San Pedro Sula, Honduras.
El juicio contra la Municipalidad sampedrana y que puede dejar a la ciudad sin obras durante un año continúa hoy con la audiencia de evacuación de pruebas y conclusiones.
El caso se ventila en el Juzgado de Letras de lo Civil en San Pedro Sula.
La Sociedad Mercantil Wagap S.de RL de CV promovió la demanda por incumplimiento de tres contratos de arrendamiento por tres lotes de terreno, pretendiendo cobrar un interés de 1,800% al año, lo que suma L929,406,700 lempiras, más las costas del juicio, por el supuesto pago de rentas adeudadas e indemnización de daños y perjuicios.
Esa cantidad equivale a lo presupuestado para hacer obras de infraestructura este año, lo que preocupa a los sampedranos.
“Nos parece que es un abuso este tipo de demandas porque no afectan a la Municipalidad sino a la ciudad”, dice el ciudadano Carlos Montes, quien se mostró sorprendido al conocer la demanda.
Según las autoridades municipales, los contratos a los que la denuncia hace referencia finalizaron el 31 de agosto del 2008 y fueron pagados en su totalidad. Además no fueron renovados y en la actualidad dichos predios están siendo ocupados por los vendedores del mercado Tara.
En una denuncia pública, el alcalde Armando Calidonio explicó que en junio de 2015 la Municipalidad contestó en tiempo y forma la demanda interponiendo, entre otros, un incidente para que la jueza encargada del caso diera cumplimiento al Decreto Legislativo 266-2013 donde se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley de Contratación de Estado y en consecuencia de este, se exija a los demandantes la rendición de una caución equivalente al 20% del valor reclamado, es decir, una caución de 185,881,340 lempiras.
Además, en caso que los demandantes no acreditaran dicha caución en el término de ley, las diligencias deben archivarse sin más trámite. Las autoridades municipales explican que la jueza encargada, aún reconociendo la disposición legal, únicamente se limitó a la suspensión del juicio violentando el debido proceso y de oficio ella misma interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 266-2013.
Ante esa resolución, la Municipalidad recurrió en Amparo ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula y, en marzo, se otorgó la garantía Constitucional de Amparo al pueblo sampedrano ordenándole a la jueza el cumplimiento del debido proceso. Hasta la fecha no se ha exigido la caución a los demandantes según la Municipalidad.
Los apoderados legales de la Municipalidad explicaron que solicitaron el interrogatorio de los tres demandantes y una vez finalizados se procederá a la etapa de conclusiones que son 30 minutos por cada una de las partes.
Una vez realizada la audiencia se suspenderá el juicio hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por la jueza y que pueda emitir sentencia en la demanda principal.
Los corporativos manifiestan que están alerta por lo que pueda pasar porque es una demanda que afecta directamente los intereses de los sampedranos. “En este caso nos mantenemos alerta porque son casi mil millones de lempiras los que pueden perderse” dijo el regidor José Antonio Rivera.
El juicio contra la Municipalidad sampedrana y que puede dejar a la ciudad sin obras durante un año continúa hoy con la audiencia de evacuación de pruebas y conclusiones.
El caso se ventila en el Juzgado de Letras de lo Civil en San Pedro Sula.
La Sociedad Mercantil Wagap S.de RL de CV promovió la demanda por incumplimiento de tres contratos de arrendamiento por tres lotes de terreno, pretendiendo cobrar un interés de 1,800% al año, lo que suma L929,406,700 lempiras, más las costas del juicio, por el supuesto pago de rentas adeudadas e indemnización de daños y perjuicios.
Esa cantidad equivale a lo presupuestado para hacer obras de infraestructura este año, lo que preocupa a los sampedranos.
“Nos parece que es un abuso este tipo de demandas porque no afectan a la Municipalidad sino a la ciudad”, dice el ciudadano Carlos Montes, quien se mostró sorprendido al conocer la demanda.
Según las autoridades municipales, los contratos a los que la denuncia hace referencia finalizaron el 31 de agosto del 2008 y fueron pagados en su totalidad. Además no fueron renovados y en la actualidad dichos predios están siendo ocupados por los vendedores del mercado Tara.
En una denuncia pública, el alcalde Armando Calidonio explicó que en junio de 2015 la Municipalidad contestó en tiempo y forma la demanda interponiendo, entre otros, un incidente para que la jueza encargada del caso diera cumplimiento al Decreto Legislativo 266-2013 donde se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley de Contratación de Estado y en consecuencia de este, se exija a los demandantes la rendición de una caución equivalente al 20% del valor reclamado, es decir, una caución de 185,881,340 lempiras.
Además, en caso que los demandantes no acreditaran dicha caución en el término de ley, las diligencias deben archivarse sin más trámite. Las autoridades municipales explican que la jueza encargada, aún reconociendo la disposición legal, únicamente se limitó a la suspensión del juicio violentando el debido proceso y de oficio ella misma interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 266-2013.
Ante esa resolución, la Municipalidad recurrió en Amparo ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula y, en marzo, se otorgó la garantía Constitucional de Amparo al pueblo sampedrano ordenándole a la jueza el cumplimiento del debido proceso. Hasta la fecha no se ha exigido la caución a los demandantes según la Municipalidad.
Los apoderados legales de la Municipalidad explicaron que solicitaron el interrogatorio de los tres demandantes y una vez finalizados se procederá a la etapa de conclusiones que son 30 minutos por cada una de las partes.
Una vez realizada la audiencia se suspenderá el juicio hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por la jueza y que pueda emitir sentencia en la demanda principal.
Los corporativos manifiestan que están alerta por lo que pueda pasar porque es una demanda que afecta directamente los intereses de los sampedranos. “En este caso nos mantenemos alerta porque son casi mil millones de lempiras los que pueden perderse” dijo el regidor José Antonio Rivera.
