02/12/2025
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El Copinh protesta frente a juzgados de Tegucigalpa  

  • 11 noviembre 2016 /

Piden el encarcelamiento de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

Tegucigalpa, Honduras

Integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) protestaron este viernes frente a los Juzgados de Letras de lo Penal de Tegucigalpa exigiendo el encarcelamiento de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

Darío Roberto Cardona, exfuncionario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), se encuentra en audiencia inicial acusado por el delito de abuso de autoridad en caso del proyecto Agua Zarca, proyecto ligado a la muerte de la ambientalista.

Olivia Zúniga, hija mayor de Berta Cáceres, dijo que 'hemos venido porque hoy se celebraba una audiencia contra dos exviceministros de la Serna, con el señor Jonathan Laínez y otro señor de apellido Argueta, se nos propuso negociar y conciliar y ellos han pedido perdón pero nosotros reafirmamos que la justicia no es negociable. No vamos a negociar con corruptos'.

La coordinadora del Copinh fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su vivienda en la localidad occidental de La Esperanza.

'Seguimos exigiendo justicia para Berta Cáceres, queremos que se inicien nuevas líneas de investigación contra la cúpula de DESA y entes internacionales', añadió.

Por el crimen de Cáceres están detenidos Douglas Bustillo; Mariano Díaz, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado, y Sergio Rodríguez, empleado de la hidroeléctrica 'Agua Zarca', que pretende desarrollar la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en el occidente del país, y al que se oponía la ambientalista.

También está detenido Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson, a quien las autoridades le decomisaron un revólver calibre 38, con el que habría sido asesinada Cáceres.

Bustillo, Díaz y Rodríguez son considerados 'autores intelectuales de manera intermedia' en el asesinato de Berta Cáceres, mientras que los hermanos Duarte y Rápalo Orellana son señalados como autores materiales, señaló el director de la ATIC.

La ambientalista gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de haber denunciado amenazas de DESA por haber encabezado movilizaciones contra la construcción de una represa de esa empresa en el río Gualcarque, en las comunidades indígenas lencas.