Tras intensos cabildeos y deliberaciones de las distintas fuerzas políticas, el pleno del Congreso Nacional eligió anoche a los cuatro miembros de la Comisión Interventora del Ministerio Público (MP) que se encargará en los próximos 60 días de la evaluación, depuración, administración y fortalecimiento de esa institución del Estado.
Los ungidos son María Antonia Navarro, propuesta por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y el Partido Nacional, quien fungirá como coordinadora; Lino Tomás Mendoza, propuesto por el Partido Liberal; Miriam Guzmán, propuesta por el Partido Nacional y la APJ; y Ángela Madrid, propuesta por los nacionalistas, esta última como suplente.
La comisión asume sus funciones hoy con plenos poderes y tendrá la responsabilidad de suspender al fiscal general Luis Rubí y al fiscal adjunto Roy David Urtecho, durante los 60 días que dure su misión legal en la Fiscalía.
La escogencia de los interventores se hizo a menos de dos horas de publicarse el decreto legislativo 59-2013 que ordena la intervención del Ministerio Público en la edición número 33,101 el diario Oficial La Gaceta.
La lista de candidatos fue presentada a las 7:00 pm por la Comisión Especial de Seguridad, encabezada por Mario Pérez, luego de intensas reuniones en las que analizaron las hojas de vida de al menos 40 candidatos.
La selección de los interventores se hizo en consulta con los jefes de las bancadas de los cinco partidos y los representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia, una organización no gubernamental de la sociedad civil que ha ganado protagonismo en el tema de seguridad.
Se conoció que las cinco fuerzas políticas propusieron al menos dos candidatos cada una, pero la Alianza por la Paz y la Justicia presentó 8 de los 18 candidatos de la nómina preliminar.
El Partido Liberal y el Nacional se repartieron los nombramientos de los principales cargos, en un inveterado círculo, que a juicio de los diputados de la oposición es responsable de la crisis institucional que viven el país y los operadores de justicia.
Durante las deliberaciones, los miembros de la Comisión Especial de Seguridad analizaron las hojas de vida de medio centenar de candidatos, descartando aquellos que tenían algunas limitaciones legales o no fueron del parecer de los diputados.
Es así que la comisión descartó por ejemplo a reconocidos y prominentes profesionales del derecho como el exmagistrado Ivis Discua Barillas. El diputado German Leitzelar lamentó que los partidos mayoritarios descartaron a dos prominentes abogados propuestos por el Pinu: el abogado Jesús Martínez Suazo, exdecano de la Facultad de Derecho, miembro de la Comisión que investigó al fiscal Henry Salgado, exjuez de lo penal y asesor del Congreso en la elaboración de la Ley del Ministerio Público, y al jurista Joaquín Donato, destacado abogado, exmagistrado de la Corte Suprema y un hombre con prestigio profesional.
La lista tampoco incluyó a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, quien se mencionaba fuertemente, peroaúltima hora fue retirada de la nómina por la APJ.
El diputado Mario Pérez, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que se procuró que en la lista figurarán profesionales que en el pasado hubiesen tenido alguna experiencia dentro del Ministerio Público para que en los próximos 60 días puedan realizar las múltiples tareas que les ha encomendado el Poder Legislativo.
“Hemos verificado y analizado con objetividad los antecedentes, la hoja de vida y las propuestas que teníamos como Comisión y después de esa jornada de discusión hemos depurado una lista de 18 personas que creemos que reúnen las condiciones y los requisitos para realizar esta tarea a lo interno del Ministerio Público”, dijo.
Los electos tienen como objetivo enrumbar este órgano del Estado para que en forma coordinada con los demás operadores justicia combata frontalmente la delincuencia en el país y brinde los resultados que el pueblo hondureño espera, aseveró.
El presidente de la junta directiva, Juan Orlando Hernández, hizo un receso de media hora, mientras los jefes de bancada se retiraron al despacho de la Presidencia para analizar cada una de las hojas de vida de los candidatos y escoger a los cuatro miembros.
Antes de eso, Hernández reveló que tenía conocimiento de que dentro del Ministerio Público se preparaban acciones legales contra los diputados que aprobaron el decreto de la intervención, pero pidió no preocuparse porque se trata de una lucha justa.
