San Pedro Sula, Honduras.
“Los megaproyectos como parte fundamental para el desarrollo nacional, el negocio de bienes raíces dominado por el narcotráfico y el poco acceso a ejidos municipales” son, según un estudio reciente hecho por Hábitat para la Humanidad, los factores determinantes para el encarecimiento de la tierra en el país.
El informe denominado Barreras de acceso al suelo para la vivienda social en Honduras señala que a nivel nacional hay un déficit de 1,138,018 habitacionales, de las cuales 435,167 son viviendas nuevas y 7,02,851 ocupan mejoramiento.
El mismo estudio indica que la problemática para la construcción de viviendas sociales en el territorio se ha agravado en los últimos 15 años, específicamente después del huracán Mitch.
Alcides Andrade, director ejecutivo del Instituto para la Cooperacion y Autodesarrollo (Icade) y miembro de la red de desarrolladores de vivienda social en Honduras, estima que cada año el déficit habitacional en el país crece en 100,000 hogares. Esto afecta principalmente a la población pobre que no tiene acceso a los recursos.
“Honduras debería estar produciendo como mínimo 32,000 viviendas cada año. Para 1998 se creía que el déficit era de 500,000 hogares y hoy por hoy esas cifras se han superado”, detalló Andrade.
Realidad local
San Pedro Sula, aún siendo la segunda ciudad más importante del país, no está exenta de la problemática que preocupa a los responsables de buscar una solución.
Urbanizadores consideran que en la Capital Industrial hay por el momento un déficit habitacional que supera fácilmente las 35,000 viviendas.
Juvenal Castro, presidente del Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (Cohvisol), manifestó que este número representa el 33% a nivel nacional, mismo que desde su perspectiva es alarmante. “Pasa que mucha veces no se tome en consideración a las personas que alquilan o quienes están en edad productiva para trabajar y que aún viven con sus padres, ellos también entran en el problema, ya que no tienen vivienda propia”, aseveró.
Castro refirió que Cohivisol ejecuta actualmente más de cinco proyectos de vivienda social en la ciudad, entre ellos residencial La Frontera, la Magdalena, Maya Hills (en el sector norte) y la terminación de Bosques de Jucutuma.
César Cárcamo, gerente de la regional de la Comisión de Acción Social Menonita, dijo que gran parte de la población afectada por déficit habitacional que hay en la ciudad está concentrada en los diferentes bordos, adonde hasta el momento se tiene pendiente el asentamiento de más de 15,000 familias.
Aprobación de ley
Luis Enrique Trondel, uno de los creadores del libro Barreras de acceso al suelo para la vivienda social en Honduras, resaltó la urgencia de la aprobación de la ley marco de vivienda y su reglamento.
Consideró que se deben definir normas habitacionales para implementar nuevos conceptos de desarrollo urbano, como redensificar áreas habitacionales, mayor ahorro energético, mejor aprovechamiento de la infraestructura para lograr una eficiencia urbana mediante la aplicación de códigos, normas, políticas sociales y ambientales que garanticen la convivencia humana en forma satisfactoria.
“Los megaproyectos como parte fundamental para el desarrollo nacional, el negocio de bienes raíces dominado por el narcotráfico y el poco acceso a ejidos municipales” son, según un estudio reciente hecho por Hábitat para la Humanidad, los factores determinantes para el encarecimiento de la tierra en el país.
El informe denominado Barreras de acceso al suelo para la vivienda social en Honduras señala que a nivel nacional hay un déficit de 1,138,018 habitacionales, de las cuales 435,167 son viviendas nuevas y 7,02,851 ocupan mejoramiento.
El mismo estudio indica que la problemática para la construcción de viviendas sociales en el territorio se ha agravado en los últimos 15 años, específicamente después del huracán Mitch.
Alcides Andrade, director ejecutivo del Instituto para la Cooperacion y Autodesarrollo (Icade) y miembro de la red de desarrolladores de vivienda social en Honduras, estima que cada año el déficit habitacional en el país crece en 100,000 hogares. Esto afecta principalmente a la población pobre que no tiene acceso a los recursos.
“Honduras debería estar produciendo como mínimo 32,000 viviendas cada año. Para 1998 se creía que el déficit era de 500,000 hogares y hoy por hoy esas cifras se han superado”, detalló Andrade.
Realidad local
San Pedro Sula, aún siendo la segunda ciudad más importante del país, no está exenta de la problemática que preocupa a los responsables de buscar una solución.
Urbanizadores consideran que en la Capital Industrial hay por el momento un déficit habitacional que supera fácilmente las 35,000 viviendas.
Juvenal Castro, presidente del Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (Cohvisol), manifestó que este número representa el 33% a nivel nacional, mismo que desde su perspectiva es alarmante. “Pasa que mucha veces no se tome en consideración a las personas que alquilan o quienes están en edad productiva para trabajar y que aún viven con sus padres, ellos también entran en el problema, ya que no tienen vivienda propia”, aseveró.
Castro refirió que Cohivisol ejecuta actualmente más de cinco proyectos de vivienda social en la ciudad, entre ellos residencial La Frontera, la Magdalena, Maya Hills (en el sector norte) y la terminación de Bosques de Jucutuma.
César Cárcamo, gerente de la regional de la Comisión de Acción Social Menonita, dijo que gran parte de la población afectada por déficit habitacional que hay en la ciudad está concentrada en los diferentes bordos, adonde hasta el momento se tiene pendiente el asentamiento de más de 15,000 familias.
Aprobación de ley
Luis Enrique Trondel, uno de los creadores del libro Barreras de acceso al suelo para la vivienda social en Honduras, resaltó la urgencia de la aprobación de la ley marco de vivienda y su reglamento.
Consideró que se deben definir normas habitacionales para implementar nuevos conceptos de desarrollo urbano, como redensificar áreas habitacionales, mayor ahorro energético, mejor aprovechamiento de la infraestructura para lograr una eficiencia urbana mediante la aplicación de códigos, normas, políticas sociales y ambientales que garanticen la convivencia humana en forma satisfactoria.