San Pedro Sula, Honduras.
Tres de los estudiantes que se tomaron la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) comparecieron ayer en el Ministerio Público atendiendo a una cita, ya que las autoridades de la máxima casa de estudios los denunciaron.
Los universitarios Saúl Ovet Córdoba, Javier Hernández y Marco Rubí, junto a otros jóvenes se tomaron las instalaciones el martes de esta semana, así como también cerraron los portones de acceso al campus universitario, pero es contra ellos tres que la Fiscalía abrió investigaciones.
A eso de las 10:00 am los tres universitarios citados ingresaron a la Fiscalía de Instrucción a rendir sus declaraciones ante los fiscales.
Los estudiantes están siendo investigados por la supuesta comisión del delito de tentar el suelo o espacio correspondiente de un bien público. Al concluir dicha investigación el organismo acusador del Estado analizará si existe alguna acción penal para presentar contra ellos el requerimiento fiscal que corresponda.
Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público (MP) en la zona norte, informó ayer que a raíz de las denuncias que fueron puestas por las autoridades de la Unah-vs refiriéndose a que un grupo de universitarios se tomaron abruptamente el campus y cerraron los portones.
“El artículo número 231 del Código Penal vigente establece el delito en el que puede incurrir cualquier persona que atente contra un bien del Estado o un bien municipal. En ese sentido, se está investigando si los ahora denunciados cometieron estos actos que establece el Código Penal, tomándoles las declaraciones. La Fiscalía analizará todos los extremos para verificar si existe una acción penal para presentar los requerimientos”, manifestó.
Castigo penal
“Lo que se investiga es un delito de tentar contra el espacio correspondiente de un bien público y en este caso todo el inmueble de la Universidad es un bien del Estado y por tanto toda persona que proceda a irrumpir ejercicios de sus funcionamientos cae en una responsabilidad penal y puede ser castigado con una pena de tres a cinco años de prisión”, explicó el vocero.
Francisco Herrera, director de la Unah-vs, ya rindió su declaración. “Restaba únicamente que se les tomara declaración a los alumnos y una vez que se agoten los procedimientos la Fiscalía analizará si existe o no la responsabilidad penal”, reiteró Guzmán.
Los tres universitarios citados fueron acompañados de un grupo de estudiantes de distintos movimientos estudiantiles, quienes se solidarizaron con ellos. Saúl Ovet Córdoba, estudiante de la carrera de Sociología y coordinador de la Federación de Asociaciones Estudiantiles (FAE) es uno de los citados por la Fiscalía.
El joven manifestó que la Universidad primero debió desarrollar los procesos administrativos internos sino que acudió a órganos extrauniversitarios para solventarlos.
“Consideramos que es para intimidarnos, pero no lo van a cumplir. El martes hubo una manifestación de estudiantes en contra no solo de las normas académicas, sino que con esta acción judicial que la Universidad está emprendiendo contra los estudiantes”, expresó Córdoba.
El universitario dijo además que la toma que hicieron en las instalaciones de la Unah-vs son acciones de protesta que corresponden al derecho de cualquier ser humano.
“La acusación que se hace de tentar no aplica porque la tentación es el hecho de apropiarse y los estudiantes no nos estamos apropiando de la Universidad, no la estamos expropiando. Es una acción de protesta en defensa de nuestros derechos”, señaló el entrevistado.
Córdoba aseguró que con las reformas a las normas académicas lo que pretenden es sacar a 14,500 estudiantes de la máxima casa de estudios. Además, los cobros serán incrementados.
Apoyo
Claudia Trejo, coordinadora del Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya (MER-LZ) y pasante de la carrera de Sicología, expresó que ayer llegaron al Ministerio Público en apoyo a sus compañeros.
“Es injusto porque no cometieron ningún delito, ellos solo defienden los derechos de los estudiantes. Es una persecución la que tienen contra ellos por la lucha estudiantil”, manifestó.
“La protesta es por la manera arbitraria en que las autoridades están aprobando las normas académicas sin la participación legítima de los estudiantes universitarios”, comentó Josué Reyes, estudiante de la carrera de Administración Aduanera.
