Tegucigalpa, Honduras
El Congreso Nacional analizó este martes nuevas leyes encaminadas a garantizar la seguridad tanto para los usuarios como para los trabajadores del rubro, a través de la instalación de cámaras en las unidades, pago del pasaje con monedero electrónico, botones de pánico y se crea la figura de fiscales especiales para delitos cometidos en autobuses.
Esto se piensa hacer mediante el proyecto de la nueva Ley de Transporte Público Terrestre, cuyo dictamen se discute actualmente en el Congreso Nacional.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, producto de amplias jornadas de consenso, fue turnado a la comisión especial de transporte que preside el diputado Edgardo Martínez, y su dictamen ya fue introducido a la Cámara Legislativa donde ya se han aprobado cinco artículos en primer debate.
El Congreso Nacional analizó este martes nuevas leyes encaminadas a garantizar la seguridad tanto para los usuarios como para los trabajadores del rubro, a través de la instalación de cámaras en las unidades, pago del pasaje con monedero electrónico, botones de pánico y se crea la figura de fiscales especiales para delitos cometidos en autobuses.
Esto se piensa hacer mediante el proyecto de la nueva Ley de Transporte Público Terrestre, cuyo dictamen se discute actualmente en el Congreso Nacional.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, producto de amplias jornadas de consenso, fue turnado a la comisión especial de transporte que preside el diputado Edgardo Martínez, y su dictamen ya fue introducido a la Cámara Legislativa donde ya se han aprobado cinco artículos en primer debate.
El tema de la seguridad se aborda como de interés nacional y para ello se establece un sistema de seguridad para los usuarios del transporte público y de los operadores de unidades, se definen mecanismos como los circuitos de cámaras, botones de pánico y sistema de monitoreo de las unidades.
En lo judicial, el Ministerio Publico designará fiscales nacionales o jueces con jurisdicción nacional para atender de manera especial los delitos que se cometen en el sistema de transporte público y atacar la impunidad, teniendo como meta la seguridad de los usuarios.
La iniciativa de ley define de forma clara el tratamiento del transporte de carga, con el propósito de lograr mayor eficiencia, competitividad y a su vez mayor seguridad en las carreteras del país.
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