San Pedro Sula, Honduras.
Frente a un escenario realmente sombrío, donde la impunidad permite que más del 75% de violadores y pederastas acusados anden sueltos, Flor Sosa, juez de La Ceiba, paradójicamente desde las calles le exige al sistema de justicia que capture y condene a los individuos que ultrajaron sexualmente a su niña de 16 años: Alejandra.
El Sábado de Gloria, en el interior de una de villa de playa, cerca de Sambo Creek, La Ceiba, tres individuos lujuriosos (dos mayores y un menor de edad) embaucaron a Alejandra para que bebiera un vaso de licor en el cual, de manera subrepticia, colocaron metanfetamina.
Cuando ellos creyeron que la niña estaba bajo los efectos de la anfeta o meth, como llaman a esta droga sintética que desinhibe y despierta el deseo sexual, los sujetos la despojaron de un traje de baño y la agredieron sexualmente frente a otros hombres que se encontraban en la villa.
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| Situación
En una década más de 50,000 niñas han sufrido agresión sexual en Honduras. |
Alejandra forcejeó, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), e intentó escapar de los agresores que en ese momento se emborrachaban y fumaban marihuana.
| Apoyo: solidaridad en La Ceiba/ Hombres y mujeres de La Ceiba y organizaciones de derechos humanos de todo el país han expresado en las calles su rechazo y han exigido justicia en el caso de Alejandra.
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Muy tarde, pues el abominable hecho estaba consumado, los familiares (hospedados en otra casa de playa) se percataron de que la niña no estaba y salieron a buscarla. Desafortunadamente la encontraron desorientada, con sangre entre las piernas y con el traje de baño al revés. Alejandra les dijo que la habían violado.
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Desde entonces, Flor Sosa, juez del Juzgado Especializado contra la Violencia Doméstica de La Ceiba, mantiene un frente de batalla abierto en los medios de comunicación y en las calles, a través de protestas, porque no quiere que su niña “se convierta en una estadística más de la impunidad”.
La situación que se ha dado con alejandra no es ajena a la sociedad. Eso ha generado indignación en la ciudadanía. no es un caso aislado. FLOR SOSA
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Por ser funcionaria judicial, Sosa conoce cómo operan las instituciones del sistema de justicia (desde las que ejercen la persecución penal hasta las que dictan una sentencia) y las cifras que demuestran que no todos los violadores purgan una sentencia.
Diario LA PRENSA, en la serie de investigación #CuidemosNuestrasNiñas, publicada entre el 4 y 8 de marzo, denunció que más de 50,000 niñas, como Alejandra, han sufrido agresiones sexuales en los últimos diez años y, expuso, además, que apenas el 6% de los violadores se encuentran dentro de una cárcel.
“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Si las instituciones del Estado no lo hacen por su propia cuenta, tendré que ir a las instancias internacionales y a través del escrutinio público buscaré que ellos sientan la presión y hagan su trabajo como les corresponde”, advirtió Sosa durante una entrevista telefónica.
Entre 2009 y 2018, el MP le solicitó a Medicina Forense practicarles exámenes a unas 17,743 niñas víctimas de violaciones que, al igual que Alejandra, denunciaron el delito y a los ejecutores. Sin embargo, Diario LA PRENSA, en la serie #CuidemosNuestrasNiñas, planteó que por cada uno de estos casos conocidos por las autoridades dos no son denunciados por las víctimas o familiares.
Veinte días después del funesto hecho, Sosa está sorprendida y se sigue preguntando “¿por qué no capturaron a los violadores de manera flagrante?”, pese a que interpuso la denuncia el día de la comisión del delito.
“No sabría decir cuáles circunstancias mediaron en el hecho de que no se diera la captura de estas personas a la brevedad posible. Pero insisto, voy a tratar de confiar en el sistema de justicia del país”, le dijo a LA PRENSA.
El 8 de mayo, el MP emitió un comunicado en el cual aseguró que “los fiscales que llevan a cabo la investigación en torno a la violación (...) presentaron desde la semana anterior el requerimiento fiscal con orden de captura contra tres supuestos responsables de este delito”.
| Victimarios
Familiares y amistades figuran entre los ejecutores de las agresiones sexuales. |
En medio de dudas y temores, Sosa, quien inició la carrera dentro del sistema judicial del Juzgado de Paz y luego en el Juzgado de Letras de lo Civil, reconoce que el MP ha realizado diligencias importantes por medio de los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero “se ha quedado corto”.
A partir de la información que ella posee, cree que “la Fiscalía cuenta con ciertas pruebas que llevan a la convicción de que ha existido el abuso, ahora falta la otra parte, llegar a la captura de las personas implicadas”.
Insta al MP “encarecidamente a mayor celeridad, prontitud, mayor eficacia, ahondar en las investigaciones” y le solicita que lleve a “rendir declaraciones a las otras personas (que vieron la violación) porque se convierten en cómplices”.
Para demostrar la impunidad que ampara a los violadores y pederastas, en la serie #CuidemosNuestrasNiñas, Diario LA PRENSA ejemplificó que entre 2014 y 2018 el MP conoció alrededor de 9,000 agresiones sexuales de menores de edad. En ese mismo periodo, los tribunales de Sentencia y los juzgados de Letras de lo Penal solamente dictaron 539 sentencias condenatorias y 508 absolutorias, de acuerdo con cifras generadas para este medio por el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (Cedij).
Mientras esperan que la justicia castigue a los violadores, Sosa mantiene a Alejandra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico y al margen de las informaciones publicadas por medios de comunicación y redes sociales “porque, como es normal, aparecen opiniones positivas y negativas al margen del conocimiento de los hechos reales”.
“La he mantenido ausente de un montón de información (...), pero le he dado conocer a ella el apoyo de parte de la sociedad, instituciones de mujeres y otras organizaciones que apoyan las denuncia, que apoyan el hecho de que... las campañas no nos sigan victimizando a las mujeres en el transcurso de un proceso investigativo o judicial”, dijo.
En la serie #CuidemosNuestrasNiñas, por medio de testimonios de víctimas recabados entre noviembre de 2018 y marzo de 20019, Diario LA PRENSA demostró que las niñas que sufren agresiones sexuales tienen repercusiones en la salud mental a corto y largo plazo.
Las menores víctimas, una vez adultas, padecen depresión, ansiedad y otros trastornos mentales que, inevitablemente, deben tratar con medicamentos.
Para Carolina Sierra, coordinadora del Foro de Mujeres por la Vida, “el caso de Alejandra al hacerse mediático puso en la mesa pública un problema invisibilizado que todos los días viven niñas y mujeres”.
“Es importante que la sociedad entienda que este no es un caso único y aislado. Observamos que más del 90% de violencia general contra la mujer queda en la impunidad. Eso es solo de las mujeres que denuncian”, dijo.
