San Pedro Sula, Honduras.
La Corporación Municipal pidió ayer la inmediata investigación de la conducta de la jueza de lo civil Edna Judith Gonzales Cubero por considerar que afecta los intereses de todo el pueblo de San Pedro Sula.
La togada del juzgado de letras de lo civil está a cargo de la demanda promovida por el incumplimiento de contrato de arrendamiento de tres predios ubicados en el sureste de la ciudad, específicamente en la 1 avenida, adonde se encuentran asentados vendedores del sector informal.
Unas de las rentas era de L70,000 y las otras dos de L75,000 mensuales. La demanda es por casi mil millones de lempiras, cantidad que equivale al presupuesto para hacer obras en la ciudad en un año.
La Corporación y el cuerpo legal de la alcaldía comparecieron la semana anterior a la audiencia preliminar para defender los intereses de los sampedranos.
Ayer, el alcalde Armando Calidonio acompañado por los corporativos y funcionarios brindó una conferencia de prensa para explicar el proceso que se siguió. Calidonio dijo que en el expediente 0501-00090-2015, la sociedad mercantil “Wagap S. De R. L. De C.V. promovió la demanda de incumplimiento de tres contratos de arrendamiento sobre tres lotes de terreno, pretendiendo cobrar un interés desproporcional del 1,800% anual, lo que suma L.929,406, 700.00 más las costas del juicio, por el supuesto pago de rentas adeudadas e indemnización de daños y perjuicios.
Calidonio dijo que el porcentaje de intereses sobrepasa cualquier tasa legalmente autorizada. Explicó que esos contratos finalizaron el 31 de agosto de 2008, además, fueron pagados en su totalidad, no fueron renovados y en la actualidad dichos predios están siendo ocupados por los vendedores del mercado La Tara.
Proceso
Esa demanda fue admitida y el 9 de junio de 2015, la Municipalidad contestó en tiempo y forma e interpuso, entre otros, un recurso, que previo a la admisión de la demanda la jueza diera cumplimiento al Decreto Legislativo 266-2013, donde se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley de Contratación del Estado y en consecuencia de este se debe exigir a los demandantes la rendición de una garantía equivalente al 20% del valor reclamado, es decir, una caución de L185 millones 881,340.
También se especifica en la Ley que en caso de que los demandantes no acreditaran dicha caución en el término de ley se deben archivar las diligencias sin más trámite. Pero según la Corporación, la jueza aun reconociendo esta disposición legal, se limitó a la suspensión del juicio violentando el debido proceso, y de oficio, ella misma, interpuso el recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 266-2013 (el cual a la fecha está pendiente de resolución por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). En la comparecencia se detalló que la jueza fundamentó el recurso en el artículo 82 que establece que: “Los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones y omite mencionar que este mismo artículo señala que dicho acceso es en la forma que establecen las leyes”, por lo que el requisito de la caución es legal, vigente y válido constitucionalmente.
Pero, ante la resolución de la jueza, la Municipalidad recurrió en amparo ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula que en sentencia del 09 de marzo de 2016 otorgó la garantía constitucional de amparo al pueblo sampedrano, ordenándole a la jueza el cumplimiento del debido proceso y aclarándole que la interposición del recurso no suspende la vigencia ni la aplicación de la ley, y le manda a dar respuesta a la petición planteada de conformidad a derecho. Lo anterior significa que es obligación de la jueza señalarle a los demandantes la garantía de L. 185 millones 881,340.
Petición
La Corporación pidió a los poderes constituidos del Estado para que a través del Ministerio Público, la Inspectoría General de Tribunales, la Procuraduría General de la República y demás órganos competentes, procedan de manera inmediata a investigar la conducta de la jueza ante la negativa de darle cumplimiento al Decreto Legislativo 266-2013, cuya finalidad no es más que la de racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública. El alcalde Armando Calidonio ratificó como autoridad la responsabilidad de la Corporación Municipal de velar y proteger los intereses de la ciudad.
