Los más de 800 millones de dólares anuales que los criminales sustraen de la economía del Triángulo Norte, por medio de la extorsión, jamás vuelven a las manos de los verdaderos dueños.
Una vez que ejecutan la exacción y amasan el efectivo, los criminales adquieren bienes y servicios en un intento de ocultar, ante los ojos del público, la fortuna y lavarla para evadir la persecución legal.
Cálculos realizados por la Unidad de Investigación de LA PRENSA, considerando estimaciones de organizaciones gremiales, indican que las estructuras delictivas de Guatemala, Honduras y El Salvador despojan cada año a los transportistas de $103 millones, a las pequeñas empresas $657 millones y $60 millones a la gran empresa.
| Dato
Empresas A causa de la extorsión, muchas empresas registran altos costos operacionales
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Estos bienes, por ejemplo, mientras las autoridades y los acusados esperan una sentencia, estarán bajo el poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
Cuando los tribunales de sentencia absuelven a los acusados, la Oabi les devuelve los bienes, pero cuando les dicta sentencia condenatoria procede a la privación definitiva del dominio y a su distribución, según las indicaciones del artículo 78 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Ese artículo obliga a las autoridades a distribuir los bienes entre entidades de seguridad que combaten la criminalidad, en programas y proyectos sociales y de prevención de la violencia y a las alcaldías.
Esa ley no indica que, después del juicio, las autoridades deben entregarles el dinero a las víctimas, pues resulta imposible saber la cantidad de dinero que le correspondería a cada quien debido a que las organizaciones afectan a centenares de personas y convierten el efectivo en bienes.
Según José Francisco Zavala, director de la Oabi, “es difícil identificar la cantidad derivada de la extorsión; pero sí se establece la cantidad total de bienes de diversas causas”.
En los países vecinos, Guatemala y El Salvador, la situación es la misma. Los criminales extorsionan, las autoridades recuperan bienes y dinero; pero las víctimas siempre se quedan con las manos vacías.
“Las personas afectadas no pueden recuperar el dinero por el tipo de delito, pero sí pueden obtener un beneficio cuando los bienes pasan a programas que tienen una función social”, dijo David Omar Molina, director ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) de El Salvador.
En julio de este año, las autoridades salvadoreñas pusieron en marcha la operación Jaque y atacaron a la estructura financiera de la MS-13. Actualmente, las autoridades de Conab esperan la transferencia de los bienes.
“Es la primera vez que en El Salvador se les ha dado ese tipo de golpes a esas estructuras, estamos esperando los bienes. Le decomisaron a los pandilleros unos 120 vehículos, 50 inmuebles”, dijo.
| Economía
Los consumidores pagan más dinero porque las empresas gastan más en seguridad.
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“En cuanto a la extorsión es poco lo que hemos podido incautar, nuestra lucha ha estado enfocada fundamentalmente hacia la corrupción gubernamental y al narcotráfico”, dijo.
Tepeu recalcó que “la extorsión es ejecutada por las pandillas y pequeños grupos criminales, pero es un mal endémico en distintos municipios (...). Es una tarea que está pendiente”.
Coincide con sus colegas de El Salvador y Honduras en que los Gobiernos les pueden devolver el dinero, de manera indirecta a las víctimas, “por medio de la función social”.
Las autoridades policiales de Guatemala han logrado desarticular bandas de extorsionadores y capturar a mareros de El Salvador y Honduras; pero, hasta ahora, no han golpeado a la estructura financiera.
Todos los 30 millones de habitantes de los tres países pagan extorsión: el delito incide en los precios de los productos y servicios.
La distribución
La distribución, según la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
45% destino: unidades adscritas a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.
8% destino: Oficina Administradora de Bienes Incautados
8% destino: instituciones que ofrecen atención a víctimas.
4% destino: programas de protección de testigos
10 destino: personas que contribuyen a la obtención de pruebas.
10 destino: alcaldías donde están los bienes incautados
10 destino: programas y centros que trabajan en la prevención y rehabilitación de jóvenes adictos a drogas.
10 destino: Fondo Especial para la Prevención Social y Lucha Contra Criminalidad
