Tegucigalpa, Honduras.
Cerca de 700 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en Honduras en 2017 por la violencia de las pandillas, según un informe publicado hoy por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Comisionado hondureño de los Derechos Humanos.
El informe señala que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del organismo hondureño de derechos humanos recibió el año pasado '688 casos de denuncias por diversas vulneraciones, lo que representa a 1.424 personas, de las cuales el 49 por ciento (697) se concretó en desplazamiento forzado por la violencia'.
El 36 por ciento de esas personas abandonó su hogar por amenazas de muerte, 17,6 por ciento por asesinatos de familiares; 14,8 por ciento por extorsión y el 8,1 por ciento por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado, se añade en el documento.
El Distrito Central, donde se localiza Tegucigalpa, y San Pedro Sula son los municipios que concentran el 73 por ciento de los casos de desplazados internos, mientras que El Progreso, Choloma y Choluteca ocupan el 20 por ciento, según el documento 'Desplazamiento Forzado Interno en Honduras'.
La jefa interina de Acnur en Honduras, Lorena Nieto, dijo que el desplazamiento forzado representa 'un gran reto' para todos los países, por lo que requiere ser abordado de 'manera integral, organizada y solidaria'.
Un total de 59.788 hondureños han solicitado asilo en los últimos años, mientras que a 14.427 se les reconoce como refugiados, señaló la representante de Acnur, con motivo del Día Mundial del Refugiado.
Nieto recordó que el Gobierno de Honduras asumió el año pasado '14 compromisos y 28 acciones concretas' para enfrentar las causas estructurales de riesgo de las personas desplazadas por violencia y para garantizar que los refugiados y los solicitantes de asilo en el país tengan 'acceso a soluciones duraderas'.
Dijo que espera que este informe contribuya a que el Gobierno hondureño haga un 'ajuste' de políticas públicas, marcos legales, apruebe la Ley de Desplazamiento Forzado Interno y garantice que las personas desplazadas 'tengan acceso a las medidas idóneas de protección'.
El 48,7 por ciento de las víctimas son mujeres, y el 87,3 por ciento tiene entre 18 y 59 años de edad, señala el informe.
Destaca que un 2,6 por ciento de las personas desplazadas, al no encontrar respuestas efectivas y protección por parte del Estado, cruzaron fronteras en busca de mejorar su situación. Sin embargo, sufrieron procesos de deportación, por cuanto, se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad'.
El Comisionado de Derechos Humanos, Roberto Herrera, dijo que es difícil conocer la magnitud del fenómeno, ya que el desplazamiento interno ocurre 'silenciosamente', pero señaló que el informe permitirá visibilizar 'la gravedad del problema'.
Lamentó que el abordaje estatal del desplazamiento interno sigue caracterizándose por 'la atención empírica' ante la ausencia de mecanismos idóneos para la prevención, protección y solución duradera de las necesidades de las víctimas.
El informe señala que la respuesta del Estado en cuanto a prevención, protección y atención de los desplazados 'sigue siendo limitada en materia de atención a grupos vulnerables', ya que 'carece de medidas para la protección de las personas antes, durante y después del desplazamiento'.
Ante ello, Acnur y el organismo hondureño consideran 'urgente' que el país tenga 'herramientas de identificación' de los desplazados, así como promover la 'pronta' instalación de mecanismos de prevención, atención y protección de las víctimas.
Asimismo, instan al Estado de Honduras a adoptar 'medidas urgentes para brindar una respuesta eficaz, efectiva e integral, para la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado interno'. EFE