Llamó a los vecinos a mantenerse atentos y vigilantes a la conducta procesal de la jueza, a fin de evitar actuaciones lesivas a los intereses de los sampedranos pudiendo repercutir en menos obras a favor de la comunidad y causando un caos al presupuesto municipal. Los corporativos explicaron que se agotarán todas las instancias para defender los intereses de la ciudad.
La Corporación Municipal pidió ayer la inmediata investigación de la conducta de la jueza de lo civil Edna Judith Gonzales Cubero por considerar que afecta los intereses de todo el pueblo de San Pedro Sula.
La togada del juzgado de letras de lo civil está a cargo de la demanda promovida por el incumplimiento de contrato de arrendamiento de tres predios ubicados en el sureste de la ciudad, específicamente en la 1 avenida, adonde se encuentran asentados vendedores del sector informal.
Unas de las rentas era de L70,000 y las otras dos de L75,000 mensuales. La demanda es por casi mil millones de lempiras, cantidad que equivale al presupuesto para hacer obras en la ciudad en un año.
| Caso
La Corporación Municipal de Juan Carlos Zúniga denegó un reclamo administrativo interpuesto por el caso
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Ayer, el alcalde Armando Calidonio acompañado por los corporativos y funcionarios brindó una conferencia de prensa para explicar el proceso que se siguió. Calidonio dijo que en el expediente 0501-00090-2015, la sociedad mercantil “Wagap S. De R. L. De C.V. promovió la demanda de incumplimiento de tres contratos de arrendamiento sobre tres lotes de terreno, pretendiendo cobrar un interés desproporcional del 1,800% anual, lo que suma L.929,406, 700.00 más las costas del juicio, por el supuesto pago de rentas adeudadas e indemnización de daños y perjuicios.
Calidonio dijo que el porcentaje de intereses sobrepasa cualquier tasa legalmente autorizada. Explicó que esos contratos finalizaron el 31 de agosto de 2008, además, fueron pagados en su totalidad, no fueron renovados y en la actualidad dichos predios están siendo ocupados por los vendedores del mercado La Tara.
Proceso
Esa demanda fue admitida y el 9 de junio de 2015, la Municipalidad contestó en tiempo y forma e interpuso, entre otros, un recurso, que previo a la admisión de la demanda la jueza diera cumplimiento al Decreto Legislativo 266-2013, donde se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley de Contratación del Estado y en consecuencia de este se debe exigir a los demandantes la rendición de una garantía equivalente al 20% del valor reclamado, es decir, una caución de L185 millones 881,340.
| Datos
1. Abuso
Las Corporaciones que han analizado el caso han considerado que la cantidad de intereses que los demandantes cobran son impagables.
2. Proceso
El contrato se firmó en la administración de Rodolfo Padilla cuando se despejó la 3 avenida. Actualmente los predios siguen ocupados.
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Pero, ante la resolución de la jueza, la Municipalidad recurrió en amparo ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula que en sentencia del 09 de marzo de 2016 otorgó la garantía constitucional de amparo al pueblo sampedrano, ordenándole a la jueza el cumplimiento del debido proceso y aclarándole que la interposición del recurso no suspende la vigencia ni la aplicación de la ley, y le manda a dar respuesta a la petición planteada de conformidad a derecho. Lo anterior significa que es obligación de la jueza señalarle a los demandantes la garantía de L. 185 millones 881,340.
Petición
La Corporación pidió a los poderes constituidos del Estado para que a través del Ministerio Público, la Inspectoría General de Tribunales, la Procuraduría General de la República y demás órganos competentes, procedan de manera inmediata a investigar la conducta de la jueza ante la negativa de darle cumplimiento al Decreto Legislativo 266-2013, cuya finalidad no es más que la de racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública. El alcalde Armando Calidonio ratificó como autoridad la responsabilidad de la Corporación Municipal de velar y proteger los intereses de la ciudad.
Llamó a los vecinos a mantenerse atentos y vigilantes a la conducta procesal de la jueza, a fin de evitar actuaciones lesivas a los intereses de los sampedranos pudiendo repercutir en menos obras a favor de la comunidad y causando un caos al presupuesto municipal. Los corporativos explicaron que se agotarán todas las instancias para defender los intereses de la ciudad.