Tres de los estudiantes que se tomaron la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) comparecieron ayer en el Ministerio Público atendiendo a una cita, ya que las autoridades de la máxima casa de estudios los denunciaron.
Los universitarios Saúl Ovet Córdoba, Javier Hernández y Marco Rubí, junto a otros jóvenes se tomaron las instalaciones el martes de esta semana, así como también cerraron los portones de acceso al campus universitario, pero es contra ellos tres que la Fiscalía abrió investigaciones.
A eso de las 10:00 am los tres universitarios citados ingresaron a la Fiscalía de Instrucción a rendir sus declaraciones ante los fiscales.
Los estudiantes están siendo investigados por la supuesta comisión del delito de tentar el suelo o espacio correspondiente de un bien público. Al concluir dicha investigación el organismo acusador del Estado analizará si existe alguna acción penal para presentar contra ellos el requerimiento fiscal que corresponda.
Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público (MP) en la zona norte, informó ayer que a raíz de las denuncias que fueron puestas por las autoridades de la Unah-vs refiriéndose a que un grupo de universitarios se tomaron abruptamente el campus y cerraron los portones.
“El artículo número 231 del Código Penal vigente establece el delito en el que puede incurrir cualquier persona que atente contra un bien del Estado o un bien municipal. En ese sentido, se está investigando si los ahora denunciados cometieron estos actos que establece el Código Penal, tomándoles las declaraciones. La Fiscalía analizará todos los extremos para verificar si existe una acción penal para presentar los requerimientos”, manifestó.
Castigo penal
“Lo que se investiga es un delito de tentar contra el espacio correspondiente de un bien público y en este caso todo el inmueble de la Universidad es un bien del Estado y por tanto toda persona que proceda a irrumpir ejercicios de sus funcionamientos cae en una responsabilidad penal y puede ser castigado con una pena de tres a cinco años de prisión”, explicó el vocero.
Francisco Herrera, director de la Unah-vs, ya rindió su declaración. “Restaba únicamente que se les tomara declaración a los alumnos y una vez que se agoten los procedimientos la Fiscalía analizará si existe o no la responsabilidad penal”, reiteró Guzmán.
Los tres universitarios citados fueron acompañados de un grupo de estudiantes de distintos movimientos estudiantiles, quienes se solidarizaron con ellos. Saúl Ovet Córdoba, estudiante de la carrera de Sociología y coordinador de la Federación de Asociaciones Estudiantiles (FAE) es uno de los citados por la Fiscalía.
El joven manifestó que la Universidad primero debió desarrollar los procesos administrativos internos sino que acudió a órganos extrauniversitarios para solventarlos.
“Consideramos que es para intimidarnos, pero no lo van a cumplir. El martes hubo una manifestación de estudiantes en contra no solo de las normas académicas, sino que con esta acción judicial que la Universidad está emprendiendo contra los estudiantes”, expresó Córdoba.
El universitario dijo además que la toma que hicieron en las instalaciones de la Unah-vs son acciones de protesta que corresponden al derecho de cualquier ser humano.
“La acusación que se hace de tentar no aplica porque la tentación es el hecho de apropiarse y los estudiantes no nos estamos apropiando de la Universidad, no la estamos expropiando. Es una acción de protesta en defensa de nuestros derechos”, señaló el entrevistado.
Córdoba aseguró que con las reformas a las normas académicas lo que pretenden es sacar a 14,500 estudiantes de la máxima casa de estudios. Además, los cobros serán incrementados.
Apoyo
Claudia Trejo, coordinadora del Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya (MER-LZ) y pasante de la carrera de Sicología, expresó que ayer llegaron al Ministerio Público en apoyo a sus compañeros.
“Es injusto porque no cometieron ningún delito, ellos solo defienden los derechos de los estudiantes. Es una persecución la que tienen contra ellos por la lucha estudiantil”, manifestó.
“La protesta es por la manera arbitraria en que las autoridades están aprobando las normas académicas sin la participación legítima de los estudiantes universitarios”, comentó Josué Reyes, estudiante de la carrera de Administración Aduanera.
