Luego que el Congreso Nacional aprobara el año pasado unos 50 contratos de generación de energía renovable, al menos 20 de ellos no han comenzado ningún trámite, por lo que el Gobierno nombró una comisión que investigue cuáles son las razones para el lento avance.
Los 50 contratos aprobados generarían más de mil megavatios de energía; pero pese a que ya casi se cumple un año de tal aprobación, un buen número no hacen ninguna gestión, según el diputado German Leitzelar, del Partido Innovación y Unidad, Pinu.
Lo anterior trascendió luego de una reunión entre los jefes de bancadas en el Congreso Nacional y funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Serna, y la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI.
La idea es agilizar la construcción de los proyectos debido al incremento de los combustibles a nivel internacional, que encarecen la energía en Honduras, debido a que al menos el 70% se produce a base de derivados del petróleo.
Leitzelar señaló que ante la crisis con el problema de la energía térmica el interés del Poder Ejecutivo es acelerar los procesos de los contratos. “Se nombró una comisión que revise qué impedimento hay para encontrar esos cuellos de botella y si es necesario emitir una norma o se creen unidades ejecutivas para impulsar la ejecución de los contratos eso se hará”, dijo.
Los atrasos
Estableció que la mayoría de los proyectos se están ejecutando o instalando sus campamentos; pero hay determinados grupos de las zonas creando conflictos, pese a la socialización.
Otros se encuentran ya en la DEI, revisando los listados de cuáles son las dispensas y materiales dispensados para empezar operaciones.
Lo que se desprendió en la reunión es que en Serna hay más atrasos; pero se debe precisar si el problema es operativo o la normativa tiene demasiadas acciones burocráticas. “A veces por tratar de proteger el medio ambiente ni lo protegemos bien y creamos obstáculos”, admitió, que puede ser una de las causas para el atraso de la construcción de los proyectos.
La comisión nombrada está integrada por funcionarios estatales y diputados, y luego de Semana Santa deberán dar una explicación de lo que pasa, para buscar la inmediata corrección.
Dejó claro que “si el problema es administrativo se resolverá en el Ejecutivo; pero si hay empresas que obtuvieron el contrato y no tienen interés de ejecutarlo, entonces se les emplazará para que se pronuncien o se les rescinda el contrato”.
En la actualidad hay al menos diez contratos energéticos por aprobar; pero también se analizará qué está pasando con los 20 ya aprobados que aún no empiezan.
