TEGUCIGALPA.
El nuevo Código Penal que entrará en vigor en aproximadamente 100 días sigue creando discrepancias en la sociedad.
Esta vez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, dijo que no está de acuerdo con la reducción de penas de figuras delictivas relacionadas con la criminalidad organizada, delitos contra la mujer y la corrupción.
“Hay algunas cosas que no estamos tan de acuerdo, como la reducción de algunas penas, principalmente en asuntos que tienen que ver con algunas tipologías de narcotráfico, extorsión, agresiones sexuales, de género y otras cuestiones que tienen que ver con el ámbito de las tipologías de materia de corrupción, enriquecimiento ilícito, de fraude, soborno, cohecho”, declaró Argueta. Pero el magistrado Argueta respalda que en otro tipo de delitos se pueda castigar con multas y otro tipo de sanciones, que no precisamente conllevan a la prisión.
| 635 artículos tiene el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional.
|
'Estamos de acuerdo con varios mecanismos que aparecen en el Código, nos parece un interesante y positivo sistema sancionatorio el que se contiene allí, con una diversidad importante de sanciones que no solo se reducen como actualmente a meter en la cárcel a la gente, sino que hay otras alternativas de sanción, como la suspensión de la licencia de conducir, la prohibición de la portación de armas como sanción propiamente dicho”, aseguró.
A finales de 2016, la Corte Suprema emitió un dictamen favorable del Código Penal que fue remitido al Congreso Nacional. Pero debido a los cuestionamientos que han surgido alrededor de esa norma, Argueta consideró que es oportuno revisarlo.
“Más allá de eso, a nosotros nos parece que es más bien una oportunidad grandiosa para el país, con el objeto de que aprovechemos ese nuevo Código, para aportar qué pensamos sobre lo que no está bien en ese Código y construyamos las mejoras al mismo para que una vez que entre en vigor mejore la aplicación de la justicia penal”, señaló. A juicio del funcionario, el Estado ha abusado de imposición de penas de prisión a delitos que no lo merecen.
