Tegucigalpa.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras denunció ayer en un informe una serie de irregularidades en el contrato de concesión del aeropuerto civil Palmerola, que es construido en el departamento de Comayagua, centro del país, y en parte es financiado por España.
El informe llamado 'Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola' explica cómo el Parlamento hondureño, 'con el visto bueno' del Ejecutivo, aprobó varios decretos para legitimar un contrato de concesión que representa 'un riesgo para las finanzas del Estado'.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras denunció ayer en un informe una serie de irregularidades en el contrato de concesión del aeropuerto civil Palmerola, que es construido en el departamento de Comayagua, centro del país, y en parte es financiado por España.
El informe llamado 'Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola' explica cómo el Parlamento hondureño, 'con el visto bueno' del Ejecutivo, aprobó varios decretos para legitimar un contrato de concesión que representa 'un riesgo para las finanzas del Estado'.
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'Es evidente que del estudio a la concesión, las adendas y pactos que fueron celebrados previo a la publicación del contrato en mención, se gestaron condiciones que son ampliamente favorables para los inversionistas, ya que el Estado de Honduras asume la mayor cantidad del costo del proyecto', señala el entre anticorrupción.
Además, el canon no representa 'un ingreso suficiente o favorable para el Estado, lo que evidencia negligencia convencional, al tenor de la cláusula 10.6, que establece que el concedente se hace responsable del mantenimiento, rehabilitación y mejora de las obras viales de acceso al aeropuerto de Palmerola'.
VEA: Informe completo del CNA en PDF
Este hecho, según el CNA, que aseguró no se opone a la construcción del aeropuerto civil, que cuenta con el apoyo de España, acarrea 'la imposición de mayores gastos versus los ingresos bajos y condicionados a eventos inciertos, bajo un mecanismo acomodado en favor únicamente del concesionario'.
'Mala negociación'
Destacó que el Estado de Honduras 'no percibirá grandes sumas de recursos económicos debido a la mala negociación realizada en este contrato de concesión' y a que se le otorgó al concesionario una exoneración de impuestos a través de un decreto legislativo aprobado el 16 de abril de 2016.
El aeropuerto de Palmerola funcionará en el mismo sitio donde opera una base de la Fuerza Aérea Hondureña construida por EE.UU. a inicios del decenio de los 80 del siglo pasado.
La obra, que es construida mediante una alianza público privada, con una concesión de 30 años, tiene un coste de unos 163 millones de dólares, de los que España aportó 53 millones como parte de un programa de reconversión de deuda con Honduras. Otros 87 millones son del inversionista, mientras que 23 millones serán aportados por el Gobierno de Honduras.
'Al no superarse la surrealista cantidad mínima de pasajeros internacionales de manera anual, el Estado de Honduras no percibirá ingresos en concepto de canon alguno dentro de dicho período. Esta cláusula se sujeta directamente a la capacidad y a los logros que pueda producir el concesionario, pero con riesgo de pérdida únicamente para el concedente', enfatiza el informe de la oficina anticorrupción.
Atentado contra seguridad jurídica
Al organismo le preocupa que se esté atentando contra la seguridad jurídica de Honduras como consecuencia de no llevarse a cabo un proceso de licitación tal como lo manda el artículo 11 del reglamento de la Ley de Promoción de las Alianzas Público-Privadas.La operación temporal del nuevo aeropuerto se otorgó de manera directa 'bajo sospecha de que aún se desconoce si (el concesionario) PIA presentó la documentación que acredite la capacidad técnica, jurídica y financiera que cumpla con la normativa vigente para dicho otorgamiento, con los seis meses de antelación, como lo solicita la cláusula 8.38 del contrato, tal como se adecuó en la tercera adenda', añadió.
Además, se observan prácticas ciertamente 'colusorias desde la óptica que permiten apreciar disposiciones aprobadas con la suficiente antelación para proveer al concesionario los respectivos escenarios de ventaja', según el estudio.
Según expertos entrevistados por el ente anticorrupción, el Estado de Honduras está invirtiendo 125 millones de dólares frente a los 87 millones de los inversionistas, que se 'quedarán con el 69,4 % de las ganancias obtenidas, y ahora se encuentra en posible negociación un monto que asciende a 51 millones proyectados por la concesionaria'.
