15/08/2022
01:39 AM

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Congreso Nacional discutirá una nueva Ley Marco de Protección Social

El proyecto de decreto será socializado la próxima semana, dijo el diputada Carlos Umaña.

Tegucigalpa, Honduras.

A más de cuatro meses de que la Ley Marco de Protección Social fue declara como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, aseveró que en los próximos días se introducirá un proyecto de decreto al Poder Legislativo en torno a esa normativa.

Se espera que el proyecto de decreto sea socializado la próxima semana, a fin de solventar el vació jurídico que dejó la inconstitucionalidad de la Ley Marco a los derechohabientes del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y el Instituto Honduras de Seguridad Social (Ihss).

La ley será enviada a la secretaría del Congreso Nacional en los próximos días por el Consejo Social Económico (CSE), a fin de que sea turnado a una comisión legislativa y que pueda ser dictaminado lo más pronto posible.

“En unos días el Congreso Nacional discutirá una ley enviada por el consejo social y económico para solventar la inconstitucionalidad de la Ley Marco que dejó a los derechohabientes del RAP e Ihss en el aire. Esperamos socializar la próxima semana”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado Carlos Umaña.

Declaración de inconstitucionalidad

Por unanimidad de votos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró como inconstitucional la Ley Marco de Protección Social el pasado 5 de abril al considerarla lesiva para el sistema de seguridad social.

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto en 2015 por el Colegio Médico de Honduras (CMH) ante el Poder Judicial y, posteriormente, se presentó otro recurso contra la reforma al artículo 57 aprobada bajo Decreto Legislativo 106-2018 para disponer de los ahorros de los y las trabajadoras cotizantes al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Según los galenos, la Ley Marco de Protección Social violentaba al menos 36 artículos de la norma constitucional, siete del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos y sociales, tres del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y diez sobre Justicia Constitucional.