La policía migratoria española ha comenzado a realizar redadas luego de que la Unión Europea aprobara la ley de expulsión de inmigrantes ilegales, denunció ayer a la radio capitalina HRN Julia Aceituno Rubio, presidenta de la Asociación de Hondureños en la Provincia de Girona, España.
La 'directiva de retorno', aprobada por el Parlamento europeo el 17 de junio, promueve la expulsión de indocumentados de Europa e impone arrestos de hasta 18 meses a los ilegales que se nieguen a partir por iniciativa propia y una prohibición de cinco años de regresar a la UE.
Según informes de la Cancillería hondureña, unos 30 mil compatriotas viven en España y 50 mil en toda Europa.
Julia Aceituno relató que las autoridades españolas hacen redadas en lugares de diversión y les están advirtiendo a los inmigrantes sobre una inminente deportación si no oficializan su estadía en Europa, por lo que están dando un mes para que los hondureños y cualquier otro extranjero realicen sus trámites.
Aunque no se están haciendo detenciones, Rubio dio un mensaje a los hondureños: 'Ahora mismo no vale la pena que vengan a este país porque en el aeropuerto de Barcelona los envían de vuelta a Honduras; pierden su dinero, pierden todo'.
Al ser consultada sobre los papeles que les exigen las autoridades migratorias, dijo que los hondureños en España deben presentar un documento que demuestre que tienen tres años de vivir en ese país y otro que acredite que tienen un trabajo.
Con la nueva ley se han incrementado las inspecciones, lo que ha provocado que muchas empresas no quieran emplear a 'personas ilegales' porque las multas a pagar son demasiado altas.
Si el inmigrante no decide marcharse, la ley prevé que pueda ser detenido por una orden judicial y podría pasar de seis a 18 meses preso en un 'corralón'.
Una vez expulsado, el inmigrante no podrá regresar a Europa en cinco años, salvo que se vaya voluntariamente.
La norma también prevé que puedan ser expulsados los menores no acompañados, aunque con ciertas garantías.
Repudio total
La polémica 'directiva de retorno' ha provocado multitud de críticas en América Latina por las consecuencias 'violatorias' para los derechos humanos de los inmigrantes ilegales que tendrá la aplicación de esa ley.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, considera que la migración no debe ser criminalizada por los Estados receptores, pues con esto violentan los derechos humanos de esta población, al suprimir, sin justificación fundamentada y en forma irrazonable y desproporcionada, las libertades y los derechos fundamentales de estas personas.
Expresó que a medida que el fenómeno migratorio tiene un mayor impacto en la vida de millares de personas, se evidencia una mayor necesidad para que las instancias que velan por el pleno respeto de los derechos humanos centralicen su atención en la población migrante y sus familiares.
La migración es un fenómeno social originado en la necesidad de las personas de buscar mejores oportunidades de vida, dijo Custodio.
Consecuencias
Plazo de salida
La 'directiva de retorno' establece que a los indocumentados se les invitará a salir voluntariamente en un plazo de siete a 30 días.
Ocho millones
La UE calcula que podría haber hasta ocho millones de indocumentados de diferentes países del mundo en las 27 naciones del bloque.
Cifras
4,465 hondureños
Viven en la provincia de Girona, España, según datos proporcionados por Julia Aceituno.
18 meses
Podrán ser detenidos los indocumentados en la UE antes de ser expulsados, según la nueva ley.
