Hablar del conflicto bananero en Isletas, Sonaguera, Colón es remontarse al 26 de mayo de 1975 cuando se constituyó la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (Eaci) bajo los artículos 111 al 125 de la Ley de Reforma Agraria.
La empresa inició operaciones con 446 socios y fue creada luego que la Standard Fruit Company (hoy Standard Fruit de Honduras) abandonó las tierras que el Gobierno le había dado en concesión, según acuerdos del 13 de mayo de 1921, 25 de mayo de 1922 y del 5 de junio de 1950.
Las razones fueron dos, el paso del huracán Fifí en septiembre de 1974 que arrasó 7,200 acres de fincas bananeras.
Antes del huracán la Standard exportaba 50.5 millones de cajas de banano de 40 libras. Ese año solo lograron exportar 35.2 millones de cajas.
La otra razón fue la creación de un nuevo impuesto del Gobierno por cada caja exportada.
A inicios de 1975 el Estado recuperó dichas tierras que sumaban 7,109 hectáreas, ubicadas en Sonaguera y en Trujillo. Los campesinos hicieron gestiones para que el Instituto Nacional Agrario (Ina) les traspasara las tierras para producirlas logrando que el Gobierno se las entregara. A través de los años las pagaron y legalizaron a nombre de la Eaci.
Los socios campesinos empezaron a sembrar y administrar la recién cooperativa, bajo la tutela de la Corporación Hondureña del Banano (Cohbana) que fue creada por el Gobierno un 3 de octubre de 1975 la cual era dirigida por militares.
Cohbana era la que vendía la fruta a la Standard que quedó solo comprando la producción.
La Eaci producía unas 5 millones de cajas de banano al año.
“La Eaci iba por buen camino, lamentablemente se unieron trabajadores y exsocios que le dieron golpe a la primera junta directiva”, apuntó un extrabajador de la Eaci que pidió a LA PRENSA el anonimato y que ahora labora para la Standard.
“El primero que dio un golpe fue Rafael Antonio Sánchez en conjunto con los militares, que después fue asesinado en La Ceiba. Luego a él también lo sacaron por la fuerza de la junta directiva de la Eaci”, agregó el extrabajador de la Eaci.
El último golpe fue a Atilio Villalobos quien era secretario general. Esto provocó una escalada de asesinatos con los escuadrones de la muerte.
“A inicios de los años 80 la Standard llegó a la zona porque nos debían cinco semanas de salario y Cohbana no le daba el dinero a la Eaci para pagarnos. Los socios corrieron a Cohbana y entraron a negociar la venta de la fruta directamente con la Standard”, recordó el extrabajador de la Eaci.
La Cohbana fue derogada a finales de 1989. La Eaci poco a poco se fue hundiendo a raíz de la mala administración de los socios. La Standard que compraba la fruta asistía técnicamente a la empresa y hasta pagaba salarios.
Se hizo una campaña para vender la empresa a la Standard, que eran unas nueve fincas, El Carmen, Alianza, Balí, Copete, Nerones, Guanacaste A, Guanacaste B, La Paz y El Olvido. Hubo tres asambleas y se aprobó la venta.
Pero había que reformar la Ley de la Reforma Agraria ya que la ley prohibía la venta. Los socios de la Eaci comenzaron a presionar al Gobierno.
Fue así que el Congreso Nacional a solicitud del expresidente de la república Rafael Leonardo Callejas abolió la Reforma Agraria y dio paso a la Ley de Modernización del Estado en donde se aprueba ceder las tierras para industrializar la producción agraria.La venta se cerró en un poco más de 60 millones de lempiras.
Con las deducciones por los pagos que había hecho la Standard para mantener a flote la producción de banano, a cada campesino le tocó 25,139.24 lempiras. Al cambio de hoy, son aproximadamente unos 240 mil lempiras.
“La Eaci le vendió legalmente las fincas a la Standard. Los campesinos derrocharon esos dineros comprando carros y en bebida”, recordó el extrabajador de la EACI. “Fue un despojo que nos hicieron porque fueron mal vendidas”, dijo Norma Montes vocera de los campesinos.
Actualidad
Hoy algunos de los exsocios de la Eaci y los hijos de los ya fallecidos, buscan recuperar las tierras que en su momento vendieron.
A finales de octubre pasado invadieron las fincas, La Paz, Guanacaste y La Esperanza, propiedad de la Empresa Agrícola Santa Inés, subsidiaria de la Standard. Veinte días después los desalojó la policía con orden de un juez.