“Ojalá no sea cierto, espero estar equivocado, pero eso indica que hay que actuar siempre con prudencia, pero de manera pronta”, dijo.
Tras el receso, el diputado Sergio Castellanos, del partido Unificación Democrática, presentó la nómina de los cuatro candidatos, tres propietarios y un suplente, que inmediatamente fue sometida a discusión y aprobación.
La propuesta fue aprobada con 102 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones de los 121 diputados presentes en la sesión.
Al filo de las 9:30 pm los diputados hicieron un nuevo receso para esperar a los profesionales electos y proceder a su juramentación, acto que se realizó después de las 10:00 pm.
Rectora aplaude la elección
La rectora de la Unah, Julieta Castellanos, presente en la sesión, expresó su satisfacción por la escogencia de los cuatro interventores y destacó que dentro del grupo hay dos mujeres honradas que gozan de su confianza: Miriam Guzmán y María Antonia Navarro.
“Conozco a dos de los cuatro miembros de la Comisión: la abogada Navarro es una profesional magnífica y competente, honrada y trabajadora, es directora del Curla y la abogada Guzmán, que salió de la universidad para el IAIP. La Universidad realmente sale al estrado a hacer las cosas como hay que hacerlas”, dijo.
Dijo que no conoce la trayectoria de los otros dos miembros de la Comisión, pero confió que serán una garantía del trabajo que se hará en el Ministerio Público.
“Ellas, prosiguió, van a trabajar de manera íntegra y transparente en las funciones que están en el decreto que se ha publicado. Va a tomar otro rumbo. La elección de esta comisión con los candidatos que se han electo para mí son realmente extraordinarios”.
Aseveró que en los próximos 60 días los cuatro comisionados sentarán las bases para el adecentamiento del
Ministerio Público. “Sin duda ellos harán muchísimo, no lo dudo, y van a hacerlo bien”.
L2.5 millones adicionales
La Comisión Interventora dispondrá de 2.5 millones de lempiras adicionales al presupuesto de la Fiscalía.
El artículo 8 decreto 59-2013 autoriza a la Secretaría de Finanzas la asignación de la referida partida presupuestaria para que la Comisión cumpla con sus funciones durante el tiempo que dure su misión. En caso de requerirse más recursos, queda autorizada la Secretaría de Finanzas a realizar las estimaciones y transferencias correspondientes.
Lo establecido es sin perjuicio de la administración del presupuesto que le corresponde al Ministerio Público, aprobado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2013, de acuerdo con las funciones asignadas a dicha Comisión en el decreto.
Lo anterior indica que la Comisión Interventora no tendrá las excusas que esgrimió el fiscal Luis Rubí para cumplir su labor de combate al delito, la corrupción y el crimen organizado.
Asociación de Fiscales rechaza decreto de intervención
Por vulnerar derechos laborales, la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) rechazó ayer el decreto 59-2013 que crea una comisión para intervenir el Ministerio Público (MP).
La AFH manifestó su preocupación por los alcances del artículo 4 del decreto, numerales 4 y 7. El numeral 4 establece que la comisión podrá “ejecutar un reordenamiento de las direcciones, fiscalías especiales, fiscalías regionales, departamentales y cualquier otra dependencia, en relación a sus estructuras y recursos humanos, para lograr efectividad en el desempeño de sus funciones”. El 7 los faculta a “contratar, nombrar, sustituir, rotar y cancelar personal de la institución, como resultado de las evaluaciones y de los requerimientos”.
“La AFH rechaza que la Comisión nombrada por el Congreso Nacional aplique los numerales 4 y 7 de las funciones y atribuciones del Decreto ya que vulneran la estabilidad laboral de los servidores fiscales”.
Los fiscales enfatizan que el MP cuenta con rango constitucional, conformada por Fiscalías Especiales y Direcciones Generales integradas por profesionales comprometidos con la persecución penal, que merecen respeto.
“Ante tal actuación del Congreso que atenta contra la institucionalidad, los derechos laborales elementales de los agentes fiscales a nivel nacional, les solicitamos a los miembros de la comisión se reúnan con la AFH; caso contrario se tendrán que iniciar acciones legales nacionales o internacionales necesarias”, advierten. No descartan medidas de presión como paros de labores y tomas de sedes.
