El ministro de Gobernación y Justicia, Jorge Arturo Reina, puso en duda la credibilidad de los resultados de la evaluación de los funcionarios de este Gobierno porque asegura que, en su caso, se alteró la información de la inversión presupuestaria que hizo.
Reina advirtió al ministro de la Presidencia, Yani Rosenthal, que si lo que pretende es causarle algún daño político se van a enfrentar.
Al mismo tiempo le señaló al presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, que la renuncia la tiene en sus manos y que el acta de defunción aún no se la puede dar, por lo que tiene a su disposición su cargo.
Reina figura, junto a otros 15 servidores públicos, como uno de los peores burócratas, según la presentación del sistema de gerencia basado en resultados que dirigió el presidente Zelaya, por no cumplir con la meta de invertir en el sector social todos los 138 millones de lempiras asignados del presupuesto.
Sostiene que “a Gobernación se le dieron sólo 68 millones, no 138 como aparece y por eso se ve como que tuve un mal desempeño porque no invertí 70 millones más que no sé de dónde salen”.
Al enterarse de los datos del informe, Reina dijo que ordenó a los técnicos de su dependencia que corroboraran las cifras y, dice, se determinó que, en efecto, no tuvieron una partida mayor, como se establece en la investigación.
Para cerciorarse se efectuó una comparación con las archivos de la Secretaría de Finanzas y ahí, según Reina, también se indica que nada más se les destinaron 68 millones de lempiras.
De igual manera, personeros de la unidad de apoyo técnico, Unat, que elaboraron el informe, llegaron a esa dependencia para cotejar los números y así determinar si existió error en la recopilación de datos.
“Hablé con el Presidente y me dijo correctamente que estudiarían las cifras”.
A renglón seguido agregó: “No quiero darle rienda suelta a la imaginación, prefiero ver los datos completos y ver qué pasó, si fue un simple error de teclazo o qué”, dijo al consultarle si hay un revanchismo político de quien hizo la evaluación.
Junto a Reina, otros seis funcionarios se menciona que serían separados en enero por esta mala calificación, aunque el Presidente ha dicho que primero los escuchará para saber si hay justificación por la pobre labor que refleja el estudio.
Rojo de mi corazón
En la evaluación, a Reina se le tachó con colo rojo su labor por tener menos del 55 por ciento de la meta de inversión realizada, es decir, un nivel de alerta.
“Este rojo es el que menos me gusta... lo demás lo llevo en el corazón”, dijo en alusión a la tonalidad del Partido Liberal al que pertenece.
En respuesta a estas inquietudes, el presidente Zelaya dijo que cualquier dato que se considere correcto se puede corroborar en la página web de Finanzas, donde salen publicados los montos presupuestarios de cada dependencia.
El mandatario atribuye que puede haber inconsistencia con las informaciones debido a que una institución descuenta de su presupuesto cantidades determinadas al momento de suscribir un contrato que aún no ha sido cancelado, y Finanzas no tiene ese reporte si no hasta que emiten los cheques correspondientes, porque la obra ha sido terminada.
“Aquí no se trata de medir esfuerzo, se trata de medir resultados”, remarcó el mandatario en una reunión de correligionarios liberales efectuada en San Pedro Sula.
Dijo que la evaluación tiene como sentido buscar “cómo mejorar las condiciones del país y no estar en ese canibalismo terrible de quién se va o quién es malo; el objetivo es ver los errores para corregirlos”.
Aplazados
Entre los que en materia presupuestaria también quedaron reprobados aparecen el ministro de Educación, Rafael Pineda Ponce; el de Soptravi, Rosario Bonano y la de Salud, Jenny Meza.
Los dos primeros están en la lista de funcionarios que serían separados, según se especula. Los aplazados que dirigen instituciones descentralizadas son el ministro del Fhis, Marlon Lara; el titular de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, Roland Valenzuela y el de la comisión Nacional de Telecomunicaciones, Rasel Tomé.
Los funcionarios mejor calificados, quedaron la presidenta del Banco Central, Gabriela Núñez; la ministra de Finanzas, Patricia Santos y el de Seguridad, Álvaro Romero, entre otros.
Así las cosas, a los funcionarios aplazados sólo les queda esperar enero en busca de una “recuperación”.
