Tegucigalpa, Honduras.
Una comisión conformada por un abogado, un sicólogo y un trabajador social serán nombrada en los próximos días para estudiar cada expediente de los privados de libertad que integran la comunidad penitenciaria en Honduras.
A la fecha son 16,567 presos entre hombres y mujeres, de los cuales la mayoría están procesados. Sin embargo, el presidente Juan Orlando Hernández a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP) dio la orden para que se conozca la situación de cada reo.
“Ordenó fortalecer el INP para que se conformen los consejos interdisciplinarios para estudiar los expedientes de los privados de libertad. El objetivo es saber quiénes están sentenciados, quiénes no, qué delitos cometieron y si ya llevan más de dos o tres años de estar procesados, no se justifica que esté privado y serán prioridad.
O se le sentencia o se les deja en libertad”, explicó el comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Orle Solís, quien acaba ser ratificado en su cargo.
El indulto
El comisionado también dijo que la Ley de Indulto, que solo lo puede otorgar el presidente de la república, será analizada, ya que solo en el Gobierno anterior se le dio uso y se beneficiaron apenas unos 70 reclusos.
“Muy pocos salieron bajo esa modalidad. Ahorita no se ha aplicado y creo que puede ser muy beneficiosa. También hay un proyecto de reforma en el Congreso Nacional sobre las excarcelación por enfermedades terminales”, indicó Solís.
Agregó que existe un proyecto de ley pendiente en el Legislativo sobre la excarcelación por cuestiones humanitarias que no se le ha dado tratamiento.
Para el diputado Rasel Tomé, miembro de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos del Congreso, el Gobierno se ha visto en la necesidad de crear más cárceles debido a la sobrepoblación porque no se ha trazado una política de derecho penal coherente.
“Hay cerca de 17,000 privados de libertad y hay que sumarle la inequidad del sistema.
Los organismos internacionales están señalando esto, lo que aumenta la criminalidad y violencia. Por eso es que se necesitan cárceles con un mejor control”, expresó el parlamentario.
En los próximos días, el Ejecutivo estará anunciando las nuevas medidas a tomar en el marco de la reestructuración que le están haciendo al sistema penitenciario en Honduras.
Una comisión conformada por un abogado, un sicólogo y un trabajador social serán nombrada en los próximos días para estudiar cada expediente de los privados de libertad que integran la comunidad penitenciaria en Honduras.
A la fecha son 16,567 presos entre hombres y mujeres, de los cuales la mayoría están procesados. Sin embargo, el presidente Juan Orlando Hernández a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP) dio la orden para que se conozca la situación de cada reo.
“Ordenó fortalecer el INP para que se conformen los consejos interdisciplinarios para estudiar los expedientes de los privados de libertad. El objetivo es saber quiénes están sentenciados, quiénes no, qué delitos cometieron y si ya llevan más de dos o tres años de estar procesados, no se justifica que esté privado y serán prioridad.
O se le sentencia o se les deja en libertad”, explicó el comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Orle Solís, quien acaba ser ratificado en su cargo.
| Indulto
Equivalente a perdón, es una potestad legal que solo puede otorgar el presidente de la república a un privado o privada de libertad con base en una investigación.
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El comisionado también dijo que la Ley de Indulto, que solo lo puede otorgar el presidente de la república, será analizada, ya que solo en el Gobierno anterior se le dio uso y se beneficiaron apenas unos 70 reclusos.
“Muy pocos salieron bajo esa modalidad. Ahorita no se ha aplicado y creo que puede ser muy beneficiosa. También hay un proyecto de reforma en el Congreso Nacional sobre las excarcelación por enfermedades terminales”, indicó Solís.
Agregó que existe un proyecto de ley pendiente en el Legislativo sobre la excarcelación por cuestiones humanitarias que no se le ha dado tratamiento.
Para el diputado Rasel Tomé, miembro de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos del Congreso, el Gobierno se ha visto en la necesidad de crear más cárceles debido a la sobrepoblación porque no se ha trazado una política de derecho penal coherente.
“Hay cerca de 17,000 privados de libertad y hay que sumarle la inequidad del sistema.
Los organismos internacionales están señalando esto, lo que aumenta la criminalidad y violencia. Por eso es que se necesitan cárceles con un mejor control”, expresó el parlamentario.
En los próximos días, el Ejecutivo estará anunciando las nuevas medidas a tomar en el marco de la reestructuración que le están haciendo al sistema penitenciario en Honduras.
| La Tolva no es de máxima seguridad
La habilitación de las nuevas y modernas penitenciarías avanza a pasos agigantados en Honduras. LA PRENSA conoció que en aproximadamente un mes estará lista para usarse la penitenciaría en La Tolva, ubicada en el municipio de Morocelí en El Paraíso con una capacidad para 1,344 reos. A diferencia de la prisión recién habilitada en Ilama, Santa Bárbara, esta cárcel no es de máxima seguridad y en ella se albergará a privados que padecen de alguna discapacidad y no tan peligrosos. Este complejo penitenciario también es considerado como uno de los más modernos en la región centroamericana. Consta de varios edificios, canchas deportivas, capilla, talleres de carpintería, mecánica, soldadura, sastrería, costura y artes plásticas. El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes ha detectado que las peores condiciones de hacinamiento y congestionamiento se están dando en los centros penales de La Esperanza, Intibucá; Trujillo, Colón y en San Pedro Sula, Cortés. El Gobierno también construye otro centro penal en la comunidad de La Acequia, en Naco, Cortés. Hace unos meses habilitó otro en El Porvenir, Francisco Morazán.  |