Los fiscales aclaran que no se oponen a que sean objeto de supervisión o revisión, siempre y cuando se utilicen las herramientas legales.
Lista de nominados propuestos por la comisión de seguridad del Congreso
1. Aída Romero Zacapa: exfiscal especial del Ministerio Público, Secretaria de CRFP
2. Miriam Guzmán: comisionada del IAIP, abogada
3. Jesús Alonso Cerrato Fúnez: abogado y notario, penalista
4. María Antonia Navarro: exdecana de Derecho, directora del Curla
5. Lizandro Sánchez: abogado, posgrado en Derecho Civil en Costa Rica, funcionario del IP
6. Ángela Madrid: coordinadora de la PGR en la zona norte
7. Vilma Cecilia Morale: exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia
8. Joaquín A. Mejía R: abogado, doctor en Derechos Humanos
9. Víctor Fernández: abogado, exfiscal del Ministerio Público
10. Walter Menjívar: abogado, exfiscal del Ministerio Público
11. Caronte Rojas Zavala: abogado
12. Lino Tomás Mendoza: abogado
13. Elmer Edy Fugón Martínez: abogado
14. Omar Menjívar: fiscal de carrera, fiscal de apelaciones
15. Donato Alcerro: abogado y notario, exmagistrado de la CSJ
16. Jesús Martínez Suazo: exdecano, exjuez, miembro redactor de la Ley del Ministerio Público
17. Denis Castro: abogado, exdirector de Medicina Forense
18. Sandra Ponce. abogada, exfiscal de Derechos Humanos
Funciones y atribuciones de la comisión interventora
Artículo 4. La Comisión Interventora tendrá los objetivos siguientes:
1. Realizar un diagnóstico integral de la institución, en base a las funciones y atribuciones que constitucional y legalmente le corresponde al Ministerio Público;
2. Desarrollar e implementar una pronta y efectiva evaluación y depuración de todas las estructuras del Ministerio Público, a través de la aplicación de pruebas de confianza de manera integral, a efecto de volverlo confiable.
3. Definir y ejecutar un esquema legal de selección de personal calificado, que permita el ingreso y ascensos de personal con la capacidad e idoneidad para el cargo.
4. Ejecutar un reordenamiento de las direcciones, fiscalías especiales, fiscalías regionales, fiscalías departamentales y cualquier otra dependencia, en relación a sus estructuras y recursos humanos, para lograr efectividad en el desempeño de sus funciones;
5. Definir las políticas a corto, mediano y largo plazo de la Institución y establecer planes operativos de trabajo, rendimiento y resultados.
6. Investigar de oficio o por denuncia todo acto realizado por cualquier miembro de la institución y proceder de conformidad.
7. Contratar, nombrar, sustituir, rotar y cancelar personal de la institución, como resultado de las evaluaciones y de los requerimientos.
8. Cualquier otra acción que esté orientada al cumplimiento de los objetivos y metas de la institución.
Liberales condenan atropello
El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal considera que “las figuras y actuaciones independientes del Fiscal General y Adjunto son fundamentales para preservar los valores de la justicia, el orden institucional del Estado y la vigencia de la democracia”.
“El irrespeto a este principio conduce al autoritarismo propio de Gobiernos dictadores de izquierda o de derecha”, dice. “Reconocemos las debilidades en el funcionamiento del Ministerio Público, tal como lo señalan los estudios elaborados por expertos internacionales especializados en materia penal. De tal forma que los mecanismos que se han propuesto para sustituir, suspender o marginar al Fiscal General y Fiscal General Adjunto, por medio de una comisión interventora, no están previstos en la Constitución, en la Ley del Ministerio Público ni en otras leyes”.
El Partido Liberal expone que “de ejecutarse la acción que se denuncia, promovida por el presidente del Congreso, presidente de la República y algunos sectores de la sociedad civil, se estaría cometiendo un acto de absoluta ilegalidad que acarrearía consecuencias y responsabilidades, en las personas que la promueven”.
