Los primeros efectos negativos por la Ley de Exoneraciones aprobada por el Congreso Nacional comenzaron a sentirse ayer cuando dos grandes proyectos hoteleros que se construirían este año fueron colocados en situación stand by.
La cúpula empresarial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) esperó hasta que se aprobara la medida para hacer pública su oposición a la medida.
Daños al turismo
Dos megaproyectos hoteleros programados para desarrollarse en la capital del país están stand by como efecto de la decisión del Congreso de suspender las exoneraciones durante 60 días.
La aprobación de estas leyes han creado incertidumbre y, según Epaminondas Marinakis, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), hace que estos inversionistas detengan sus proyectos.
“He recibido dos llamadas de inversionistas preocupados sobre lo que va a pasar. Tuvimos comunicación, especialmente para dos hoteles que van a ser construidos aquí en Tegucigalpa, una inversión del Grupo Agrisal de El Salvador, de alrededor de 12.5 millones de dólares y el otro grupo que está pensando construir un Hyatt de 22.5 millones de dólares”, informó.
Ambos inversionistas ya tienen todos los procedimientos y basaron sus estudios en las leyes existentes, pero tras estas determinaciones del Legislativo “están preocupados porque si se emite esa ley, no harían su inversión, pues sus estudios de factibilidad y sus planes de negocio están basados en esos incentivos”.
Investigaciones
El sector del turismo no se opone a la eliminación de las exoneraciones, pero pide que se realicen investigaciones reales. “No queremos que se abuse de beneficios que son para incentivar la inversión”, dijo, pero aclaró que tampoco quieren que la gente que está usando bien la ley se sienta afectada.
Les solicitaron a los miembros de la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exenciones, Exoneraciones y Franquicias Aduaneras “que analicen bien y hablen con las personas que conocen el tema”, ya que este asunto tiene un impacto social muy fuerte.
El empresario del turismo señaló que pese a las exoneraciones de las importaciones de materia prima, “los inversionistas pagan el 12% del impuesto sobre ventas y el 4%.
Es un 16%, que es una cantidad grande de dinero, mucho más de lo que les van a exonerar por la importación que requieren por operar sus hoteles”.
Reacción tardía
La cúpula empresarial del país manifestó su oposición oficial a la vigencia de un decreto legislativo que suspende por 60 días las exoneraciones fiscales; a la vez les solicita a las autoridades competentes que no paralicen las exoneraciones y que no obstaculicen el comercio.
El Congreso Nacional aprobó el jueves por la noche un decreto legislativo con que determinó suspender, para efectos de revisión, todas las exenciones, exoneraciones y franquicias aduaneras que otorga la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, incluyendo las que estén pendientes de resolución hasta por un término de 60 días calendario contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, expresó que esta institución gremial reitera que no defenderán a evasores del fisco, pero que está en contra de la suspensión de las exoneraciones.
Además están anuentes a participar en la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exenciones, Exoneraciones y Franquicias Aduaneras, de la que esperan un desempeño profesional y transparente.
El Cohep, en un comunicado, indica su inquietud ante la determinación del Congreso Nacional de suspender por 60 días a partir de la fecha de publicación en La Gaceta todas las exoneraciones y beneficios fiscales otorgados o solicitados ante la Secretaría de Finanzas (Sefin), así como crear la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exoneraciones y Beneficios Fiscales.
Nuestra preocupación, continúa el texto, se basó en el contenido y alcance del anteproyecto de decreto presentado por el Poder Ejecutivo, como se le explicó al presidente del Poder Legislativo
mediante una carta que suscribiera la presidenta de Cohep, Aline Flores, en la que se deja claro que el Consejo tiene la voluntad de colaborar en los procesos orientados a combatir el abuso y uso ilegal de cualquier incentivo fiscal.
