Tegucigalpa, Honduras.

En 2010, el Congreso Nacional aprobó con enormes expectativas la Ley de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), como un instrumento para generar inversión de manera masiva; hoy los resultados reflejan la concesión de 14 proyectos que representan una inversión global de 44,348 millones de lempiras.

Del total de las inversiones, según los registros de Coalianza, 35,430 millones se destinaron a proyectos de infraestructura y 8,918.9 millones a la prestación de servicios.

Pero este boom de Coalianza que en su momento logró posicionarse como uno de los países en Latinoamérica con los mejores estándares para atraer inversión, está interrumpido desde diciembre de 2017 cuando se concretó la última Alianza Público Privada (APP).

La alta cúpula de la empresa privada está convencida de que Coalianza necesita someterse a un proceso de reingeniería, porque en los últimos años ha exhibido una alta opacidad.

Canon millonario
La mayoría de concesiones, según Coalianza, le generan un monto impresionante de ingresos al Estado; un ejemplo claro es que la única empresa del gobierno que reporta números negros en sus estados de resultados es Puerto Cortés, que es operado por la OPC. En este caso la municipalidad de esta ciudad también recibe una transferencia anual monetaria acorde con los ingresos que reporta la concesionaria y que certifica el Estado.
Proyecto fallido. De las 14 APP, Coalianza declaró fallido la construcción del corredor logístico El Progreso-Tela. Este proyecto también abarcaba algunos tramos entre El Progreso-San Pedro Sula y La Barca.

El comisionado de Coalianza, Miguel Ángel Gámez, expresó en una entrevista con Diario LA PRENSA que el colapso de esta concesión se debió a actos de vandalismo cometidos después de las elecciones de 2017 que destruyeron varias casetas de peaje.

6 AAP sólidas

1

OPERADORA DE PUERTO CORTéS

La Empresa Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), que administra Puerto Cortés, es la más exitosa, según Coalianza.

2

corredor logístico

Después de Cortés, la concesionaria Covi cumplió las expectativas y no hubo necesidad de pagarle indemnizaciones por bajos ingresos, señala Coalianza.

3

AEROPUERTO DE PALMEROLA

Aunque la obra aún está en proceso de construcción, Coalianza estima que es una de las mejores decisiones del Estado.

4

Centro cívico gubernamental

Esta concesión fue concebida para ahorrarle gastos al Estado, ya que albergará como mínimo a 32 instituciones que pagan alta renta a particulares.

5

TERMINAL DE GRANELES

Según Coalianza, la terminal de graneles le da un enorme valor agregado a Puerto Cortés y es un gran atractivo para barcos que antes no llegaban.

6

PROYECTO SIGLO xxI

Esta concesión para mejorar la red vial de San Pedro Sula tiene programada una inversión superior a 1,846 millones de lempiras

“Trece proyectos son exitosos y uno ha presentado problemas, pero el problema no es por la estructuración del mismo, sino por el problema político social que se originó en ese sector de la costa norte, después de las elecciones de 2017 cuando turbas le prendieron fuego a las casetas de peaje”, dijo Gámez.

Esto provocó que los bancos que estaban financiando el proyecto retiraran su apoyo económico, explicó el funcionario.

Aunque en algunos sectores se maneja que la rescisión de ese contrato se haría por medio de un arbitraje con graves consecuencias económicas, Gámez aseguró que el Estado decidió cancelar el proyecto bajo la figura de terminación anticipada de la APP.

La negociación para cancelar el proyecto la dirigió Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), en su calidad de concedente del proyecto.

Pago millonario. El funcionario manifestó que desde que ocurrieron esos hechos violentos se sabía que en cualquier momento se debía indemnizar a la empresa y se calcula que el pago será de entre 18 y 20 millones de dólares; entre 442 y 492 millones de lempiras.

Gámez indicó que ese pago no se pierde porque el Estado queda en posesión de las obras de infraestructura que logró adelantar el concesionario.

Impuestos. Las concesionarias están obligadas a pagar los tributos al Estado, entre ellos, el impuesto sobre la renta y ventas.
El comisionado explicó que la base del esquema de las concesiones es que la empresa invierta en el desarrollo de un proyecto de interés público nacional, para que el Estado destine sus recursos a otros temas más sensibles como los de carácter social.

