Las presiones que se estarían originando desde los poderes Ejecutivo y Legislativo hacia el Judicial, pretenderían sobreponer el interés político sobre lo jurídico en el caso que se le sigue al ex presidente Manuel Zelaya Rosales.
El pasado viernes, el juez Claudio Aguilar se inhibió de conocer las dos acusaciones incoadas por el Ministerio Público en contra de Zelaya, por ser éste alto funcionario al ser juramentado diputado al Parlacen.
En tal sentido, el Código Procesal Penal establece que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá seleccionar a uno de sus magistrados para fungir como juez natural y conocer las etapas preparatorias e intermedias de los procesos. En primera instancia el magistrado nombrado deberá resolver si procede o no el escrito de nulidad de los juicios, solicitado por dos defensores públicos. Se prevé que en esta semana el presidente de la CSJ, Jorge Rivera, estaría convocando al pleno para hacer la selección.
Reuniones
Al parecer el tema de la escogencia del juez es de importancia de algunos sectores para favorecer a Zelaya en los juicios que enfrenta por incurrir supuestamente en actos de corrupción.
Ayer se conoció que asesores de un poder del Estado convocaron a 11 magistrados de la CSJ, pero excluyeron a cuatro. La mayoría de los convocados prefirió no asistir al encuentro, a pesar de la sugerencia de aceptar la invitación.
El propósito sería que se nombre a un juez natural proclive a intereses políticos. El objetivo es que el expresidente retorne a Honduras sin necesidad de enfrentar la justicia, mediante la anulación de los juicios. Informes obtenidos revelan que se negocian los nombres de dos magistrados, los que se encuentran entre los convocados por un alto asesor.
Ayer se conoció que algunos magistrados no se encontraban en la CSJ al estar atendiendo otras diligencias no relacionadas al tema. Entre tanto, se informó que el titular de la Corte Suprema de Justicia se encontraba en una reunión en El Zamorano.
Una fuente oficial ligada al Congreso Nacional reveló que cuatro magistrados se encuentran en la mira para ser destituidos por los diputados. La amenaza se habría externado si no acceden a los intereses políticos en la selección del juez natural.
Pleno nombrará a juez
El portavoz de la CSJ, Danilo Izaguirre, aseguró que los magistrados no atienden llamados de políticos para seguir indicaciones. “No hay ningún juez, ningún magistrado está obligado a asistir a este tipo de reuniones porque la ley no se negocia.
La ley es un mandato, no es una negociación”, expresó. Por tanto, lamentó que se satanice al afirmar que la CSJ está alineada. “Aquí se cumple lo que indican los procedimientos establecidos en la ley”, afirmó el vocero.
Diferenció que los magistrados se pueden reunir con funcionarios para tratar otros temas o escuchar opiniones. “No pueden ordenar, éste es un poder independiente”, recalcó. Sobre el proceso de selección del juez natural explicó que una vez que Aguilar remita los expedientes, la CSJ tiene 72 horas para convocar al pleno.
Se prevé que entre el miércoles y jueves de esta semana se realizará la sesión del pleno para decidir a quién se nombra como juez natural, informó. En el pleno se pide a los 15 magistrados quién quiere ser el juez natural. Al no existir algún voluntario se hacen propuestas y se procede a una votación para nombrarlo por mayoría de votos. Entretanto, afirmó que la selección se hará en base a lo que dispone la ley y que el juez actuará con independencia, basado en lo que establece el estamento legal. En el Ministerio Público se confía que las actuaciones del juez natural estén basadas en la ley.
“El juez resuelve dentro de lo que él cree está dentro del marco legal”, dijo el fiscal adjunto, Roy Urtecho. Sobre si hay intereses políticos en la escogencia del juez respondió que “creemos siempre que debemos de respetar la independencia de los jueces. Creemos en la institucionalidad que venimos siempre respetando”.
Respeto a independencia
El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), Teodoro Bonilla, exigió respeto al Poder Judicial.
“Los poderes son independientes, sin subordinación y complementarios, eso lo señalan los tratados internacionales y la Constitución, la justicia la ejercen los jueces, éstos están sometidos a Dios, la Constitución y las leyes”, afirmó.
Por lo tanto, los fallos judiciales deben ser libres de cualquier interferencia política, económica o de cualquier tipo. “Cualquier recomendación o intervención que sugiera acciones se califica como sedición y el Ministerio Público podrá ejercer de oficio la acción pública o por demanda del agraviado”, advirtió.
“La independencia garantiza justicia, de lo contrario surge la inseguridad jurídica; los jueces y magistrados deben estar libres de cualquier presión”, precisó el magistrado.
UCD denuncia intervención del Gobierno en labor de la CSJ
La Unión Cívica Democrática (UCD) demandó que se paren las presiones al Poder Judicial para la escogencia del juez natural.
Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron convocados por Arturo Corrales para una reunión, a un desayuno, previo al nombramiento del juez natural, denunció Jimmy Dacareth, coordinador de la UCD, en el programa Frente a Frente.
“Deben evitarse las presiones sobre este caso, deben permitir estos dos poderes del Estado la libertad de los jueces y magistrados en la aplicación de la ley”, declaró.
Asimismo, denunció que recientemente Corrales le llamó para pedirle apoyo en el sentido que la UCD no interfiera en una solución política de este caso.
Reseñó que persiste la presión internacional sobre los casos del ex mandatario. “Sabemos de la presión que está teniendo el sistema judicial en el sentido de poder anular los juicios del expresidente Zelaya y sus colaboradores”, expresó.
Destacó que los magistrados no aceptaron ir al desayuno y no están dispuestos a ceder a las presiones para no quebrantar el Estado de Derecho.
En aras de la transparencia instó al Ejecutivo a aclarar por qué convocan a magistrados a puerta cerrada.
“Si yo me escondo es que nada bueno estoy haciendo”, dijo. A su parecer, la corrupción de Zelaya debe ser castigada para fortalecer la democracia.
“No es posible que el Gobierno siga buscando impunidad de los casos, todos debemos someternos a la ley”, dijo.
