Debido a que después de las elecciones del 29 de noviembre la atención se centrará en el Congreso Nacional, el 2 de diciembre, para que este poder del Estado decida si se restituye o no en la Presidencia de la República a Manuel Zelaya, se preparan acreditaciones para la prensa local e internacional que cubrirán esa trascendental sesión.
Especial: Crisis Política
El Congreso dará a conocer en los próximos días el proceso de acreditación de los medios de comunicación nacionales y extranjeros para que la ciudadanía nacional y la comunidad internacional sean testigos de la transparencia en el proceso de toma de decisiones del Congreso Nacional.
De acuerdo con diputados como el vicepresidente del Congreso Nacional, Ramón Velásquez Názar, la destitución de Zelaya fue completamente apegada a ley y esa ley no ha cambiado, por lo cual sostiene que se ratificará lo actuado el 28 de junio; sin embargo, eso dependerá del pleno legislativo.
La directiva y los jefes de bancada del Congreso Nacional ratificaron ayer que no habrá dilaciones ni evasivas al debatir el caso del ex presidente Manuel Zelaya en la sesión del miércoles 2 de diciembre.
Velásquez Názar justificó que la fecha escogida para discutir la restitución se debe a que la próxima semana ocurre el silencio electoral cinco días antes de las elecciones generales, ya que el tema es político no es conveniente esa semana, sino hasta después de las elecciones.
En un comunicado, el Congreso Nacional expresa que la próxima semana acreditará a los medios de comunicación nacionales e internacionales que darán cobertura a esa sesión histórica, que se hará con “absoluta transparencia”.
Establece que las opiniones remitidas ya están en manos de los analistas del CN y sólo falta la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
Según el Acuerdo Tegucigalpa-San José, el Congreso Nacional no está obligado a establecer la dinámica resolutiva de otras instituciones, lo cual es congruente con el principio de respeto a la independencia de actuación de los poderes del Estado que establece la Constitución de la República.
Reitera y ratifica que procederá sin dilaciones ni evasivas a determinar lo que conforme a ley le corresponde a este poder del Estado en relación con el numeral 5 del Acuerdo Tegucigalpa-San José, una vez que ingresen y se hayan conocido y analizado las opiniones institucionales.
