El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra un togado del Juzgado de Ejecución y un Juez de Letras de lo Penal por impartir lo que llamaron “justicia selectiva” mediante la aplicación de amnistías que favorecieron a exfuncionarios implicados en casos de corrupción.
Según el CNA, estos jueces usaron amnistías para eximir de responsabilidad a personas acusadas de delitos graves relacionados con la administración pública.
Gabriela Castellanos, directora del CNA, denunció que estos jueces, en lugar de actuar con imparcialidad, tomaron decisiones favorecedoras hacia acusados vinculados con el expresidente Manuel Zelaya (2006-2010).
Uno de los imputados se justificó alegando que era perseguido políticamente por su cercanía con Zelaya, mientras que otro acusó a la justicia de tener motivaciones políticas en su contra.
Castellanos destacó que estos acusados no se refirieron a los delitos específicos por los que fueron investigados, lo que evidencia, según ella, un patrón de impunidad basado en arreglos políticos.
La denuncia del CNA se enmarca en un contexto más amplio, en el que varios jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han aplicado el Decreto de Amnistía para beneficiar a funcionarios que argumentan que sus casos son persecuciones políticas tras el golpe de Estado.
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— CNA Honduras (@cnahonduras) September 17, 2024
Este decreto fue aprobado el 6 de febrero de 2022 por el Congreso Nacional, impulsado por el diputado Rassel Tomé, y se diseñó para absolver a acusados de delitos políticos, corrupción y enriquecimiento ilícito cometidos durante el gobierno de Zelaya.
El CNA advirtió que la amnistía ha sentado un peligroso precedente al incluir delitos graves como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, y hasta delitos como terrorismo y posesión ilegal de armas.
Castellanos alertó sobre el riesgo de que esta práctica se extienda, permitiendo que otros funcionarios corruptos busquen ampararse en esta medida para eludir la justicia y perpetuar la impunidad.