El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, calificó ayer como una “emergencia nacional” la inseguridad en el país por las actuaciones indebidas de varios miembros de la Policía Nacional.
Informes confirmados de Inteligencia establecen que una red actúa en asociación con policías corruptos que integran el denominado “cartel de La Granja” en operaciones como el cobro de “impuesto de guerra” en puntos de taxis, centros de chiveadas, talleres clandestinos y locales de prostitución y venta de drogas.
Este tipo de actuaciones se reflejan, según el comisionado de Derechos Humanos, por la falta de prevención e investigación de los delitos y la aparente aplicación de justicia por propia mano al margen del Estado de derecho.
Custodio cuestionó haberles entregado el país a los malos policías luego de que el Gobierno de turno tomará la decisión, en 2008, de crear una nueva Ley de Policía en la que dejaron como “espantapájaros” al Consejo Nacional de Seguridad Interior, Conasin, y al resto únicamente le hicieron “cambios cosméticos”.
Podredumbre
La corrupción policial quedó al descubierto tras el asesinato de dos jóvenes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, Julieta Castellanos, a manos de agentes asignados a la estación policial de La Granja.
El pasado miércoles, la Secretaría de Seguridad ordenó la intervención del distrito policial 6 del barrio La Granja, en Comayagüela, mientras duran las investigaciones sobre la muerte de los dos estudiantes universitarios en un crimen que involucra al menos a ocho agentes.
Según los informes, en el distrito policial de Belén, oficiales corruptos recibían pagos mensuales de 25 chiveadas autorizadas (juegos ilegales que dejan millonarias ganancias a costa de incautos).
Los órganos de inteligencia identificaron al menos cinco talleres clandestinos donde se desmantelan los carros robados en diferentes puntos de la ciudad.
Asimismo se cobra un “impuesto” mensual a 17 puntos de taxis.
Lo anterior indica que el delito de las extorsiones nunca se controló porque quienes estaban detrás de ello eran oficiales de policías corruptos.
Se comprobó que los oficiales del “cartel de Belén” cobraban una mensualidad en ocho night clubs en las avenidas principales de Comayagüela y había cobros especiales en una docena de casas donde se vende droga.
Custodio lamentó que la tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes haya incrementado de 31.76 en el año 2000 a 82 en los primeros seis meses de 2011 y podría cerrar con 86 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Lobo integra comité ejecutivo
En medio de ola de inseguridad en el país, el Gobierno, la Municipalidad capitalina y representantes de organizaciones de la sociedad conformaron ayer sábado un comité ejecutivo que se encargará de llevar obras sociales a los lugares donde se ejecuta la Operación Relámpago con el fin de dar más seguridad a la comunidad.
En la reunión participaron el presidente Porfirio Lobo, el titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, el alcalde Ricardo Álvarez, representantes de la sociedad civil y de las Iglesias de Honduras.
También el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, el ministro de Defensa, Marlon Pascua, y de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y los altos mandos de la Policía Nacional. Se espera integrar a los jóvenes a programas sociales, para lo cual se ha solicitado el apoyo de las iglesias Católica y Evangélica y de diversas organizaciones.
