San Pedro Sula, Honduras
Ni medicinas ni sistema había ayer en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. Los derechohabientes también denunciaron que reciben pésima atención.
De las 10 ventanillas del área de farmacia de este centro asistencial, solo dos estaban abiertas ayer por la mañana. Mientras tanto, los pacientes hacían largas filas esperando saber qué sucedía.
“El servicio para la tercera edad es muy malo. Llevamos horas esperando”, relató una de las afectadas, quien omitió su nombre.
La mujer de unos 65 años llegó a las 6:30 am. Hizo fila y al ver que no avanzaba se enteró de que no había sistema.
Junto a ella, decenas de derechohabientes que llegaron a reclamar sus medicamentos desde las primeras horas de la mañana hicieron la fila varias horas esperando que se restableciera el sistema.
Los afiliados se quejaron, pues los empleados de esta área optaron por abandonar sus puestos de trabajo y ni siquiera colocaron un rótulo para explicar el problema.
Desesperados y cansados de esta situación, que ya se ha repetido en tres ocasiones esta semana, un grupo de jubilados se unieron para reclamarles a las autoridades de la institución.
Los jubilados fueron atendidos por el jefe de farmacia, quien les explicó que solucionarían pronto el problema.
Tras varias horas de espera, al filo de las 11:00 de la mañana, los empleados retornaron a las ventanillas y empezaron a recibir manualmente las recetas de los derechohabientes.
Se van sin medicinas
Muchos esperaron varias horas solo para que les dijeron que no contaban con el fármaco.
“Primero es que no hay sistema y luego que no hay medicina. No es justo que nos tengan esperando tanto para decirnos que no hay. Es una grosería lo que nos hacen”, expresó uno de los jubilados.
El paciente viajó desde La Lima con varias recetas contra la presión, diabetes y nervios. Pero solo encontró uno de los medicamentos que necesita.
Piden paciencia
Nathan Stayerman, jefe de farmacia del Seguro Social, admitió que tenían un problema con el sistema para entregar medicinas, por lo que pidió paciencia a la población.
Reconoció el desabastecimiento. Actualmente, la institución cuenta con un abastecimiento del 60%.
Los más afectados son los pacientes que sufren de diabetes, hipertensión, colesterol, circulación. También faltan antibióticos.
“Cada receta debe ser digitada, se tiene que revisar si hay medicina y si el paciente no la ha llevado varias veces”, justificó el médico.
Explicó que cuando el sistema se va no deberían entregar medicinas para evitar problemas.
“Lo que hacemos es llamar a los abogados y levantar un acta para respaldar a la gente de ventanilla, que si se da un problema no son responsables”.
Stayerman manifestó que los empleados se retiraron de las ventanillas porque los derechohabientes los insultaron, culpándolos por la falta de sistema.
“Es una situación difícil y pedimos que nos entiendan”.
Pleito por la intervención
La determinación de nombrar una junta interventora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha despertado la inconformidad del sector obrero y el empresarial, que aseguraron que su participación no será reconocida.
Los miembros de la junta interventora notificaron ayer oficialmente a la junta directiva de esta institución el decreto ejecutivo que los autoriza a iniciar sus acciones en el IHSS.
Decreto
Según el Decreto Ejecutivo número PCM-011-2014, la comisión interventora fue nombrada por un término de 90 días calendario, con amplios poderes conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública para administrar el IHSS.
El decreto indica: “Para el cumplimiento de sus funciones (de la comisión interventora) queda facultada la Comisión Interventora para solicitar la colaboración, participación e integración de otras dependencias públicas o privadas que considere pertinentes”. Y agrega: “Manteniendo en todo caso comunicación y diálogo permanente con todos los sectores vinculados con el IHSS”; sin embrago, no señala que estas dependencias tendrán voz y voto en las decisiones de la junta interventora.
Textualmente, el documento indica que las funciones de esta junta, establecida, según la ley, para la toma tripartita de decisiones, quedan en suspenso.
“Quedan en suspenso en el ejercicio de sus funciones y a la disposición de la Comisión Interventora, durante la vigencia del presente Decreto Ejecutivo, la Junta Directiva, el director ejecutivo y el subdirector ejecutivo del Instituto Hondureño de seguridad Social”, dice el artículo 4.
El decreto explicó que la comisión interventora deberá rendir un informe en un plazo máximo de 30 días ante el titular del Poder Ejecutivo. Para ese entonces ya habrá tomado el poder el presidente electo Juan Orlando Hernández.
También se ordena que la comisión entregue una propuesta integral de reforma al Sistema de Previsión y Protección Social en un termino de 45 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto.
Pugilato
Esta suspensión plasmada en el decreto que da vida a la interventora creó un ambiente de discordia entre los miembros de la junta y la comisión.
Los obreros opinan que este documento desconoce los derechos que por ley y como mayores aportantes tienen sobre la institución autónoma.
“Se ha reconocido la intervención. Lo que no nos parece es la suspensión de los sectores representativos en el Seguro Social. Esta es una institución tripartita. Hay una ley; no es igual a otras instituciones. Está un tema humano de por medio que hay que resolver”, dijo Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores.
“Hay como una imposición. Se instala una comisión con poderes plenos, desconociendo una estructura conformada por derecho porque somos los representantes de los obreros”.
Indicó que el sector solicitó que este decreto se revise antes de ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, pese a que el documento señala que es de “ejecución inmediata”.
Para Humberto Lara, miembro de la CGT, la intervención fue mal formulada, ya que proviene de un sector que, de acuerdo con la aportación y el cumplimiento, no tiene plenitud de derechos.
“Los dueños del Seguro Social somos los trabajadores, los obreros, los empresarios. Somos los que aportamos y cotizamos. El Gobierno es el mayor deudor del Seguro; no tiene la solvencia moral para decir ‘voy a intervenir’ porque tiene una gran deuda”, señaló Lara.
La crítica del obrero se refiere a la deuda de L283 millones que tiene el Estado como patrono y 2,720 millones correspondientes a la cuota solidaria.
“Con esa deuda ya hubiéramos comprado medicina para los de hemodiálisis y otras enfermedades”.
Dejó también plasmada su desconfianza al indicar que “los mismos autores del Inprema (Instituto de Previsión del Magisterio)” son los asignados para intervenir el IHSS.
“Que tres personas sean magos y vengan a resolver la crisis del Seguro no lo encuentro. Lo que pueden hacer es lo mismo que hicieron en el Inprema: trastear una serie de cuestiones y dejarlo así. Los maestros nunca estuvieron conformes con lo que se hizo”.
Añadió que, de acuerdo con su percepción, esta acción interventora responde a un “interés sobre los fondos del IVM” (Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte), que tiene unos 14 mil millones de lempiras para pensiones y jubilaciones.
Con una postura menos confrontativa, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) señalaron que fue discordante el discurso de los interventores con lo plasmado en el decreto.
“Lo que nos acaban de informar es que no está separada la junta directiva, pero conforme a lo que dice el decreto es otra cosa”, manifestó Armando Urtecho, representante del Cohep en la junta directiva del IHSS.
Indicó que la postura de la empresa privada será dada a conocer totalmente mediante un comunicado emitido por la presidenta de este organismo, Aline Flores.
