Cuando todo apuntaba a que el problema quedaría resuelto anoche, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para que los campesinos compraran las tierras del Bajo Aguán, en Colón, fue devuelto por el Congreso Nacional, por desacuerdo entre los campesinos.
El inconveniente ocurre porque no aceptan el plazo de 15 años para pagar, que la banca privada les hipoteque las tierras, las tasas de interés y otros aspectos, explicó Mauricio Oliva, presidente de la comisión que dictaminaba el proyecto.
En un inicio, otro anteproyecto de ley que planteaba el Instituto Nacional Agrario, INA, establecía la emisión de bonos por parte del Estado para pagar las tierras y luego ellos pagarían al Estado, pero al cambiar las reglas, y obligar a los campesinos a enfrentar la deuda de forma directa con la banca no les pareció tan adecuado.
El proyecto de ley establece que los campesinos tendrán un plazo de 15 años para pagar 636 millones de lempiras a la banca privada que les financie el préstamo para pagar a los dueños de las fincas.
Otro elemento que surgió entre algunos diputados es que ellos no estaban de acuerdo que se le exonerara del pago de todo tipo de impuestos y tasas a los vendedores de las tierras.
Desacuerdos
El proyecto de ley fue introducido antenoche al pleno del Congreso Nacional y se nombró al diputado Oliva como presidente de la comisión dictaminadora. Juan Orlando Hernández, presidente del Legislativo, se comprometió a aprobarlo ayer en un solo debate.
Sin embargo, al conocer la redacción final, el sector campesino que compraría las tierras por 636 millones, no aceptó la redacción, básicamente del artículo uno, que contiene las condiciones de pago.
La propuesta de ley establece la compra de casi 5,300 hectáreas de tierra que los campesinos comprarán con fondos que les prestará la banca privada con el aval del Estado.
Según la exposición de motivos, desde hace más de un año ha venido sucediendo una confrontación en Bajo Aguán, generando inseguridad de los ciudadanos y fricciones e incertidumbres entre diferentes grupos de hondureños que afectan negativamente la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de la industria de la palma africana en particular.
El mismo proyecto de decreto establecía que había un acuerdo entre campesinos, banca privada, Estado y los vendedores de las fincas, pero al final ocurrió que no estaba tan clara la posición de los compradores.
“Se ha alcanzado consenso entre las partes para que los recursos o financiamiento sea adquirido en el sistema financiero nacional o entidades de carácter público o privado que participen aportando recursos bajo modelos financieros aceptables”, expresa el documento.
El proyecto de ley contempla seis artículos y el primero faculta al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Finanzas otorgue garantía soberana del Estado a las entidades del sistema financiero nacional o entidades de carácter público o privado que participen aportando recursos; y la facultad para que otorgue garantía mediante la emisión de cualquier instrumento financiero que reúna los requerimientos establecidos por los financiadores de los cuales habrá de emitir por el monto que sea requerido a fin de garantizar el pago anual completo de los valores a ser amortizados por la Empresa Asociativa Campesina de Transformación y Servicio Liberación, Muca.
Agrega el artículo uno que dichos instrumentos serán renovables anualmente, durante un período de 15 años consecutivos, cuyo procedimiento deberá reglamentarse.
En dichos instrumentos se estimarán los costos por cobertura de intereses o gastos por estructuración del financiamiento a favor de los financiadores.
La garantía soberana y los instrumentos financieros señalados que se denominan garantía del Estado, podrán desde ya ser emitidos por la Secretaría de Finanzas para cubrir la totalidad de los valores a ser financiados.
Queda facultada Finanzas para proceder mediante contratación directa a la selección de una institución del sistema bancario a fin de que por carta mandato se ocupe de estructurar el financiamiento.
El conflicto
El proyecto de ley surgido del Ejecutivo es contentivo de los acuerdos entre el Instituto Nacional Agrario, INA, los grupos campesinos de la zona y los empresarios Miguel Facussé y René Morales, estos últimos son los vendedores de las fincas, objeto de la disputa.
El Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Muca, ocupa 4,045.7 hectáreas cultivadas de palma africana, propiedad de Facussé, mientras que el Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán, Marca, está en posesión de otras 667 hectáreas propiedad del empresario nicaragüense René Morales. Las tierras fueron valoradas en 135,000 lempiras cada hectárea.
La crisis en el Bajo Aguán ya generó unos 40 muertos, entre campesinos, guardias de seguridad y gente que no tiene nada que ver en el conflicto.
El batallón Xatruch II, que se encuentra en la zona desde hace unos quince días, nada ha podido hacer para evitar el derramamiento de sangre.
Se espera que con el regreso del proyecto de ley al Ejecutivo no se reactive la violencia en el Bajo Aguán.
Proyecto de ley pone en riesgo negociación con el FMI: Rivera
El diputado presidente de la Comisión de Presupuesto II, Francisco Rivera, aseguró antes de salir de Honduras ayer, que la firma del convenio pone en riesgo la negociación con el Fondo Monetario Internacional, FMI y los organismos de crédito.
“Hay que respetar las condiciones del Fondo, si no simplemente se pone en precario las condiciones de país con los demás créditos que tiene con los organismos multilaterales. Tenemos las cosas bien claritas, hay que solucionar este problema de El Bajo Aguán, eso está claro, lo único que esos mil millones de lempiras hay que revisar de dónde van a salir, si va ser un simple aval, en qué condiciones va ir ese aval, es lo que estamos expresando”, dijo.
El parlamentario fue más allá al explicar que el Estado de Honduras debe tener mucho cuidado porque hoy es el Aguán y mañana puede ser otro conflicto en el sur. “Éste es un problema viejo, no es de este Gobierno. Este Gobierno hereda un problema en el Bajo Aguán y el presidente Lobo Sosa está dándole respuesta, pero hay que revisar”, explicó Rivera.
Al cuestionarle al diputado si los fondos del fideicomiso serán buscados en la banca privada nacional, enfatizó que es ahí en donde se encuentra el meollo del asunto.
“Es que allí es donde está el asunto, de adónde se van a destinar estos fondos, yo no sé. La solución hay que buscarla, no podemos seguir alargando y postergando un problema que nos está generando cada día pérdidas de vidas”, finalizó.
