Mario Rivera Vásquez, diputado del Partido Innovación y Unidad (Pinu) anunció ayer que pedirá una revisión y de ser necesaria una enmienda al artículo uno de la Ley de la Tasa de Seguridad Poblacional que modificó la finalidad y destino de los fondos recaudados mediante esta disposición impositiva.
Diario LA PRENSA reveló esta semana que en octubre de 2011 se practicó una misteriosa reforma al artículo uno de la referida normativa que en la parte referente a las finalidades establece literalmente que: “La presente ley tiene como propósito establecer mecanismos de fortalecimiento a las finanzas del Estado”.
No obstante, el artículo primigenio de la ley publicado en La Gaceta julio de 2011 establecía que “la presente ley tiene como propósito establecer mecanismos de fortalecimiento a los operadores de justicia a efecto de combatir eficientemente la amenaza a la convivencia pacífica y de seguridad personal y material de los habitantes y personas que se encuentran dentro del territorio nacional”.
Este cambio a la finalidad y destino de los recursos de la tasa de seguridad ha generado suspicacias y temores en diferentes sectores de la sociedad, en el sentido que parte de esos fondos estén siendo destinados a financiar el gasto corriente del gobierno central o que se desvíe para actividades políticas del partido de gobierno.
Llama la atención que la mayoría de los miembros del Congreso Nacional que fueron consultados en relación a esta reforma dijeron desconocer el momento en el que la misma fue aprobada en el seno del Poder Legislativo, lo que indica que la mayoría de congresistas fueron agarrados desprevenidos.
Para el caso, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado de Islas de la Bahía, Romeo
Silvestri, aseguró que recuerda perfectamente la aprobación del decreto de julio de 2011 que creó la tasa de seguridad, pero no se acuerda del momento que se hizo la reforma en referencia.
“De uno de los decretos si me acuerdo perfectamente, el otro, le digo sinceramente no me acuerdo de eso. No quiero ser irresponsable, el destino de los fondos eran expresamente para temas de seguridad”, aseveró.
El vicepresidente del Poder Legislativo, el democristiano Ramón Velásquez Nasar también dijo que no estuvo en ninguna reunión en la que se haya aprobado esa modificación a la ley. “Yo no he estado en ninguna sesión en lo que eso se haya decidido”.
Calificó de inaceptable de haberse hecho ese cambio a la finalidad de los recursos y afirmó que no estaría a favor de eso, porque cuando se aprobó la tasa de seguridad claramente se definió que el destino de los fondos era para la prevención y el combate del delito y no para gasto corriente del Gobierno.
Pedirá revisión
El parlamentario pinuista Mario Rivera Vásquez, tampoco se acordó del momento que la enmienda fue discutida y aprobada en el pleno legislativo. “La verdad yo no sabía que se hizo la reforma y no recuerdo que se haya tratado en las sesiones”.
No obstante, indicó que si esa modificación se hizo sin el conocimiento y consentimiento de los diputados pierde sentido la tasa de seguridad poblacional, porque su propósito fundamental es apoyar la lucha de los operadores de justicia contra la criminalidad y la delincuencia y no para fortalecer las finanzas públicas.
Reconoció que esa misteriosa enmienda a la ley deja abierta la posibilidad que los recursos captados del pueblo hondureño se destinen para otros fines que no son precisamente el combate del crimen.
Recordó que en el momento que se aprobó la ley la bancada del Pinu votó a favor de la misma, pero la reforma no recuerda que sometiera a la cámara de diputados.
El congresista lamentó que este tipo de cosas pasen en el Congreso Nacional y dijo que debería eliminarse esa modificación al artículo uno de la ley para que la finalidad de los fondos sea concretamente para el tema de seguridad y no para otros fines, porque “para eso se hizo y para eso votamos”.
¿Podrían solicitar una revisión o una enmienda de ese artículo? Se le preguntó a Rivera, quien respondió: “pues yo voy a presentarla y voy a trabajar en eso”.
Explicó que lo procedente hubiese sido que se hiciera una reconsideración al acta, pero como ya eso no es posible lo que queda es presentar un anteproyecto de ley, solicitando al pleno la reforma o la eliminación del artículo uno modificado de forma que quede el texto original del decreto que creó la tasa de seguridad.
Se pronunciarán
Por su parte, el coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Juan Ferrera, informó que esta semana se reunió con el equipo jurídico para analizar los reportajes publicados por diario LA PRENSA y anunció que el viernes próximo se pronunciarán públicamente sobre este punto y en torno a los señalamientos que se le han hecho a este organismo.
Reconoció que hasta antes de la publicación no se habían percatado de la reforma que se hizo a la ley en octubre de 2011 para cambiar la finalidad de los dineros captados por la tasa de seguridad, pero si es así consideró que se corre el riesgo que los fondos se desvíen para otras cosas.
Ferrera lamentó que el Gobierno y otros sectores pretendan responsabilizar al Comité Técnico de la lentitud y los atrasos en el desembolso de los fondos de la tasa de seguridad y dijo que eso más bien obedece a la falta de dinamismo y la tardía ejecución de las instituciones beneficiarias.
Exteriorizó su frustración de que no se valoren los esfuerzos que han venido haciendo los miembros del Comité Técnico para transparentar el uso de los recursos de la tasa de seguridad y dejó entrever su intención de renunciar a esa responsabilidad y que el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) designe a otro representante.
