Autoridades de la DEI clausuraron por cinco días las operaciones de varias empresas que funcionan en la capital por no cumplir el pago del 1% del impuesto sobre la renta, ISR.
Los cierres estuvieron dirigidos por Javier Hernández, director adjunto de Rentas Internas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y por la secretaria general de esa institución, Heydi Luna.
La noticia de la aplicación del polémico decreto 108-2011, publicado en La Gaceta 32,551 del 25 de junio pasado, causó malestar en la dirigencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, que ratificó que el 18 de julio próximo presentará el recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.
El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, anunció que pondrán una demanda contra el titular de la DEI, José Oswaldo Guillén, y entablarán otras acciones legales y administrativas contra la aplicación del mencionado decreto.
Para hacer efectivo ese cobro, el Congreso Nacional aprobó la reforma del artículo 22 de la Ley del ISR, que da lugar al cobro del 1% sobre los ingresos brutos del período impositivo. William Chong Wong, secretario de Finanzas, y José Oswaldo Guillén, ministro director de Ingresos, han manifestado que ese cobro sólo se aplica a contribuyentes naturales y jurídicos que han declarado pérdidas en los últimos ejercicios fiscales.
Una de las primeras empresas a las que se le aplicó el decreto 108-2011 fue una dedicada a la producción y distribución de boquitas que tiene como domicilio la colonia El Carrizal, Comayagüela. A ese lugar llegaron las autoridades de la DEI, acompañadas por un equipo de auditores. El primer paso fue entregar la resolución de cierre del negocio, dada por la secretaria general de la Dirección Ejecutiva de Ingresos al representante de Bocadeli y seguidamente se colocó una cinta amarilla con la leyenda: “DEI: yo infringí la ley”. El director adjunto de Rentas Internas de la DEI dijo que la mencionada empresa no cumplió el pago a cuenta del 1% del ISR que tenía que haber hecho a más tardar el 30 de junio. Agregó que el pago era de 122,000 lempiras.
El funcionario dijo que la explicación de los ejecutivos de esa empresa fue que esperan el recurso legal que presentará el Cohep ante la CSJ, pero en la DEI no pueden aguardar que el caso se resuelva en las instancias competentes.
