Al 85% de los imputados a los que se les siguen causas en la etapa preparatoria como en el proceso de juicio oral y público los representa la Defensa Pública.
En San Pedro Sula hay asignados 45 defensores públicos para una demanda que consideran bastante elevada. Los abogados de la etapa preparatoria llevan, cada uno, 35 y 45 causas, mientras que los defensores distribuidos en el juicio oral y público conocen de 19 a 25 expedientes.
La subcoordinadora de la Defensa Pública, María del Carmen Zavala, explicó que en el área penal no pueden negarse a prestar el servicio a ninguna persona que está siendo acusada. Aseveró que manejan casi el 85% de los expedientes que entran en los juzgados. Señaló que muchos juicios comienzan con abogados privados, pero después éstos presentan su renuncia por solicitud del imputado o por sus familiares. “Nosotros tenemos instrucciones a nivel direccional que antes de poder otorgar el beneficio de asistencia legal gratuita, el apoderado privado debe interponer su renuncia a efecto de poder conocer la causa”, refirió Zavala. En el Centro Integrado en la Primera Estación policial se atiende un promedio de 64 personas a la semana. También atienden en ese centro 56 personas en el turno nocturno al mes. En ambos horarios los casos en su mayoría son in fraganti. Los abogados contratados por el Estado conocen toda clase de delitos, los más reincidentes son el robo y la violaciones especiales.
Garantía al debido proceso
En San Pedro Sula ingresan al mes alrededor de 228 procesos al Juzgado Unificado de lo Penal. En toda la zona norte que cubre Santa Bárbara, El Progreso, Yoro, Puerto Cortés, incluyendo San Pedro Sula, la Defensa Pública maneja de 1,900 a 2,000 causas mensuales.
La subcoordinadora de la Defensa Pública destacó que en el primer trimestre del año pasado manejaron 2,150 casos. Indicó que más del 50% de la población que atendieron está libre o con medidas. “Los casos que conocimos han finalizado.
Estamos cumpliendo con garantizar el debido proceso a todos nuestros usuarios. También los defensores hacen actividades de investigación para acreditar la veracidad de los hechos; esto es para que haya un juicio justo respetando el debido proceso”, refirió. Señaló que en el Centro Integrado se encuentra una oficina de la Defensa Pública que está para velar por todos los derechos de quienes son privados de la libertad. “Nosotros somos la garantía de la persona desde el momento que está detenida para que su derecho de defensa no sea violentado”, dijo Zavala.
Comentó que la asistencia legal gratuita es asignada además de oficio cuando existen órdenes de captura o cuando en la audiencia señalada el imputado establece que no tiene un apoderado que lo defienda. “El debido proceso es garantizar que se cumplan con todas las reglas establecidas para la defensa de un imputado. Muchas veces no se puede obtener una sentencia absolutoria, pero en un buen porcentaje de casos la condición jurídica de la persona es mejorada. Además, la pena aplicable va conforme a los hechos que se están ventilando”, sostuvo.
El coordinador de la Defensa Pública, Jorge Gutiérrez, refirió que para descongestionar la carga judicial y que el caso no llegue a juicio oral y público, la defensa en la primera etapa puede solicitar una salida alterna cuando los delitos son leves y que la pena no exceda los seis años de prisión.
Esas salidas pueden ser un procedimiento abreviado, una suspensión de la persecución penal o una conciliación. El procedimiento abreviado es solicitado por la defensa cuando ha analizado bien el expediente y ve que la persona tiene participación en el delito. “Cuando las pruebas totalmente incriminan a nuestro representado, la forma más viable es pedir un procedimiento abreviado -sentencia condenatoria con la ventaja que baja la pena-.
Eso mejora la condición jurídica del imputado en el sentido que la pena es menos gravosa; pero todo se hace con el consentimiento de la persona”, dijo.
La asistencia legal gratuita a favor de una persona que supuestamente ha cometido un delito le cuesta al Estado cerca de 200,000 lempiras si un caso finaliza en juicio oral y público. Si en la etapa preparatoria surge una salida alterna del proceso, el costo es menor.