Concesiones emblemáticas. De las 14 concesiones, una de las más emblemáticas es la que se otorgó a la empresa Concesionaria Vial de Honduras (Covi), que generó focos de resistencia al pago del peaje en tres estaciones en el recorrido entre Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Gámez señaló que en esta APP hubo mucha especulación referente a que el Estado tenía que pagar un excedente en caso de que Covi no lograra los ingresos mínimos para garantizar su retorno de inversión.

También varios sectores cuestionaron esta concesión porque antes de asumir la administración de los peajes, la empresa no invirtió dinero, sino hasta que comenzó a recolectar los ingresos en las casetas de peaje.

Gámez aseguró que Covi está generando ingresos por arriba de las expectativas que se trazaron al inicio de la concesión.

El funcionario explicó que en el contrato con Covi sí se incluyó la figura conocida como Ingreso Mínimo Anual Garantizado (Imag), que significa que si la empresa no alcanza el monto de ingresos proyectados, el Estado tiene que pagárselos.

Gámez detalló que en este caso el Imag acordado entre el Estado y Covi fue la circulación de un tráfico promedio diario de 6,300 vehículos.

El Centro Cívico Gubernamental ya está construido en un 80% y busca ahorros por pago de alquileres.
De acuerdo al contrato, esa circulación promedio diaria de 6,300 automóviles le debe reportar a Covi ingresos mensuales de alrededor de 32 millones de lempiras, para un total aproximado al año de 384 millones de lempiras.

Puerto Cortés. La APP que Coalianza califica de espectacular es la concesión de Puerto Cortés manejada por la Operadora Portuaria Centroamérica (OPC). Según Gámez, la OPC logró posicionar a Cortés como el mejor puerto de Centroamérica que cuenta con enormes grúas que no tienen el resto de destinos portuarios de la región, exceptuando Panamá.

Coalianza también califica como exitosa la concesión en Puerto Cortés de la terminal de graneles y de contenedores que representan tres APP trabajando de manera integral.

Las otras concesiones son: corredor logístico entre Goascorán, Valle- Villa de San Antonio, Comayagua y Tegucigalpa-San Pedro Sula-Puerto Cortés.

Asimismo, el tramo Yamaranguila-El Obispo, Intibucá, y rehabilitación de la carretera San Miguelito-San Juan, en el mismo departamento. En este caso se trata de una concesión otorgada por el Estado para la rehabilitación y mantenimiento de la vía.

Otra concesión importante es la rehabilitación del tramo carretero entre Gracias, Lempira, y Santa Rosa de Copán.

En ese mismo sector, el Estado concedió la rehabilitación de la carretera entre San Juan, Intibucá, y Gracias, Lempira y la construcción de una vía entre Gracias y Celaque (en el mismo departamento).

A la lista se suma el proyecto carretero “La Lima, mi Ciudad en Desarrollo” que tendrá un costo final de 70.9 millones de lempiras. En los registros de Coalianza también aparece la concesión otorgada para la construcción del mercado y la terminal de buses de Danlí, El Paraíso, bajo el concepto de infraestructura.

Está en proceso de adjudicación el puerto sureño de Henecán en San Lorenzo, Valle, para lo cual hay dos postulantes.

Cohep: “Hay que revisar ley de Coalianza”
TEGUCIGALPA. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, recomendó cambios profundos en la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza).
“Se ha criticado mucho la opacidad con que se ha manejado la mayoría de las concesiones y yo creo que no es cambiar a los comisionados, sino revisar la ley, aunque muchos dicen que esta es muy buena”, expresó el presidente de los empresarios.

A esa ley hay que hacerle los ajustes necesarios para que los empresarios vuelvan a confiar en las asociaciones público-privadas, subrayó Sikaffy.El requisito que deben observar todos los procesos APP es la transparencia, porque es el principal mensaje que se debe enviar a los inversionistas de cualquier lado del mundo para que inviertan en bienes del Estado, agregó.

Sikaffy se pronunció a favor del esquema de APP, porque es imposible que el Estado le haga frente a todas las inversiones de infraestructura y de servicios que requiere la población, sobre todo, los que están más aislados de las grandes ciudades. De forma folclórica, Sikaffy manifestó que es urgente darle una “vuelta de calcetín a Coalianza”.El empresario dijo que las asociaciones público privadas son exitosas en cualquier país.