La inspectora de la oficina regional del Registro Nacional de la Personas, Rosa María Madrid, reconoció que “documentos se venden al mejor postor” en esa institución, tras una investigación de expedientes de los últimos dos años.
“Estamos trabajando en las investigaciones de los casos que están llegando a manos de la Inspectoría General y estamos atendiendo las denuncias que interpongan los ciudadanos”, señaló la encargada de llevar un control de las irregularidades que se suscitan en el RNP.
La Comisión Antifraude del Registro realizó una intervención en las áreas de Cedulación y Oficialía Civil para hacer una revisión y determinar que no existiera ningún fraude.
De los expedientes analizados, 160 ya están en poder de la Inspectoría.
Madrid reconoció también que hay un pequeño grupo de empleados que realizan actos de corrupción y que una de las formas más comunes que utilizan para sacar documentos es aprovechando la apertura que los registradores tienen con los empleados, quienes usan esa coyuntura para pedir que les autoricen la emisión de algún trámite.
“El registrador creyendo en la lealtad de estas personas procede a darles la autorización”.
Los corruptos incluso presentan recibos de pago por 200 lempiras aduciendo que es de un ciudadano que necesita dicho trámite.
“Los compañeros no tienen disciplina para denunciar, ya que cuando se les pregunta sobre ilícitos nunca saben nada sobre las personas que cometen este tipo de delitos” indicó Madrid al calificar como una irresponsabilidad estas acciones, ya que se afecta directamente a la institución.
20 denuncias diarias
La registradora civil Rosa Padilla dijo que la corrupción hace que quienes aprueban los documentos deban estar pendientes y revisar con cuidado los mismos antes de firmar.
Además deben tener personas de confianza a su lado que sirvan de filtro. “Yo no firmo nada si no va la firma del cotejador y de la jefa del archivo” aseguró.
Padilla dijo que sus compañeros saben que si hacen algo ilegal tendrán que enfrentar la justicia
El subdirector administrativo del RNP, Manuel Sagastume, dijo que la institución debería ser declarada de seguridad nacional, porque maneja la información de todos los hondureños.
Sagastume mencionó que se continúa con las investigaciones de irregularidades porque a diario reciben un promedio de 20 denuncias a nivel nacional, las cuales tienen que evacuar.
El funcionario opinó que las personas que han dirigido esta institución no han puesto orden y han sido demasiado tolerantes.
El RNP es una de la instituciones del Estado que se ve salpicada con frecuencia por los casos de corrupción y falsificación de documentos porque es muy vulnerable al no tener un sistema de control para evitarlo.
En abril, el directorio del RNP decidió despedir a tres empleadas porque les fueron halladas pruebas en su contra por falsificación de documentos.
Inspectoría
La oficina de Inspectoría, entre otras funciones, tiene la obligación de levantar investigaciones cuando un ciudadano acude a interponer una denuncia en contra de los empleados de esta institución.
Madrid explicó que la mayoría de personas no conocen la existencia de esta oficina porque está en el interior de las instalaciones del RNP; pero sus servicios están a la disposición del público.
Las personas pueden acudir a poner su denuncia cuando observen que los empleados no les atiendan en horas laborables, o que les insinúen el cobro por hacer algún trámite que la ley no especifique, pues todos los pagos se deben hacer en una agencia bancaria.
“El ciudadano está en el deber de hacer la denuncia cuando considere que se están violentando sus derechos, al igual cuando tenga conocimiento de que un trabajador de esta institución está cometiendo actos ilícitos”.
El procedimiento que se sigue en estos casos es que se llama al empleado para hacer un careo con el ciudadano.
Posteriormente se empieza una investigación y se hace un informe que se envía a Inspectoría General y al directorio del Registro.
Las denuncias más frecuentes por parte de los ciudadanos son que los tramitadores les cobran por realizar sus diligencias y no se los entregan rápido. Esta situación se sale de control de las autoridades puesto que la institución no tiene ningún nexo con los tramitadores.
En otras ocasiones es que los solicitantes son maltratados verbalmente por los empleados.
