Tegucigalpa, Honduras
Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), continuaron ayer con la incautación de varias propiedades en la capital, en el centro y norte del país por el caso Pandora.
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bienes inmuebles fueron asegurados por la Fiscalía.
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En seguimiento al proceso de embargo, los agentes incautaron una finca con criaderos de tilapia, en Potrerillos, Cortés, del exministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado. En esta propiedad hay seis piletas que son utilizadas para la crianza de tilapia, y en las cuales se realizó una reciente inversión de unos 7 millones de lempiras. Regalado se encuentra con prisión preventiva en el Primer Batallón de Infantería y es una de las 38 personas que fueron acusados por el latrocinio en la SAG.
Las autoridades también incautaron dos oficinas en Torre Metrópoli y al menos tres viviendas en la colonia Roble Oeste en Tegucigalpa.
Asimismo, tomaron posesión de dos inmuebles en aldea Piedras Azules y la urbanización El Manantial, en Comayagua, propiedad del diputado Miguel Edgardo Martínez.
| También se tomó posesión del emblemático edificio Las Cumbres del Partido Liberal.
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Los elementos de la Atic y de la Ufecic, además, incautaron al Partido Liberal el edificio Las Cumbres, en el centro de la capital y otro inmueble que servía como sede alterna en la colonia Kennedy.
Dentro de este último inmueble se encontró equipo de ejercicios y se supone que funcionaba como gimnasio.
El Partido Nacional tiene un segundo bien asegurado que falta por incautar en San Buena Ventura, en la capital.
El Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó el aseguramiento de 46 bienes inmuebles, nueve empresas mercantiles, seis vehículos, cuatro cuentas bancarias y dos certificados de depósito.
El titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), José Luis Andino, confirmó que el órgano jurisdiccional ordenó el aseguramiento de 78 bienes y el congelamiento de más de 10 millones de lempiras en el sistema bancario a los imputados. También confirmó que existe orden de congelamiento de dos certificados bancarios a plazo fijo por un monto de 4 millones de lempiras, así como 31,253 dólares y otros 4.4 millones de lempiras en cuentas.
En los dos días de operación, las autoridades han tomado posesión de al menos 11 millones de lempiras solo de los diputados Rodolfo Irías Navas y Alden Vásquez y también del esposo de la diputada Gladys Aurora López.
| Existen algunos imputados por el desvío de dinero de la SAG, a quienes no se les aseguraron ni incautaron bienes.
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Desalojo o arrendamiento
Se confirmó que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y el Comité Central del Partido Nacional (CCPN) deberán ser desalojados en un plazo mayor de 30 días, luego de que esos inmuebles fueran asegurados y luego incautados.
Estas propiedades son parte de los bienes que fueron embargados por orden judicial para que el MP recupere L282 millones de la SAG.
El Reglamento de la Oabi establece que el habitante de una propiedad incautada tendrá entre 15 a 30 días para desocuparla. “Ahorita solo hemos tomado posesión de las sedes”, explicó Andino. No obstante, existe la posibilidad de que las autoridades de esos institutos políticos arrienden los inmuebles.
“Ahorita tienen 15 días para pedir el arrendamiento para ver si es viable o no es viable, hay que hacer el análisis jurídico”, explicó Andino.
Un grupo de activistas del Partido Nacional llegaron ayer frente al CCPN para protestar. “No nos vamos a dejar, el hecho de que estemos en paz, que no busquemos pleito no quiere decir que no tengamos “güevos”, dijeron.
Los nacionalistas reclamaron que mientras su sede fue cerrada, la del Partido Liberal permanecía abierta y sus simpatizantes podían entrar.
El aseguramiento solo contempla el bloqueo para celebrar actos y contratos sobre los capitales. No obstante, el Ministerio Público tiene la facultad de incautarlos -tomar posesión de ellos- y ponerlos a disposición de la Oabi.
El Ministerio Público debe convalidar la incautación, es decir, pedir a la judicatura de privación de dominio que le apruebe esa medida 72 horas después de haber tomado control de la propiedad. El ente acusador solicitó el aseguramiento de esos capitales porque considera que algunos fueron comprados con los recursos desviados de la SAG o hubo mezcla de fondos con dinero lícito.
Según las investigaciones, Regalado firmó convenios con las fundaciones Todos Somos Honduras y Di Batistta por L282 millones entre 2011 y 2013, que presuntamente fueron desviados para otros fines.
| El Ministerio Público tiene hasta dos años después de haber incautado un bien para presentar un juicio de privación de dominio, de lo contrario, la propiedad debe ser devuelta.
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Para saber
La orden del Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito es solo de aseguramiento, pero el MP tiene la facultad de incautar.
El Ministerio Público debe convalidar o pedir al juez que autorice la incautación de los bienes que fueron asegurados dentro de las 72 horas después de que haya tomado posesión.
El aseguramiento o incautación se puede realizar contra bienes que fueron comprados con dinero ilícito o para recuperar un dinero que puede ser rastreado.
El Ministerio Público tiene hasta dos años después de haber incautado un bien para presentar un juicio de privación de dominio, de lo contrario, la propiedad debe ser devuelta.
PL crea comisión de juristas para recuperar su sede
El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, anunció que creará una comisión de juristas para que recupere las sedes de ese instituto que han sido incautadas.
Serán parte de la comisión Edmundo Orellana y Maribel Espinoza.
“Las instituciones no delinquen, delinquen las personas y son estas las que deben de responder”, dijo Zelaya en conferencia de prensa en el CCEPL junto con varios dirigentes.
Zelaya indicó que la Constitución establece que los institutos de derecho público no pueden sufrir un embargo o incautación.
| En Comayagua, Cortés y Francisco Morazán se realizó la incautación de bienes de varias personas involucradas en el caso caja de Pandora.
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