Tegucigalpa, Honduras.
En marzo de 2020 se cumplen cuatro años desde que el Consejo de la Judicatura (CJ) dejó de existir por una serie de anomalías y actos de corrupción de varios de sus miembros; pero a la fecha la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha dilatado la aprobación de la nueva normativa que sustituirá a ese organismo responsable de la administración financiera y del nombramiento y remoción de su personal jurisdiccional y administrativo.
El 14 de marzo de 2016, el actual pleno de magistrados declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y en consecuencia delegó amplias facultades al magistrado presidente Rolando Argueta para asumir las funciones de ese organismo en lo atinente a la administración financiera y de personal, mientras se aprobaba una nueva ley y se integraba el nuevo Consejo.
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En aquel momento se informó que se avanzaría lo más rápido en crear el nuevo órgano administrativo, pero ese compromiso no se ha cumplido.
Agilizar aprobación.
Sobre este asunto, en su reciente informe la Mesa de Evaluación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) conformada por representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Honduras, recomendó la pronta aprobación de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley del Consejo de la Judicatura para fortalecer y dotar de una mayor independencia a los jueces y fiscales.
Sobre el particular, Mario Díaz, expresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de la CSJ y coordinador de los tribunales de sentencia, ilustró que en esa materia el Poder Judicial sigue siendo administrado bajo la desfasada Ley de la Carrera Judicial que data de hace más de 30 años.
Explicó que la Constitución estipula que la parte administrativa debe ser ejercida por el Consejo de la Judicatura, pero en las actuales circunstancias esa función la ejerce el magistrado presidente como administrador general del Poder Judicial.
“Ese es un problema en el sentido de que se sigue manteniendo el viejo esquema de que la Corte ejerza funciones jurisdiccionales y administrativas, lo cual se pretendió cambiar cuando se hizo la reforma constitucional para crear la Ley del CJ”, afirmó.
En ese contexto, el jurista consideró que se trata de una “perversión” de las funciones de la Corte, porque, por ejemplo, la misma persona que debe conceder un permiso a un juez o empleado es la misma que debe resolver un recurso de apelación, lo cual implica un “trasiego en ese tipo de cosas”.
Díaz también lamentó que a esta altura solo exista un borrador de la nueva ley del Consejo y que en su elaboración no se les haya otorgado a los jueces y magistrados una mayor participación, siendo estos actores importante en la formulación de propuestas e ideas.
“El peligro es que haya un manejo autoritario en cuanto a la administración de personal, las sanciones y el manejo del presupuesto, ese es el peligro más importante”, indicó.
El profesional del Derecho urgió aprobar la ley en esa materia.
El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, informó a LA PRENSA que se ha avanzado sustancialmente en la formulación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial. Entre febrero y marzo de 2020 se remitirán al Congreso para su aprobación.
Indicó que las comisiones de magistrados que están a cargo de la elaboración de ambas legislaciones cuentan con un preliminar de los anteproyectos, y concretamente la Ley de la Carrera Judicial fue sometida a un proceso de socialización con los magistrados de apelaciones, jueces de paz, letras, ejecución y sentencia, así como secretarios y receptores para informar de los contenidos de las propuestas.
En el caso de la elaboración de la Ley Orgánica de la CSJ, dijo que se convocó a una consultoría apoyada por la Unión Europea que se adjudicó al abogado Leo Valladares Lanza, cuyo producto ya se entregó al Poder Judicial.
