Un dictamen a favor de las reformas a la Ley del Servicio Exterior emitió la comisión especial nombrada al efecto.
La intención de este proyecto presentado por el diputado Leonel Giannini es regular el funcionamiento de los consulados en Estados Unidos, donde miles de hondureños han sido objeto de cobros abusivos por parte de los funcionarios acreditados.
Giannini explicó que por medio de estas reformas se creará una comisión interinstitucional compuesta por representantes de la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio y la de Turismo (uno de cada entidad gubernamental).
Esta comisión se encargará de evaluar anualmente el trabajo realizado por las embajadas y consulados; además busca que las personas acreditadas en las oficinas de servicio exterior den cuenta a las autoridades de todas las gestiones que efectúan.
Se imponen funciones
El diputado Giannini expuso que el dictamen contiene nuevos artículos en los que se imponen funciones específicas a los agentes consulares para que promuevan la inversión y el turismo en los países adonde son acreditados.
La evaluación que la comisión interinstitucional haga en los respectivos consulados será de manejo público en apego a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, de manera que todo acto irregular que sea cometido por los funcionarios diplomáticos será divulgado en los portales de Internet. También será publicada la información relacionada con los gastos de cada embajada y consulado, cuánto gana el embajador y cuál es su nivel de productividad. “Si esa persona sale mal evaluada, el Gobierno no va estar en la disposición de mantenerla en el cargo”, indicó.
El diputado Mario Barahona estimó oportuna la conclusión de estas reformas, sobre todo para resguardar la condición socioeconómica de los hondureños en Estados Unidos.
Cancillería a favor
Según datos en poder del vicecanciller Alden Rivera, la Cancillería recibe en promedio cien denuncias diarias en contra de los consulados. Unas están relacionadas con maltratos, incumplimiento de horarios de trabajo y altos cobros por la emisión de documentos.
El vicecanciller dejó entrever la necesidad de revisar las tarifas consulares, vigentes desde 1991, con el fin de cubrir las necesidades de la oficina diplomática.
