Tegucigalpa, Honduras.
Un juez de Letras en Materia de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, capital de Honduras, dictó este miércoles auto de formal procesamiento contra los ocho implicados en el caso 'Corrupción sobre ruedas', revelado el mes anterior por la la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Tal determinación fue anunciada por el vocero del Ministerio Público, Carlos Silva.
El pasado 24 de septiembre, la Maccih dio a conocer la forma en la que exfuncionarios públicos drenaron más de 11 millones de lempiras del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Cuatro empleados de Banadesa, con la ayuda de dos cómplices necesarias, crearon una empresa fachada y en menos de un año desviaron el dinero.
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Las personas que inician el proceso judicial formal son Juan Maradiaga Franco, Elmer Ordóñez Espinal, Gonzalo Molina Solórzano, Carlos Romero Puerto, David Ortíz Hawit, Harvis Herrera Carballo, Claudia Noriega Gonzales y Karen Vanessa Álvarado.
La mayoría de ellos enfrentan cargos por abuso de autoridades, uso de documentos públicos falsos, fraude, usurpación de funciones y violación a los deberes de los funcionarios.
Silva explicó que se les aplicó medidas cautelares, por lo que se podrán defender enlibertad con la prohibición de salir del país, acudir a determinadas reuniones, comunicarse con cierto tipo de personas y acudir obligatoria mente al llamado que haga el ente acusador.
En el caso de Claudia Noriega Gonzales deberá acudir a un Juzgado de Letras en San Pedro Sula, detalló.
Drenaje de fondos
El Bono 10 mil fue un proyecto de ayuda social y los fondos salían de Banadesa. El dinero era entregado por empleados del banco que se desplazaban a los lugares donde vivían los beneficiados.En una ocasión, un empleado que se dirigía a realizar la entrega del Bono 10 Mil fue asesinado. El hecho sirvió para justificar la contratación de carros blindados, para las posteriores entregas.
Según Ana María Calderón, vocera interina de la Maccih, con esa justificación funcionarios públicos crearon la empresa fachada de Servicios e Inversiones (AID), la cual ofrecería los carros de seguridad.
Los señalados son Juan Ramón Maradiaga (gerente administrativo de Banadesa), David Eduardo Ortiz Handall (gerente financiero de Banadesa), Jeovany Espinal y Carlos Josué Romero Puerto (coordinador proyecto de Banadesa Bono 10 mil).
También tuvieron la supuesta colaboración de dos 'cómplices necesarias', identificadas como Carol Vanessa Alvarado y Claudia Yamila Noriega González.
La forma en la que se drenaron los más de 11 millones de lempiras consistió en la firma de contratos simulados para el arrendamiento de vehículos blindados, en los cuales personeros de Banadesa supuestamente se iban a trasladar para la entrega del Bono 10 mil.
Sin embargo, según las investigaciones la Ufecic, el dinero se utilizó en campaña política, pago de publicidad y hasta para el pago de tarjeta de crédito de uno de los señalados.
En total se gastaron L11,401,151, retirados en 104 débitos, desde el 4 de julio de 2013 al 19 de mayo de 2014.
