En cumplimiento de sus funciones, la Comisión Interventora del Ministerio Público interpuso su primera acusación penal ante la Corte Suprema de Justicia; pero al parecer, se equivocaron de instancia.
El pasado 30 de abril, la coordinadora de la Comisión Interventora, María Antonia Navarro, presentó un requerimiento fiscal en la Secretaría de la Sala Constitucional, según consta en la Corte Suprema de Justicia.
El escrito fue registrado con el No 321-13, en el libro de ingresos de dicha secretaría.
La Sala Constitucional es una instancia de la Corte Suprema encargada de conocer recursos, como amparos e inconstitucionalidad, entre otros, no requerimientos fiscales.Por tanto, la Sala Constitucional resolvió rechazar la acusación por ser incompetente de conocerlo.
“Remitir el requerimiento fiscal a la presidencia de la CSJ para que le dé el curso legal correspondiente”, cita la resolución de la Sala Constitucional.
Como uno de los acusados se trata de un alto funcionario, es diputado del Congreso Nacional, lo correcto era presentar el requerimiento fiscal ante la secretaría de la CSJ, para que el pleno nombre a un juez natural que conozca del asunto.
El caso refiere a una acusación contra el diputado suplente por el departamento de Valle Juan Carlos Rivoth Fond, del partido Liberal, y a su hermano, Bernardo Rivot, sacerdote, por los delitos de estafa y otros fraudes en perjuicio de Gilberto Escobar e Ingrid Lupi. Al parecer la investigación concluyó hace tres años, pero no se había presentado la acusación.
El pasado 17 de abril fue nombrada una Comisión Interventora en el Ministerio Público, integrada por María Antonia Navarro, Lino Tomás Mendoza, Mirian Guzmán y Ángela Madrid. Llegaron para mejorar la gestión del ente acusador, para obtener resultados efectivos en el ejercicio de la acción penal pública.
Confusión
Se le consultó a Lino Tomás Mendoza, miembro de la Comisión Interventora, sobre por qué presentaron una acusación penal en la Sala Constitucional.
Afirmó que el requerimiento fiscal se presentó en la secretaría de la Corte Suprema, que se hizo lo correcto.
“Me imagino que la secretaría (de la CSJ) se confundió y lo remitió a la Sala Constitucional”, dijo. Sustentó que solicitó el expediente que contiene el requerimiento fiscal para revisarlo.
“Estaba preocupado porque dije ya nos están metiendo goles a nivel interno”, indicó el interventor.
