la impunidad en el país?
Se están haciendo esfuerzos visibles para luchar contra la impunidad.
-Hay sectores de la sociedad que dicen que en el escándalo del Seguro Social no se han tocado “peces gordos”. ¿Qué dice al respecto?
Lo que puedo decir al respecto, porque no conozco al detalle las investigaciones, es que desde la Fiscalía General se está dando todo lo necesario para que el equipo de fiscales que lleva estas causas las lleve con objetividad y responsabilidad. Hay investigaciones en curso y hay que esperar los resultados. Creo que se han mandado mensajes muy claros de cambios, que se quieren hacer bien las cosas.
El fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar dijo en una entrevista a diario LA PRENSA que la decisión del Congreso Nacional sobre el juicio político al que lo quería someter el partido Libre manda un mensaje claro: que ese no es un instrumento para defender intereses particulares ni intereses de políticas sectarias.
La semana pasada, el diputado de Libre, Edgardo Castro, solicitó que se sometiera a juicio político al Fiscal Adjunto, señalándolo por tráfico de influencias y otras supuestas irregularidades cuando ejerció su cargo como ministro de la Serna en la administración pasada.
La mayoría de diputados, 78, declaró inadmisible la solicitud.
-¿A qué le atribuye que un partido político haya promovido que se someta a juicio político?
Las discusiones en el Congreso Nacional evidenciaron dos extremos, sobre todo porque la mayoría se opuso a dar por admitida la solicitud; el juicio político no debe utilizarse por intereses particulares ni como posible vía para amedrentar a operadores de justicia. De nadie es desconocido, porque además lo hizo público el Partido Libre en una manifestación antes de la solicitud del juicio político, que su intención era frenar una querella privada que estaba llevando a cabo mi esposa en contra de un periodista militante de Libre.
No puedo caer en ese tipo de chantajes políticos. Era peligroso utilizar este juicio político para tratar de frenar el avance de una institución como el Ministerio Público.
-¿Siente que la petición de juicio político era para amedrentar su trabajo en el Ministerio Público?
Era peligroso sentar ese precedente. Tenemos claro que en las últimas acciones que hemos hecho como servidores públicos del sector de la justicia hemos tocado altos intereses y hay personas que están incómodas con el trabajo que hemos hecho y esto siempre va a generar reacciones, pero tenemos que estar listos para eso; tampoco puedo decir que con esto ya estamos vacunados dentro del Ministerio Público ante futuras acciones. La decisión del Congreso Nacional manda un mensaje claro: que ese no es un instrumento para defender intereses particulares ni intereses de políticas sectarias en contra de servidores públicos del sector de la justicia que se están desempeñando correctamente.
-¿Qué personas cree que se sienten afectadas con el trabajo del Ministerio Público?
Es complicado decirlo porque ha sido un abanico de acciones. La ciudadanía ha sido testigo de eso, de criminalidad organizada, de criminalidad de cuello blanco, hasta criminalidad común.
-¿Vincula la querella de su esposa contra un grupo de periodistas con esta posición de Libre?
Eso no lo digo yo. Lo dijo Libre en una manifestación previa, donde dejó sentada su postura de que, si continuaba con esa acción, en palabras de ellos, “de amedrentar medios de comunicación”, iban a presentar el juicio político. No hay que confundir un tema estrictamente personal en que se está solicitando la deducción de responsabilidad individual de una persona e intentar politizarlo. Se trataba de defender un interés particular y no general.
-Lo acusan de tráfico de influencias. ¿Cómo toma esto?
Lo tomo como las demás denuncias planteadas en ese escrito: como absolutamente falso. Además se trata de declaraciones genéricas donde se dice que se traficaba con licencias ambientales; incluso se menciona el tráfico de licencias relacionadas con la minería. Solo por dar un ejemplo, durante mi administración no se otorgó una sola licencia ambiental referida a la minería porque solicitamos una veda mientras se aprobaba la nueva Ley de Minería, que fue la que impulsamos. Desde ahí se puede ver que es una acusación equivocada. También se me acusaba de rotaciones de fiscales a puestos claves a otras fiscalías cuando cualquier persona que conoce la Ley del Ministerio Público sabe que el Fiscal Adjunto no tiene facultad de rotar fiscales; no lo he hecho. Esos son dos ejemplos que dan el panorama de argumentos que tenían denunciados en la solicitud.
-En el argumento además se habla de venta de transformadores de la Enee, ampliación de permisos ambientales a camaroneras, a Gas del Caribe.
Ellos hicieron referencia a eso porque efectivamente se hicieron denuncias en su momento, y así fue. Denuncié cuando era ministro de la Serna que había personas dentro del Ministerio Público interesadas en perjudicarme; se abrieron expedientes investigativos, pero todas las denuncias están formuladas y presentadas como si fueran existentes, y ya todas están archivadas. En el caso de Gas del Caribe están en análisis por el alto volumen. Todas esas denuncias fueron archivadas antes de que yo entrara como Fiscal General Adjunto y en algunas de esas denuncias ni siquiera soy el encargado. En el caso de las camaroneras, la denuncia no era contra su servidor, sino contra el titular de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental en mi administración, pero no iba referida a mí.
-El expresidente Mel Zelaya dijo en su intervención en el Congreso Nacional que no es correcto que usted tenga abiertos bufetes a su nombre y familiares. ¿Qué dice al respecto?
Estoy de acuerdo y no tengo bufetes a mi nombre. Tengo la excusa que presenté; no ahorita, sino desde antes. Expliqué que conformábamos un bufete hace más de 10 años con un grupo de abogados, incluidos mi esposa, pero que desde que entré en la Secretaría de Recursos Naturales no laboraba en el bufete y cuando entré a la fiscalía general adjunta le solicité al bufete que extrajera mi nombre de la papelería y del nombre comercial del bufete y efectivamente se hizo. La denuncia va referida a un posible tráfico de influencias en cuanto a los casos que llevan en el ámbito penal. Nuevamente, esto refleja un desconocimiento de las acciones del Fiscal Adjunto; no llevo expedientes, no llevo casos penales. Mis funciones son estrictamente administrativas y ahora por delegación del Fiscal General llevo materia de cooperación externa y capacitación; no llevo expedientes ni casos. Entonces de qué tipo de influencias se está hablando.
-A raíz de todo esto ¿pensó renunciar a su cargo?
Es una decisión muy personal, pero por esta coyuntura, desde luego que no. En ningún momento me pasó por la mente.
-¿Lo reconfortó el apoyo que le dieron en el Congreso Nacional?
Por supuesto que me alegró porque muestra una madurez jurídica de nuestros diputados en defensa de la institucionalidad, no en defensa de Rigoberto Cuéllar, sino de la institucionalidad y del Estado democrático.
-Con los pasos que se están dando, con las capturas de narcotraficantes y exfuncionarios, ¿se puede decir que se está acabando con la impunidad en el país?
Se están haciendo esfuerzos visibles para luchar contra la impunidad.
-Hay sectores de la sociedad que dicen que en el escándalo del Seguro Social no se han tocado “peces gordos”. ¿Qué dice al respecto?
Lo que puedo decir al respecto, porque no conozco al detalle las investigaciones, es que desde la Fiscalía General se está dando todo lo necesario para que el equipo de fiscales que lleva estas causas las lleve con objetividad y responsabilidad. Hay investigaciones en curso y hay que esperar los resultados. Creo que se han mandado mensajes muy claros de cambios, que se quieren hacer bien las cosas.
